| Arrojará
la Convención Nacional Hacendaria pobres resultados, augura experto
LA META DE concluir un diagnóstico de la situación
actual de las haciendas públicas federal, estatales y municipales
que siente las bases de una política de Estado con una visión
integral y de largo plazo en asuntos de ingreso, gasto y deuda pública,
como plantea la Convención Nacional Hacendaria inaugurada este
mes, podría quedar en sólo buenos deseos, alertó
el maestro Fernando Chávez Gutiérrez.
El investigador del Departamento de Economía de la UAM recomienda
guardar un optimismo mesurado frente a los resultados que pueda arrojar
la cuarta edición de la importante cita, en particular sobre
el objetivo de definir las responsabilidades de gasto que corresponda
a cada orden de gobierno, de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos.
Una política hacendaría de Estado trasciende los límites
del tema tributario e incide en todos los ámbitos de la política
de desarrollo. Por lo tanto, debe responder a los propósitos
superiores del desarrollo nacional y no sólo a objetivos parciales
y temporales de política económica o financiera.
La Constitución mexicana, en los artículos 25 y 26, establece
los principios de la política de desarrollo nacional y del sistema
de planeación, que definen el marco general de la política
económica y, por consiguiente, de la hacendaria.
“No hay que esperar mucho de esta convención”, pues
lo máximo que podrá proponer es un proyecto de ley de
coordinación fiscal ante la cual nadie estará obligado
y, por lo tanto, quedará apenas como una iniciativa susceptible
de ser retomada por el Congreso o el Ejecutivo, “pero hasta ahí”,
advirtió el especialista.
Síntoma de salud
Sin embargo, dijo, resulta saludable para México que los representantes
de los tres niveles de gobierno discutan los asuntos centrales de la
recaudación fiscal con la pretensión de fijar las bases
de un nuevo pacto fiscal federal.
El especialista en Macroeconomía, en las áreas fiscal
y monetaria, destacó que la Convención representa una
importante oportunidad para comenzar a discutir el federalismo fiscal
en el país y recordó que la tercera reunión del
tipo tuvo lugar en 1947.
Desde el día cinco de febrero y hasta el 31 de julio de este
año, gobernadores, presidentes municipales y el propio Ejecutivo
federal debatirán en torno a cuál puede ser el proceso
para la recaudación y el gasto, con la esperanza de alcanzar
consensos para construir un nuevo modelo hacendario. Pero la búsqueda
de soluciones a males que han aquejado al país durante décadas
no estará libre de disputas y tropiezos.
El académico de la Unidad Azcapotzalco destacó que la
Convención tiene como rasgo destacado haber sido convocada por
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que demanda el establecimiento
de nuevas reglas del juego en materia fiscal, a diferencia de las celebradas
en 1925, 1933 y 1947, organizadas por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) y en las que la opinión
del Presidente era decisiva.
El gobierno al banquillo
Las nuevas circunstancias políticas y económicas del país
permitieron a los gobernadores no llegar a Juriquilla, Querétaro,
sede del encuentro, a pedir favores o solicitar concesiones, sino a
exigir un nuevo pacto fiscal federal. En ese sentido, el gobierno representado
por la SHCP, participa “pero desde el banquillo de los acusados”.
Para la Conago, dicha dependencia oficial incumple los acuerdos con
estados y municipios, carente de transparencia en sus acciones y el
federalismo a que está obligada es más bien “un
centralismo de hierro”.
Ahora el Ejecutivo tiene un peso menor en relación con las decisiones
sobre cómo repartir los fondos federales entre estados y municipios.
En esta Convención, agregó el maestro Chávez Gutiérrez,
las autoridades federales cumplirán su papel de defender la estructura
fiscal actual y ceder sólo en algunas cosas. “Obviamente
habrá negociación sobre participaciones, aportaciones,
rendición de cuentas o montos de lo que se puede repartir. Se
trata de una discusión interesante, pero compleja porque refleja
nuevas realidades políticas”, consideró.
