Necesaria
una reforma estructural integral que impulse la economía nacional
LAS ACADÉMICOS Y ESPECIALISTAS de nuestra Universidad
y de otras instituciones de educación superior coincidieron en
la necesidad de una reforma estructural integral que impulse la economía
nacional y se pronunciaron, aunque con diferentes matices, por intensificar
el debate sobre si las privatizaciones, el aumento de impuestos o la
flexibilidad laboral serán suficientes para alcanzar el nivel
de desarrollo económico y social que el país requiere.
Reunidos en la Casa del Tiempo durante el foro-debate “Las Reformas
Fiscal, Laboral y Energética. ¿Soluciones para el Desarrollo
de México?” —organizado para celebrar el 20 aniversario
de la revista Economía Teoría y Práctica—
los investigadores documentaron las insuficiencias de enfoque con que
se está tratando de impulsar esos cambios y demandaron que se
realicen con un sentido de largo plazo y, sobre todo, que atiendan las
necesidades de crecimiento del país.
El doctor Carlos Rozo Bernal, director y fundador de la publicación,
estableció que el proceso de transición política
por el que atraviesa el país, torna más complejo el escenario
porque se politizan reformas que, si bien no van a resolver todos los
problemas, sí van a contribuir a hacer más fáciles
los cambios estructurales que requiere el país.
Contexto de diferencias
Rozo Bernal, profesor-investigador del Departamento de Producción
Económica de la Unidad Xochimilco, consideró lamentable
que estos cambios se discutan en el contexto de las diferencias que
se presentan dentro de los partidos y no en la búsqueda del beneficio
hacia el resto de la sociedad. La discusión hasta el momento,
subrayó, está más en función del cambio
presidencial y de una lucha de poder.
Aseguró que las reformas no plantean cambios de largo plazo,
pues cuando se habla de reforma fiscal no sólo se trata de cómo
allegar más recursos al Estado, sino de cómo el sistema
fiscal debería promover el desarrollo del país mediante
incentivos a la pequeña y mediana empresa, así como de
promover otros sectores en los que el país puede tener ventajas
comparativas.
El organizador del foro-debate indicó que en el futuro se necesita
de una reforma integral que siente las bases para un desarrollo sustentable
y de más largo plazo, y que podría consistir en mecanismos
que mejoren el ingreso de la población para que el mercado interno
funcione más ampliamente y tenga mayor demanda.
No podemos depender de la demanda del extranjero y que la economía
se apoye sólo en la exportación. Las tres reformas —fiscal,
energética y laboral— deben estar encaminadas a una mayor
organización y desarrollo internos, señaló.
Reforma energética
En cuanto a la reforma energética, la maestra Guadalupe Huerta
Moreno, docente del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco,
aseguró que una reforma en la que la participación estatal
se presenta como un obstáculo para su desarrollo es regresiva
y no sólo desconoce la contribución histórica que
las empresas energéticas nacionales han hecho al crecimiento
del país, sino que también niega el esfuerzo del sector
público por crear un ambiente propicio para la operación
de la planta industrial.
Mencionó que uno de los argumentos para privatizar el sector
energético es la limitación financiera de Petróleos
Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que
controlan el sector energético del país, pero aclaró
que aquélla no se deriva de la operación propia de las
empresas, pues son altamente rentables y un negocio jugoso.
Para ubicar la importancia del sector indicó que Pemex es el
séptimo productor de petróleo crudo en el mundo, con una
producción de 3.3 millones de barriles; es el noveno lugar en
términos de reservas probadas con más de 25 millones de
barriles, además de que cuenta con 45 mil millones de pies cúbicos
de gas natural, que sitúan a la paraestatal como la novena productora
mundial.
Precariedad financiera
En el caso del sector eléctrico, subrayó, la capacidad
instalada de generación en el 2002 equivalía a más
de 40 mil megawatts (MW), de los cuales la CFE produce más de
36 mil y los productores independientes sólo tres mil 486. Esto
permitió, dijo, que entre 2001 y 2002, la CFE vendiera directamente
al público, a LyFC y como exportación, un total de 170
mil 291 MW.
Huerta Moreno ubicó la precariedad financiera de ambas entidades
en que, por ejemplo, al cierre de 2003 Pemex pagará por impuestos
cerca de 360 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de
38 por ciento respecto del año anterior.
