| En
crisis, el sistema de justicia mexicano, afirma magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del D.F.
“CRISIS”
PARECE SER el término que mejor describe en la actualidad
la situación, en varios ámbitos, del Derecho mexicano.
Corrupción, cambio de valores, alejamiento de principios constitucionales,
el desplazamiento del Estado en aras del mercado y falta de recursos
materiales, financieros y humanos, configuran una situación sobre
la que alertan investigadores y magistrados.
El sistema de justicia mexicano está en crisis, pues leyes como
el Derecho Penal, no responden a las aspiraciones de la sociedad, porque
no protegen los derechos humanos y, más bien, a éstos
se les ha utilizado como instrumento de sujeción del hombre frente
al Estado, advirtió el doctor Salvador Ávalos, magistrado
de la 5ª Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal (TSJDF).
Descontento social
En el marco de las “Primeras Jornadas Jurídicas Metropolitanas:
los Retos del Derecho en el Siglo XXI”, que se realizaron en nuestra
Universidad, del 16 al 27 de junio, el juez reconoció que es
evidente el descontento social hacia dos áreas sensibles en las
cuales el Estado tiene la obligación de procurarnos bienestar,
como son las de procuración y administración de justicia
y seguridad pública.
El magistrado admitió que las instituciones que existen en estas
áreas tienen nula o poca credibilidad y este reconocimiento plantea
la necesidad de buscar otras fórmulas para mantener una sana
convivencia social entre la población.
Egresado de la licenciatura en Derecho de esta Casa de estudios, Salvador
Ávalos denunció que parte de esta crisis se genera en
la existencia de leyes sustantivas, códigos penales y códigos
de procedimientos penales que no corresponden a los principios constitucionales.
Ejecutar sentencias
Destacó que otro hecho deplorable es que las autoridades encargadas
de cumplir las sentencias judiciales hacen lo que quieren con éstas
y citó un caso en el que se sentenció a una persona con
siete años de prisión por robo calificado y a quien después
de dos años se tuvo que volver a juzgar.
El doctor Salvador Ávalos puntualizó que, para dar seguridad
a la sociedad, la sentencia judicial se debe cumplir y estimó
que para esto se requiere que cada uno de los integrantes del sistema
de procuración de justicia cumpla con lo que le corresponde realizar.
“Es necesario que la Procuraduría integre buenas averiguaciones
previas y que consigne a quien debe; que los jueces iniciemos los procedimientos
como lo marcan las leyes y condenar o absolver a quien sea culpable
o inocente. Pero es importante que las autoridades ejecuten las sentencias
de aquellos que han sido condenados”.
Personal capacitado
El juez del TSJDF mencionó que dentro del sistema punitivo se
presenta un abuso de la prisión preventiva y esto se debe a la
poca observancia de principios constitucionales, especialmente el de
la libertad provisional.
Salvador Ávalos expuso que en el sistema de justicia no hay personal
capacitado y mucho menos existen programas uniformes entre los diferentes
sectores que integran el sistema para realizar un trabajo coherente,
ordenado e intercambiar información sobre lo que pasa en cada
uno de los sectores.
El jurista explicó que estos problemas de la justicia mexicana
se deben a que históricamente el sistema de justicia penal en
nuestro país ha sido abandonado en cuanto a la asignación
de recursos materiales, financieros y humanos que permitan su fortalecimiento.
Poca investigación
De igual modo, aseveró que en nuestro país hay poco desarrollo
de la investigación penal y de cuestiones de política
criminal que permitan establecer bases científicas y señalar
líneas de carácter general a las cuales se debería
someter una política criminal del Estado mexicano, sobre todo
para contar con un eficaz funcionamiento del sistema de justicia.
Señaló que es el Estado el que tiene el control y formaliza
qué conductas son o no delictivas, por lo que ha reaccionado
creando nuevos tipos penales y elevando las penas, en lugar de crear
programas de prevención del delito, que son medidas a largo plazo
y que requieren de mayor inversión.
El jurista consideró que es imprescindible plasmar los criterios
de carácter general y presupuestos específicos de la Carta
Magna en las leyes y legislaciones secundarias de los distintos códigos
penales del país.
Afirmó que el reconocimiento de la crisis del sistema judicial
debe llevarnos a emprender acciones para analizar, discutir y buscar
soluciones a esta problemática. Debemos partir, agregó,
de que la Constitución contiene principios generales que deberían
vincular al legislador y a los tribunales al momento de la aplicación
de la ley porque son éstos los que dan coherencia y sentido a
las leyes ordinarias.
El magistrado concluyó diciendo que es urgente e impostergable
una reforma integral de todo el sistema de justicia en la que se considere
la aplicación de programas coherentes en todos los sectores del
sistema, así como el intercambio de puntos de vista entre los
mismos. / Javier Solórzano Herrera
Precario
Derecho Ambiental
El Derecho Ambiental
es todavía precario y no se puede asegurar que exista un marco
jurídico adecuado que permita el desarrollo o la consecución
de este ideal universal, aseguró el doctor José Juan González
Márquez, docente del Departamento de Derecho, de nuestra Universidad.
