| Forjar
una cultura de la legalidad,
primer paso contra la inseguridad
LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS en México para afrontar el
problema de la inseguridad pública ponen el énfasis en
los aspectos técnicos con los cuales se busca modernizar a los
cuerpos policíacos y actualizar el marco jurídico, pero
soslayan un asunto sustantivo: la formación de una cultura de
la legalidad.
Carlos Garza Falla, coordinador académico de Estudios de Opinión
y Participación Social A. C. (EOPSAC) y miembro del Consejo de
Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno
del Distrito Federal, resumió así las características
principales del sistema empleado por las autoridades para abatir la
delincuencia en el país.
Sociedad de la desconfianza
Al participar en la mesa redonda “Sociedad civil, inseguridad
y cultura de la legalidad”, organizada en esta Casa de estudios,
destacó que la interacción entre autoridades, policías
y ciudadanos para combatir la inseguridad está atrofiada, corrompida
y es perversa en algunos sentidos debido a que provoca la existencia
y consolidación de una sociedad de la desconfianza, antítesis
misma de la idea de sociedad.
La asociación EOPSAC trabaja para construir un modelo denominado
comunidad segura, caracterizado por una percepción integral del
problema, es decir, que cualquier programa contra la inseguridad pública
debe incluir a autoridades, policías y ciudadanos.
El modelo comunidad también debe coadyuvar a la transformación
de estos tres actores fundamentales, en virtud de que pretende destacar
el significado de la relación entre autoridades, agentes y comunidad
para impulsar procesos sociales que acoten la inseguridad a márgenes
en los que pueda ser manejada por la sociedad y sus instituciones.
Garza Falla citó los datos de un estudio reciente para medir
la percepción ciudadana de la legalidad y según los cuales
32.3 por ciento de los mexicanos considera que en el país la
ley sirve para enriquecer a los ricos y los políticos, mientras
29.2 por ciento estima que beneficia a las autoridades; otro 21 por
ciento opina que el marco jurídico nacional no sirve para nada.
Sólo 10.5 por ciento señaló que las leyes ayudan
a la mejor convivencia de los ciudadanos y 6.8 opinó que benefician
a la sociedad.
Los ciudadanos dicen
Un 80.8 por ciento de los entrevistados identifica a las autoridades
y los políticos como el principal obstáculo para que México
sea un país donde las leyes se cumplan, contra 10.7 por ciento
que adjudica ese papel a la propia sociedad.
Para 65.8 por ciento de los consultados, si el gobierno es incapaz de
hacer cumplir las leyes los ciudadanos tienen derecho a hacerse justicia
por propia mano. Sólo 14 por ciento de los mexicanos considera
que la gente respeta la ley.
Legalidad marginal
El también coordinador de prensa y difusión de la Academia
Mexicana de Ciencias mencionó que mientras esta percepción
no cambie —lo cual implica que los individuos tengan nueva información
y experiencias— la legalidad seguirá siendo completamente
marginal.
El maestro Juan Carlos Hernández Esquivel, subdirector de Desarrollo
Regional Sustentable, de la Dirección General de Planeación
en Población y Desarrollo del Consejo Nacional de Población,
expuso los resultados de un estudio efectuado en 2002 en las colonias
de la Ciudad de México con mayores índices de delitos.
La investigación, realizada por el Centro de Investigaciones
Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico
Nacional, reveló que 80 por ciento de los habitantes de colonias
como Del Valle y Portales, entre otras, no conocía a sus representantes
vecinales y 60 por ciento ignoraba las funciones y atribuciones del
comité vecinal.
El resultado de ese estudio evidenció que la población
no identifica a las instancias interlocutoras entre autoridad y vecinos
en cuestiones específicas de seguridad pública, aunque
sí nota mejoras en su colonia en cuanto a la seguridad.
Los comités vecinales ayudan a la organización de redes,
impulsan los valores ciudadanos, la capacitación vecinal, la
promoción de la denuncia y el acercamiento con las autoridades
policíacas, pero aún falta intensificar la difusión
de sus funciones, destacó Hernández Esquivel.
La mesa redonda “Sociedad civil, inseguridad y cultura de la legalidad”
fue organizada por la UAM como parte del “Foro universitario:
Hacia una nueva cultura de la legalidad”, en el que participaron
estudiantes, académicos, líderes sociales y comunicadores
de diversas instituciones de enseñanza superior. /Rosario Valdez
Camargo.
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