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Número 903
25 de diciembre de 2018

EL ESTADO SIN CAPACIDAD REGULATORIA

EN TORNO A UNA POLÍTICA DE VIVIENDA Y PROPIEDAD

*La propiedad se ha vuelto un mero arreglo institucional

 

La ausencia de restricciones en materia de propiedad ha contribuido al desequilibrio social, ya que el Estado ha perdido la capacidad regulatoria en torno a una política de vivienda, al ceder amplias concesiones a las grandes inmobiliarias y orillar a la gente pobre a hacer asentamientos irregulares en reservas naturales en espacios poco dignos para vivir, señaló la doctora Clara Eugenia Salazar Cruz.

 

La propiedad se ha vuelto un mero arreglo institucional, declaró la profesora-investigadora del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano (CEDDU) de El Colegio de México al dictar la conferencia magistral Suelo, Vivienda y Metrópoli, realizada en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

En la actualidad la entera libertad ha conducido a la sobreexplotación y el mal uso de suelos, por lo que sería preciso cambiar de paradigma e iniciar otro tipo de acciones siguiendo los pasos de algunas experiencias latinoamericanas que han creado cooperativas, en las que se comparten responsabilidades y derechos en distintas modalidades.

 

Salazar Cruz refirió que el tránsito de una vivienda precaria a una digna tiene que ver con el control y la reglamentación que deberá pasar del título individualizado a otros regímenes de tenencia de la tierra y la experiencia en varios países de la región deja ver la posibilidad de crear formas distintas de propiedad.

 

Hay que repensar y hacer un cambio de paradigma en la manera de concebir y manejar la ciudad, “tenemos que transitar de una propiedad monolítica en la que el individuo tiene todo el control sobre el suelo y los derechos ilimitados, y comenzar a entender las limitantes justas para la sociedad en esa materia”.

 

El doctor Antonio Azuela de la Cueva, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió que hasta hace poco el tema de la propiedad privada estuvo fuera de cualquier cuestionamiento de validez, al considerarse de facto un derecho fundamental.

 

Sin embargo ahora se discute la importancia de acotar sus alcances y posibilidades respecto de un tiempo y espacio determinado, debido a que las condiciones sociales y ambientales se transforman constantemente y el derecho debe ser en todo caso herramienta para el bienestar común y no trampas por vacíos jurídicos.

 

Azuela de la Cueva reconoció el avance de la actual constitución de la Ciudad de México al forzar a las autoridades a realizar consultas ciudadanas en caso de que los proyectos afecten a más de 15 por ciento del padrón electoral, aunque no señala si del nacional o de las demarcaciones involucradas.

 

En el año 2000 las autoridades ambientales redelimitaron los parques nacionales decretados durante el Cardenismo, restringiendo algunas propiedades resultado de la expansión urbana, lo que provocó el enojo de los dueños, sin embargo recordó que las reservas deberían ser de interés federal, aunque a nivel local muchos dueños consiguen el amparo y continúan sus construcciones.

 

Esto es un ejemplo de los vacíos del lenguaje jurídico, ya que en el rincón de los derechos administrativos se juegan asuntos cruciales para los dilemas de la planeación y destacó el tema de la megalofobia, malestar social por las grandes construcciones que suelen ser sinónimo de desastres.

 

Las ciudades están condenadas a seguir agrediendo el medio local y las comunidades inmediatas, aunque se desee interrumpir la construcción de grandes proyectos, mientras no se piense en otro tipo de metrópolis la conducta no podrá evitarse, señaló.

 

El arquitecto Juan Felipe Ordóñez Cervantes, académico de la Licenciatura de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y moderador de la mesa, dijo que está claro que el suelo se encuentra sujeto a las leyes y las necesidades del mercado, por lo que carece en la actualidad de una estricta función social.

 

Hay que reconfigurar los derechos de propiedad y establecer una diferencia entre los de edificar y todo lo que corresponde al suelo, debiendo existir una distribución equitativa de beneficios que impulsen otras formas de tenencia y vivienda, concluyó.