| Comunidades | Semanario de la UAM |
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| 3 de noviembre de 2003 |
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EL MODELO DE sociedad globalizada por el que han apostado los tres recientes gobiernos ha impedido superar las desigualdades sociales e incluso las ha profundizado mediante una creciente diferenciación social, el empobrecimiento de la mayoría, un deterioro estructural del aparato productivo, la caída del empleo, así como la pérdida de la cohesión social. Para ilustrar la situación de inequidad en nuestro país véase el ámbito de la salud, donde para algunos grupos de población la muerte materna e infantil es una realidad abrumadora: sólo en Oaxaca alcanza un promedio de 10.3 muertes por cada 10 mil habitantes, en Tlaxcala 9.6 y en Chiapas 9.3. Esta realidad está vinculada con la disminución de la aportación federal de recursos para la atención a la salud, cuyo extremo es Chiapas, donde, por cada nacimiento, el programa Arranque parejo en la vida destina dos pesos en 2003. Contrastes marcados En el ámbito urbano, es posible advertir procesos desiguales. La zona metropolitana de la Ciudad de México ocupa menos de dos por ciento de la superficie nacional y concentra a más de 20 por ciento de la población. Pero también el acceso a una vivienda digna muestra contrastes marcados, ya que la diferencia entre los valores promedio de las viviendas de interés social y las de colonias residenciales es de más de 30 veces, entre 100 mil y 3 millones, respectivamente. Y por si esto fuera poco, nuestro país carece de una política social agresiva e incluyente para disminuir la desigualdad social, pues las inversiones totales en educación y salud se han reducido, al mismo tiempo que crece la demanda de estos servicios públicos. En torno a este asunto, especialistas, investigadores, funcionarios públicos, legisladores y representantes de organismos no gubernamentales discutieron y analizaron la problemática en el foro “Desigualdad y Reforma del Estado”, organizado por nuestra Casa de estudios, la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de la República, el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Universidad de la Ciudad de México, Equipo Pueblo, A.C., Fundar, Incide Social y la Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad (Remisoc), que se llevó a cabo en el Palacio de Minería y el Senado de la República, del 27 al 29 de octubre. Distribución
de beneficios Destacó que la desigualdad constituye uno de los temas más graves que enfrentan las sociedades contemporáneas y representa una gama de retos que demanda soluciones urgentes e inaplazables en nuestro país y en la región. Mencionó que los desafíos de la desigualdad son mundiales y sus consecuencias conocidas, peligrosas y alarmantes. El Rector General sostuvo que la universidad pública enfrenta retos impostergables, que exigen responsabilidad, imaginación y prudencia. Es nuestra la tarea de contribuir, por medio de la investigación, la docencia y la preservación y difusión de la cultura, a la creación de una sociedad plenamente formada, capaz de reconocer sus problemas y habilitada para resolverlos. En ello, definimos nuestro compromiso más sólido, agregó.
Definir responsabilidades El maestro Norberto Manjarrez Alvarez, rector de la Unidad Xochimilco, aseguró que la desigualdad conspira contra el crecimiento económico porque reduce el mercado interno, impide la formación del ahorro nacional, perjudica al sistema en su conjunto y atenta contra la cohesión social. Reconoció que las instituciones de educación superior públicas deben definir su responsabilidad social en la creación de una sociedad del conocimiento, entendida en toda su riqueza cultural, social y económica y no sólo como una inversión en el conocimiento orientado a la producción. La universidad pública, enfatizó, debe reflexionar y definir también su papel en torno a lo que ocurre en el ámbito de los procesos políticos nacionales y, sobre todo, debe impulsar proyectos de participación y gestión de alcance más amplio en todos los aspectos de la vida laboral, institucional y social de la población. Indicadores
de desarrollo Hoy en día, indicó, el ingreso es sumamente desigual entre los deciles más ricos y los más pobres y citó que los estados de Chiapas, Oaxaca y Zacatecas tienen un ingreso per cápita entre cuatro y cinco mil dólares anuales, que es cinco veces menor al del Distrito Federal, calculado en 25 mil. Informó que las condiciones sociales más desfavorables se presentan en la población indígena -que según el INEGI asciende a seis millones en el país- donde la tasa de asistencia escolar es de 83.5 por ciento, mientras que para la población en general es del 91.3 por ciento. Expuso que el porcentaje de los indígenas mayores de 15 años que no saben leer y escribir es de 33.8 por ciento, en contraste con el registrado para el total de la población en esta edad, que es de 9.5 por ciento, es decir, más del triple. Su promedio de escolaridad, abundó, es de cuatro años, tres menos que el del total de la población.
Superar problemas Sobre el tema, el maestro Manuel Canto Chac, profesor-investigador de esta Casa abierta al tiempo y presidente de la Red Mexicana de Investigación de la Sociedad Civil, rechazó que la falta de una efectiva reforma del Estado se impedimento para avanzar en la construcción de la equidad. Se pronunció por desplazar las políticas sociales en curso, por ejemplo, de las transferencias compensatorias pasar a la transferencia basada en derechos humanos, lo que puede generar ciudadanía en lugar de dependencia del gobierno, así como por la descentralización de las decisiones hacia los distintos órdenes de gobierno. Comentó que también se requiere una vocación de Estado negociador que no haga del discurso contestatario una práctica que nulifique cualquier intento de cambio, pero que tampoco asuma acríticamente los mandatos internacionales. "Se necesita un Estado catalizador que sepa asumir las iniciativas sociales, multiplicarlas y fortalecerlas en sus negociaciones internacionales. / Rosario Valdez, Javier Solórzano
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