¿IVA otra vez?
Calificó de error creer que la reunión de Querétaro
sería escenario del tercer “round” de la reforma
fiscal foxista, “pues lo que no se sacó en el Congreso
en 2001 y 2003” tampoco se va a conseguir en esta Convención.
Es probable que se aborde el tema del IVA a medicinas y alimentos, pero
“me parece ingenuo” pretender resolver en esta oportunidad
lo que no se logró en el Congreso.
Los afanes de descentralización fiscal por parte de los gobernadores
pueden llegar a ser leyes y reglamentos sólo en la medida en
que el Poder Legislativo asuma las resoluciones que resulten.
En caso contrario, éstas tendrán la misma suerte que los
Acuerdos de San Andrés acordados entre el gobierno federal y
el movimiento zapatista de Chiapas en 1996 y de los cuales al final
quedó un documento ajeno a lo que pedían los indígenas
del sureste mexicano.
Al margen de que los resolutivos de la Convención se conviertan
en leyes, reglamentos o nuevas disposiciones jurídicas, la relevancia
de la cita radica en que están siendo ventilados nuevos problemas
con miras a adecuar las instituciones del federalismo fiscal mexicano
al contexto político y económico vigente.
Las conclusiones de la Convención tendrán enorme influencia
en las elecciones estatales de este año, en la vida partidaria
de los gobernadores, en el Congreso, en la legislación de una
nueva Ley de Coordinación Fiscal, en la refundación del
pacto federal y en las plataformas electorales con las que contenderán
los partidos políticos por la presidencia de México, en
2006. / Teresa Cedillo Nolasco
Metodología
y temas
La Convención Nacional Hacendaria, congregó a
representantes de los tres sectores del gobierno —federal,
estatal y municipal— para impulsar una reforma fiscal
que garantice la distribución equitativa de los recursos
a los estados, que reclaman mayores potestades para recaudar
impuestos.
Las propuestas —sobre las responsabilidades de gasto y
las potestades de ingreso y deuda que corresponden a cada orden
de gobierno— que alcancen consenso serán enviadas
al Consejo Directivo, de donde surgirán las iniciativas
de reformas a la Constitución y a diversas leyes. Los
legisladores asisten a la Convención como observadores.
Los estudios en los cuales se fundamentarán las propuestas
y su presentación, se apoyarán en la información
derivada de los trabajos realizados previamente y se sujetarán
a la metodología que apruebe el Consejo Directivo sobre
la base de una fórmula que asegure el cumplimiento de
los objetivos.
Aun cuando las entidades federativas y municipios reciben más
de 50 por ciento de los recursos del presupuesto federal, no
existe claridad en las reglas para una efectiva federalización
hacendaria.
Esta situación movió a la Conago a impulsar la
consolidación de un sistema federalizado del gasto público,
mediante la revisión del fundamento constitucional de
la coordinación hacendaria, la delimitación de
las responsabilidades de servicios que deben atenderse con recursos
públicos y el fortalecimiento de las capacidades de gasto,
a partir del incremento en la eficiencia de las capacidades
tributarias locales, así como a través de una
mayor racionalidad, responsabilidad y transparencia en su ejercicio
y rendición de cuentas.
Temas de la Convención:
I. Gasto Público
Redefinición y reasignación de competencias, atribuciones
y responsabilidades entre los órdenes de gobierno.
Presupuesto.
II. Ingresos
Redistribución de potestades tributarias conforme al
nuevo federalismo.
Fortalecimiento de las finanzas públicas federal, estatales
y municipales.
Simplificación de la legislación fiscal
III. Deuda Pública
Financiamiento
Banca de Desarrollo
Sistema Pensionario
IV. Patrimonio Público
V. Modernización y Simplificación de la Administración
Hacendaria
VI. Colaboración y Coordinación Intergubernamentales
VII. Transparencia, Fiscalización y Rendición
de Cuentas
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