| Aumentaron
1,000% en 20 años
los asentamientos irregulares
POR
CADA DIEZ habitantes de la zona metropolitana seis no tienen
una casa digna, es decir, más de 3 millones viven en zonas de
alto riesgo o reservas boscosas, aseguró la maestra María
Teresa Esquivel Hernández, profesora-investigadora de esta Universidad.
Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI), señalan que los asentamientos irregulares
en la zona conurbada y en el Distrito Federal (D.F.) aumentaron mil
por ciento en las dos últimas décadas.
Las casas de autoconstrucción de los sectores populares se establecen
en municipios periféricos, explicó la docente, donde el
suelo es barato, pero de mala calidad, pues se encuentran en zonas minadas
o sísmicas, volcánicas o de derrumbe; además, no
cuentan con servicios básicos como agua, luz, sanidad y transporte,
entre otros, agregó.
Soluciones parciales
La investigadora del Departamento de Sociología consideró
que, pese a lo anterior, los asentamientos irregulares han resuelto
en buena medida la necesidad básica de vivienda, sobre todo entre
la población con ingresos más bajos, los cuales no son
sujetos de crédito; aunque el trasladarse al D.F. cueste alrededor
de mil pesos al mes por persona, es decir, una familia de cuatro miembros
gasta alrededor de cuatro mil pesos mensuales, tres veces más
que el valor real de las viviendas.
Los mexicanos, apuntó la académica, piensan que adquirir
una vivienda proporciona estabilidad, por eso prefieren irse a la periferia
a “iniciar un proceso de colonización” y lograr la
instalación de servicios básicos, a partir de un trabajo
comunitario que, por lo general, da frutos después de dos o tres
décadas de haber llegado al lugar.
Otra solución parcial, aseveró, es la vivienda de interés
social, la cual, por medio de organismos como el Fondo para la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (FOVISSSTE), o el Fondo de Operación y Financiamiento
Bancario a la Vivienda (FOVI), apoya a los trabajadores en la adquisición
de un inmueble.
Inmuebles obsoletos
Como una mala inversión calificó la adquisición
de créditos pagaderos a treinta años, por un inmueble
que será obsoleto para las familias en menos de diez años.
Agregó que los hogares creados por empresas como grupo ARA, GEO
o DEMET son muy pequeños (de aproximadamente cuarenta o cincuenta
metros), para familias de cuatro miembros en adelante y que a pesar
de que se comprometen a proporcionar servicios y vialidades, según
datos encontrados durante la investigación realizada por la docente,
dichos servicios no incluyen secundarias, preparatorias, universidades,
centros comerciales, unidades médicas aptas, ni transporte que
reintegre a los habitantes a la zona metropolitana.
Añadió que el ingreso de estas empresas da respuesta inmediata
a la crisis económica del INFONAVIT, debido a que puede crear
demanda y solventarla mediante créditos a los trabajadores ofreciendo
flexibilidad del mercado, compra a terceros, casas nuevas, entre otras
opciones, pero en realidad la gente se enfrenta a una mercado muy limitado.
Sostuvo que otra alternativa es impulsar la vivienda en renta, modificando
la ley de los años veinte, donde éstas se congelaron y
los capitalistas se dieron cuenta que su dinero se perdió.
“Descongelar la renta permite que la renta formal se abarate y
se abran nuevas opciones dentro de la misma Ciudad de México.
Si se invirtiera capital en la creación de vivienda en renta
se solucionaría gran parte de la demanda”. / Alejandra
Pérez Amado
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