“Esto explica lo que ha ocurrido con las finanzas de Pemex, que
en los últimos 10 años ha pagado en impuestos entre 50
y 60 por ciento del total de sus ingresos. La magnitud de la precariedad
financiera que significa su régimen fiscal se comprende mejor
al considerar que desde 1998 ha obtenido rendimientos negativos”.
En tanto que la CFE, apuntó, desde 1992 no recibe transferencias
directas del gobierno federal y los recursos públicos considerados
como subsidios para tarifas son virtuales, ya que simplemente se bonifican
contra el aprovechamiento.
“A pesar de su solvencia económica, al final de 2002 la
deuda del CFE alcanzó 211 mil 135 millones de pesos equivalentes
al 41.66 por ciento del valor total de sus plantas y equipos”,
agregó.
Régimen oneroso
Tras reconocer que el régimen fiscal al que están sujetas
estas empresas es demasiado oneroso como para que sobrevivan, expuso
que los problemas financieros del sector se agravan por la escasez de
créditos internacionales, que en los últimos 10 años
permitieron que el Banco Mundial sólo haya otorgado dos créditos
para infraestructura, así como por las reducciones en la inversión
pública, derivada de los programas de saneamiento en las finanzas
públicas, cuyo crecimiento se estima en uno por ciento.
La jefa del área de investigación Estado, gobierno y políticas
públicas aceptó que es necesario hacer modificaciones
al sector energético, pero aclaró que éstas deben
ser acordes con las condiciones internacionales, pero sobre todo en
función de las características y necesidades del país.
Es prioritario, subrayó, que una reforma del sector atienda los
diversos tipos de mercado de energía que requiere México,
así como dotar a todos los consumidores de energía eléctrica,
“porque al final resulta que se lleva a cabo la reforma, pero
los consumidores no tienen para pagar sus tarifas eléctricas”.
Reforma fiscal
En torno a la reforma fiscal, el doctor Carlos Urzúa, profesor
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), indicó que el gobierno centra sus esfuerzos en el incremento
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando debería proponer
gravámenes que contribuyan a recaudar recursos sustanciales.
Indicó que el IVA representa entre 30 y 35 por ciento del capital
que ingresa a las arcas del gobierno y explicó que dicho impuesto
causa una inflación considerable en la economía nacional
y el peso del mismo recae en las clases medias y bajas.
El docente recomendó que el IVA mantenga diferentes porcentajes,
como sucede en países europeos, como Francia y Alemania, donde
no se gravan todos los productos por igual, sino que se permite un margen
diferencial para que los productos que representan un lujo tengan un
impuesto mayor que los de consumo habitual.
El especialista aseguró que el impuesto de ocho por ciento sobre
Intermediación, Producción e Importación (IPI),
propuesto por el PRI, golpeará directamente al consumidor, sobre
todo a las clases medias y bajas.
Los empresarios, explicó, solventarán el costo operativo
con el aumento al precio por unidad a los consumidores, afectando a
la población mexicana con un alza en los precios de entre seis
y ocho por ciento.
Gasto federal
En tanto, el licenciado David Colmenares, especialista de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que
los estados y municipios representan tres cuartas partes del gasto federal;
es decir, se invierte en ellos alrededor de 1.5 pesos por entidad, mientras
que el gobierno federal utiliza un peso.
Destacó que más que una reforma fiscal, se requieren mecanismos
eficaces para la recaudación de impuestos en los estados y municipios
para que, a su vez, éstos puedan sufragar sus gastos en mayor
medida.
En el caso del gobierno del Distrito Federal, el economista indicó
que cubre alrededor de 50 por ciento de sus gastos de lo que recauda
por predio y agua, debido a las reformas realizadas contra la corrupción
y la modernización en los sistemas de cobro.
Desafortunadamente, la mayoría de los estados, estimó,
dependen del presupuesto que se les otorga, por lo que el gobierno tiene
necesidad de aumentar impuestos o crear nuevos para solventar el gasto
que representa la construcción de obras, salud y educación.
Evaluación de políticas
Al dictar la conferencia magistral “Evaluación de las Políticas
de Cambio Estructural (CE) en la Economía Mexicana”, el
doctor Etelberto Ortiz Cruz, docente del Departamento de Producción
Económica, aseguró que éstas han sido un fracaso
porque no han proporcionado nada de lo que prometieron, aunque reconoció
que el único éxito ha sido el aumento de las exportaciones
que pasaron de representar cinco por ciento del PIB en 1980 a 35 por
ciento en 2000.
