Derechos económicos, sociales
y culturales: el reto
EN EL MARCO del “Seminario Internacional Derechos de Ciudadanía, responsabilidades del Estado. Los retos
de un mundo globalizado”, se anunció la creación del Programa Interinstitucional de Investigación
y Vinculación Universidad-Sociedad Civil, impulsado por nuestra Universidad para analizar las distintas
problemáticas relacionadas con los estudios de la sociedad civil.
Entre las instituciones de educación superior (IES) que participarán en la conformación del
Programa se encuentran, además de la UAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la
Universidad de Querétaro, la Nacional Autónoma de México, la Veracruzana y el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), así como diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC), como
CAM, Convergencia, Equipo Pueblo, el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) y la Red Mexicana de Investigadores
sobre Sociedad Civil (REMISOC).
Programas de investigación
El programa promoverá y desarrollará actividades académicas que contribuyan a mejorar el análisis,
vinculación e impulso de iniciativas sociales y civiles que permitan la solución de problemas públicos.
También se enfocará a desarrollar programas de investigación dirigidos al conocimiento de
las actividades que realizan organizaciones civiles y sociales, y a la construcción y desarrollo de metodologías
de intervención social; así como a generar intercambios entre investigadores de las IES y de las
OSC, tanto en el país como en el extranjero.
De igual modo, prevé asesorar y evaluar programas y proyectos de las OSC, así como iniciativas de
influencia sobre políticas públicas. Además, se promoverán y desarrollarán análisis
y debates entre los actores de los diversos sectores sociales que tiendan a la generación de opinión
pública informada, en torno de aspectos específicos de la política nacional e internacional
relacionados con las acciones de las OSC, así como difundir los productos de estos debates por diversas
vías (medios de información, publicaciones, participación en eventos, entre otros).
En formación de recursos humanos, tanto de las
OSC como de las IES, se prevé la organización de cursos de educación continua, programas de
grado y de posgrado, cursos curriculares y trabajos de tesis.
Derechos, agenda pendiente
México suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
en 1981, pero sólo en los últimos tres años se inició la discusión, análisis
y reflexión sobre el cumplimiento de estos derechos, también denominados como de segunda generación.
Aunque la cultura de los derechos humanos ha sido ampliamente difundida desde hace varias décadas, sobre
todo en su dimensión civil y política, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)
han sido marginados, no obstante que en el ámbito jurídico internacional tienen el mismo status que
aquellos.
En este contexto, los especialistas coincidieron en que una de las cuestiones pendientes en las democracias en
América Latina y, particularmente en México, es la capacidad de generar las condiciones necesarias
y suficientes para que toda la población pueda ejercer sus derechos de ciudadanía.
Ello quedó de manifiesto durante el “Seminario Internacional Derechos de Ciudadanía-Responsabilidades
del Estado: Los retos de un mundo globalizado”, que reunió en la Rectoría General a más de
30 investigadores, funcionarios públicos y líderes sociales y civiles de 18 países de América
Latina, Europa y África.
Allí se concluyó que los DESC están lejos de ser respetados y cumplidos, sobre todo en los
países en vías de desarrollo, debido a la escasez de recursos con que cuentan los estados nacionales
para apoyar con políticas públicas derechos como la atención a la salud, al empleo, a la educación,
a la vivienda, alimentación y a la cultura.
Corresponsabilidad
El doctor Manuel Canto Chac, profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de nuestra Casa
de estudios, reconoció que está rezagada la reflexión en torno a la exigibilidad de los DESC
y aseguró que un balance general permite concluir que no han sido cumplidos en nuestro país.
Lo preocupante, aseveró, es que sin un respeto a estos derechos ninguna democracia es viable. Por esta razón,
explicó, tenemos democracias precarias incapaces de ofrecer a los ciudadanos las condiciones económicas,
sociales y culturales para una vida digna.
En tanto, el licenciado José Muñoz, coordinador de asesores de la subsecretaría de Derechos
Humanos y Democracia de las Secretaría de Relaciones Exteriores, quien participó en representación
de la titular, Marie Claire Acosta, reconoció que las condiciones de vida de la población se han
deteriorado, como resultado de un modelo económico que desdeñó el bienestar social, reprodujo
y profundizó desigualdades, así como por el evidente rezago histórico de las políticas
públicas relacionadas con el cumplimiento de los DESC.
En este sentido, los participantes señalaron que el caracter exigible y justiciable de los DESC debe estar
sustentado en un esquema de corresponsabilidad entre Estado y sociedad, no sólo en la discusión y
atención de políticas sociales, sino en su definición, evaluación y cumplimiento.
Cultura de respeto
Entre las estrategias para hacerlos exigibles, Phillipe Texier —miembro del Comité DESC de la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU— mencionó que los estados deben mantener la voluntad de elaborar planes de
acción concertados con la ciudadanía, transparentes, públicos y verificables, centrados en
la persona y buscando un mejor nivel de disfrute de los derechos humanos por parte de toda la población.
Pilar Berrios, coordinadora de Política Social de Convergencia de Organismos Civiles, señaló
que la justiciabilidad de los DESC tiene que ver con el uso y creación de recursos jurídicos que
permitan garantizar, a nivel nacional, la existencia de estos derechos y que estén en sincronía con
los mecanismos internacionales.
Mientras que la exigibilidad, explicó, es un proceso de movilización social y política para
conseguir que se respeten. “Este proceso puede lograrse mediante el seguimiento y monitoreo de las políticas
gubernamentales, con campañas de sensibilización y con la producción de una cultura de respeto
a los DESC.”