Mencionó que en la mayoría de los sistemas jurídicos
internacionales todavía no se precisan los derechos de propiedad,
ya sean del estado o de las comunidades o sociedad, sobre los diversos
elementos del ambiente como el aire, agua o suelo y, en consecuencia,
sobre la obligación de pagar por los servicios ambientales que
éstos.
El doctor en Derecho Ambiental propuso establecer mecanismos jurídicos
que permitan el reconocimiento legal de los servicios ambientales como
una nueva mercancía .
El abogado sostuvo que el Derecho Ambiental tiene que crear instituciones
jurídicas que hagan que el que contamina absorba el costo de
la contaminación, ya sea pagando un tributo o invirtiendo en
equipos anticontaminantes.
“El asunto es que el contaminador genera un costo que no asume
en su contabilidad, sino que lo traslada al resto de la población,
ya sea en forma de contaminación o de usos gratuitos de bienes
que son de carácter colectivo”.
Derecho Internacional
Otro ámbito de la disciplina que enfrenta problemas críticos
es el Derecho Internacional, como consecuencia del actual sistema económico.
El desplazamiento del Estado como figura central rectora de la vida
social ha debilitado el control y coacción social sobre los grupos
criminales, otorgando el control a grupos privados, que muchas veces
ejercen actos como el narcotráfico, aseguró el doctor
Eduardo Torres Maldonado, también profesor-investigador del Departamento
de Derecho de nuestra Casa de estudios.
Aseguró que la crisis de valores de la sociedad occidental arrastró
a los seres humanos al mercantilismo y la cosificación, lo cual
puede observarse en fenómenos como la venta de órganos,
así como el tráfico y secuestro de infantes, pues alrededor
de 40 mil niños son víctimas de estas violaciones a sus
garantías individuales.
También citó como ejemplo de esta crisis a los aproximadamente
21 millones de emigrantes que se dedican a la ventade sexo, en los países
donde radican o mediante Internet, sobre todo en las naciones con mayores
problemas de desempleo, como México y Rusia.
Corrupción al 50%
El experto en Derecho Penal agregó que, según datos de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la corrupción
en el sistema penal de nuestro país es de alrededor de 50 por
ciento, por lo que la aplicación de la justicia es nula y poco
equitativa.
Aseguró que la criminalidad organizada pone en “jaque”
las estructuras de poder del Estado, mediante la corrupción,
lo cual es un fenómeno más evidente en algunas ramas del
Derecho, sobre todo el Penal, por lo que recomendó sea atendido
teórica y prácticamente.
Sentenció que para consolidar el Estado Democrático en
México, y en cualquier lugar del mundo, es necesario que el Derecho
Penal se modernice, y responda a las demandas de convivencia, tranquilidad
y seguridad de las comunidades. / Javier Solórzano Herrera, Alejandra
Pérez Amado
Advierten
la necesidad de plantear un código de lo familiar
Es fundamental
que exista un Código de familia, ya que no es posible que se
sigan aplicando a los juicios familiares normas rígidas de carácter
civil, “es decir, que se ofrezca el mismo tratamiento al divorcio
necesario, que al cumplimiento de contratos de compraventa”, señaló
Rebeca Pujol Rosas, magistrada de la 3ª Sala de lo Familiar del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Al participar en las Primeras jornadas jurídicas metropolitanas:
los retos del Derecho en el siglo XXI, organizadas en la Unidad Azcapotzalco,
la juez civil indicó que son necesarias una independencia doctrinal,
desde el punto de vista teórico-conceptual, la elaboración
de un código de familia y la creación de tribunales propios,
procedimientos especiales y jueces dedicados exclusivamente a esta materia.
Aunque en nuestro país hay tribunales, jueces y magistrados en
materia de familia y en el Distrito Federal existen 40 juzgados familiares
y tres salas familiares, afirmó que en el ámbito federal
no existen juzgados de distrito ni tribunales colegiados de circuito
en esta materia y que son esas instancias, pero en lo civil, quienes
conocen de lo referente a la familia.
Aseguró que el actual Código civil carece de un concepto
integral de familia y propicia que el Derecho Familiar se encuentre
inmerso y cubierto sólo de normas de carácter privado.
La también docente del Departamento de Derecho mencionó
que “es importante ya no seguir ajustándonos a los cánones
estrictamente civiles y alcanzar una autonomía del Derecho de
familia, y que los jueces y los estudiosos puedan contar con un marco
teórico-conceptual propio de la materia familiar, que de hecho
existe, pero no se ha sistematizado en un Código”.
Rebeca Pujol explicó que es importante redefinir el Derecho de
familia para fundar su autonomía y la diferencia específica
con el civil, pues es un hecho que no responde en muchas ocasiones a
las situaciones que se plantean en la vida familiar, las cuales rebasan
las normas civiles.
Es un hecho insoslayable que el Derecho se ha quedado a la zaga en materia
familiar y que no ha podido brindar repuestas satisfactorias a las necesidades
sociales, por lo que el avance del sistema jurídico mexicano
sólo se cristalizará cuando los actores involucrados entiendan
que el Derecho debe ser ejercido por la naturaleza de los intereses
que se tutelan y que la administración y procuración de
justicia es un deber público y de interés social. / Javier
Solórzano Herrera
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