El economista expuso que fundamentar el desarrollo económico
en las exportaciones es un error, ya que éstas no han sido un
motor de crecimiento y, en cambio, se ha producido una sobrevaloración
cambiaria que en el mediano plazo se convertirá en un asunto
inmanejable.
Uno de los grandes problemas que ha generado, comentó, es el
aumento del trabajo precario que en los últimos 20 años
se ha incrementado de ocho por ciento en 1982 a 20 por ciento en 2002.
Se estima, agregó, que hoy en día hay más gente
empleada en el sector informal —con alrededor de 17 millones de
personas— que en el formal, donde hay 15 millones.
El investigador sostuvo que se requiere una reforma fiscal eficiente,
pero no la que plantea un esquema que hace pagar impuestos sólo
a los pagadores cautivos y deja tranquilos a quienes no cumplen con
sus obligaciones fiscales.
Desajuste laboral
El doctor Isaac Katz, del Departamento de Economía del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), estableció
que México es un país diferente al de hace 18 años,
pues pasó de un modelo de economía cerrada o protegida
a uno de economía abierta, lo cual implicó un cambio en
los precios relativos de los bienes.
Estableció que la legislación laboral fue diseñada
para una economía protegida y con un modelo de sustitución
de importaciones y de subsidios gubernamentales, pero hoy esta situación
se volvió inconsistente con la economía abierta que tiene
México.
Este nuevo contexto, explicó el catedrático, ha llevado
a un problema estructural de empleo: 25 por ciento de la población
económicamente activa (PEA) de zonas urbanas trabaja en la informalidad,
es decir, son empleos de mala calidad, baja productividad y muchos de
ellos enfocados a manufacturas primarias y servicios.
Katz señaló que se abrió la economía, pero
sin adecuar la legislación laboral. La Ley Federal del Trabajo
cuenta con mil artículos, que la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social aceptó que no pueden ser del todo cumplidos.
De aquí que sea necesario establecer una legislación que
refleje las nuevas condiciones de la economía mexicana.
Economía.
Teoría y Práctica,
20 años
EL DOCTOR LUIS MIER Y TERÁN CASANUEVA, rector general
de la UAM, dijo que en este foro se cristaliza el esfuerzo por colaborar
en el desarrollo de nuestro país, al ejercer lo que todo espacio
universitario debe impulsar: el pensamiento, la palabra y el diálogo.
Aseguró que al hacer lo que nos ha encargado la sociedad, es
decir, reflexionar y discutir bajo los imperativos de la vida académica,
lograremos encontrar soluciones a la realidad que enfrentamos. Sin embargo,
reconoció que también es nuestro el compromiso de traspasar
las barreras del lenguaje especializado para alcanzar a la sociedad
más amplia, sumamente interesada por esta problemática.
Por ello —destacó— la revista Economía Teoría
y Práctica ha hecho un gran esfuerzo y para conmemorar sus 20
años de trabajo ha decidido participar en uno de los debates
más complejos de la realidad mexicana actual. “En ello
tiene su mayor mérito, pues demuestra que su función,
su compromiso, es hacer de la reflexión una forma de participar
en las problemáticas más graves de nuestros tiempos”.
En entrevista para el Semanario de la UAM, el doctor en economía
Carlos Rozo Bernal señaló que el propósito de la
revista, desde sus inicios, ha sido difundir el conocimiento económico
que se genera en la Universidad, promover la discusión y proponga
el debate sobre temas importantes para la economía del país.
Añadió que también se promueven trabajos no sólo
de investigadores de la UAM sino de otras universidades, tanto del país
como del extranjero.
Por una mayor difusión
Uno de los cambios es la publicación de artículos en inglés
lo cual no se había hecho, pero dado el proceso de globalización
y el interés por difundir la revista en el extranjero se ha tornado
necesario incluirlos de manera sistemática desde hace dos años.
Hasta el momento, explicó, la revista —cuyos consejo y
comité editoriales están formados por especialistas de
la tres unidades— se envía a bibliotecas de universidades
públicas y privadas en México, Estados Unidos y Europa,
específicamente a los departamentos de Economía y de Relaciones
Internacionales, así como a departamentos especializados en programas
para América Latina en estas instituciones educativas.
En cuanto a sus expectativas como director de la publicación,
el economista dijo que espera hacer de la revista un documento de consulta
internacional y registrarla en diferentes medios de difusión,
índices internacionales y establecerla como una publicación
de excelencia ante Conacyt. / Javier Solórzano, Alejandra Villagómez
y Alejandra Pérez |