Ámbitos y temas
Manuel Canto, también presidente de la Red Mexicana de Investigadores sobre Sociedad Civil (REMISOC), apuntó
que aun cuando el Estado se “adelgaza” a causa del modelo económico imperante y destina menos recursos al
desarrollo social, esto no debe impedir que se rezague en el cumplimiento de sus obligaciones con la sociedad y,
por el contrario, debería generarse un consenso para revertir, en la medida de lo posible, estas tendencias.
Francisco Paoli Bolio, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación,
estableció que los estados requieren incentivar en la población valores, principios, inclinaciones
y destrezas que respondan al tipo de ciudadano que necesitan las instituciones.
El Subsecretario ubicó los ámbitos y temas donde el Estado puede contribuir a crear una ciudadanía
y fortalecer su relación con la sociedad civil: el acceso a la información pública gubernamental,
el desarrollo de políticas públicas, labores de promoción cívica, la comunicación
social, el impulso de mecanismos de democracia directa, entre otros.
Políticas sociales
Los ponentes dejaron entrever que la actual administración lleva a cabo diversas reuniones con las organizaciones
civiles para incorporar sus opiniones en las políticas sociales estatales. Los DESC deben garantizarse no
sólo con una legislación más eficiente, sino mediante efectivas políticas públicas.
Aunque reconocieron que la condición jurídica es necesaria, no es suficiente y, por ello, hay que
trabajar en el diseño de políticas sociales incluyentes orientadas al cumplimiento paulatino de los
DESC.
Entre las instituciones que participaron del 12 al 14 de marzo en este importante foro se encuentran la UAM y las
Universidades Nacional Autónoma de México, Veracruzana, Autónoma de Querétaro, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y las organizaciones Convergencia de Organismos Civiles, Movimiento
Ciudadano por la Democracia, Red Mexicana de Investigadores sobre Sociedad Civil, así como las redes internacionales
Audaghost (Red Africana de DESC), la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP),
Grupo Sur (Red Europea), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Térre
des Hommes France./ Javier Solórzano
Verificar cumplimiento de derechos:
ONU
PHILLIPE TEXIER, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, urgió a los 145 países
que, como México, suscribieron el Pacto Internacional de los DESC, a adoptar medidas legislativas para garantizar
el cumplimiento de estos derechos.
Aclaró que estas medidas deben generar planes de acción basados en indicadores de cada realidad nacional,
con el fin de “tener elementos e instrumentos para medir los progresos o retrocesos en las políticas estatales
de atención, así como lo exigible y justiciable de los DESC”.
Insistió en que los estados deben contar con planes de acción participativos, asociar los sectores
implicados en los programas, definir prioridades aceptables por la población y permitir a ésta la
fijación de mecanismos de control.
De ricos a pobres
El representante de la ONU instó a los estados a utilizar todos los recursos de que dispongan para satisfacer
en prioridad obligaciones mínimas de alimentación, salud, vivienda o educación y proteger
a los miembros más vulnerables de la sociedad, ya sea con recursos propios o mediante la asistencia y la
cooperación internacionales. Esto implica, agregó, la obligación por los países más
ricos, de ayudar a los más pobres por intermedio de la cooperación bilateral o multilateral.
Ante la concertación de tratados comerciales, dijo, es necesario que en la negociación de los convenios
el Estado establezca mecanismos de consulta popular para verificar el impacto de tales acuerdos en la situación
de los más pobres.
Llamó asimismo a redoblar esfuerzos para erradicar la pobreza que sigue siendo el obstáculo mayor
en la realización de todos los derechos humanos, que deben ser una prioridad para todas las naciones. /
Javier Solórzano
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El respeto universal
La Carta de las Naciones Unidas impone a los estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo
de todos los derechos humanos y en ella los estados se han declarado resueltos a promover el progreso social y
a elevar el nivel de vida.
Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son derechos humanos y como tales, tienen su origen
en la dignidad inherente a todas las personas, por lo que son universales, indivisibles, inalienables e interdependientes.
Los DESC permiten a la persona y a su familia gozar de un nivel de vida adecuado. El término “adecuado”
implica el respeto a los aspectos de diversidad cultural, geográfica, medio ambiente, entre otros.
Obligaciones generales:
Los DESC están plenamente reconocidos en la legislación internacional de derechos humanos. El Pacto
Internacional de los DESC proporciona el marco jurídico internacional más importante para la protección
de estos derechos humanos básicos. El PIDESC entró en vigor en México el 23 de junio de 1981
y, desde entonces, por el artículo 133 constitucional, es ley suprema de la Unión.
Todos los derechos humanos implican para el Estado tres tipos de obligaciones generales: respeto, protección
y realización. Los estados parte del PIDESC son responsables, ante la comunidad y ante sus propios pueblos,
del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Pacto.
Cada uno de los estados se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos
los medios apropiados, inclusive la adopción de medidas legislativas, y la plena efectividad de los derechos
reconocidos.
Así, están incluidos en el PIDESC los derechos a la libre determinación, a un nivel de vida
adecuado, alimentación adecuada, a la vivienda adecuada, a la salud, a la protección y asistencia
a la familia, a la educación, culturales, humanos laborales, al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo, a fundar y afiliarse a sindicatos, libertad sindical y huelga, a la seguridad social, igualdad de derechos
de hombres y mujeres.
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