Número 820

28 de diciembre de 2022

LA CORRUPCIÓN AFECTA EL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL

Para combatir la corrupción en México –que afecta el desarrollo económico, político y social de las comunidades– se requiere de ciudadanos e instituciones con una clara concepción ética en su actuar, cultura política y responsabilidad social, coincidieron especialistas en la Jornada por el día mundial contra la corrupción y por el fomento de la ética pública.

En la agenda actual del gobierno de la llamada Cuarta Transformación que impulsa Andrés Manuel López Obrador, hace falta pensar cuáles son los mecanismos efectivos contra ese flagelo, ya que se requiere pasar del discurso a procesos y sanciones efectivas con el fin de generar confianza institucional, comentó el doctor Miguel Rodrigo González Ibarra, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la mesa tres dedicada a revisar los Instrumentos éticos para enfrentar el fenómeno, citó al investigador Óscar Diego Bautista, quien ha reconocido la importancia de la formación en el tema moral y que ningún gobierno puede operar de forma óptima y transparente si no educa en la honradez y probidad a su personal, aunque ese porceso debe iniciar con los estudiantes, para lo cual la participación de investigadores y autoridades resulta fundamental.

El doctor Victorino Barrios Dávalos, investigador del Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y titular del Órgano Interno de Control (OIC) de esa casa de estudios, indicó que la instancia de fiscalización que encabeza fue creada por la legislatura local y tiene por objetivo vigilar la adecuada aplicación de los recursos otorgados a la institución para el cumplimiento de sus tareas educativas.

En el encuentro convocado por el Departamento de Sociología de la sede Iztapalapa y el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEM, reveló que la universidad mexiquense estuvo involucrada en la “estafa maestra”, lo que ha ocasionado un problema grave e impactado en el tema presupuestal, pues los legisladores cuestionan por qué otorgarle mayores recursos a una institución involucrada en la corrupción de orden federal.

“No hay que tenerles miedo a los órganos de control, pues su trabajo es ayudar para que los recursos se destinen para lo que fueron asignados”, indicó el investigador, al tiempo que recordó que la llegada del órgano a su cargo fue cuestionada y motivó la presentación de un amparo que finalmente fue denegado.

Dos ex rectores presentaron sendos amparos, pero el Poder Judicial determinó que la creación ese espacio no vulneraba la normatividad de la Universidad y determinaron entres sus objetivos revisar la asignación y uso del presupuesto, fijar las sanciones y, en caso de la comisión de un delito, coadyuvar a la presentación de una demanda penal correspondiente.

“Me encontré con que ex rectores tenían propiedades de la universidad y se las tuvimos que quitar, lo cual causó molestia, pero se hizo por el compromiso ético e institucional para combatir este tipo de abusos; también detectamos que algunos alumnos obtuvieron doble beca, lo cual también es irregular”.

El sistema económico que predomina es la mercantilización “y eso ha tocado a nuestra escuela, hoy un estudiante de la UAEM le cuesta a la sociedad 60 mil pesos anuales y uno de la UNAM el doble, por eso tenemos que cuidar los recursos que nos otorgan porque son contribuciones de los ciudadanos”.

El doctor Carlos Alberto Torres Olvera, profesor de la Facultad de Derecho de la UAEM, considera necesario colocar al ser humano en el centro, toda vez que ahora ese lugar lo ocupan las instituciones, las universidades y las empresas, esa es una perspectiva funcionalista.
 
El académico propuso crear centros de estudios para la formación ética y valores en las universidades con la finalidad de crear instrumentos éticos para prevenir y combatir la corrupción y la violencia, driigidos no solo a alumnos sino a la sociedad en general, pues “se trata de formar seres humanos éticos con vacación de servicio a su comunidad y creadores de entornos de paz y sana convivencia”.

El doctor Víctor Hugo Rodríguez Martínez, académico del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable de esa misma Institución, reconoció que el municipio de Jilotzingo, Estado de México, ha dado el ejemplo al defender su bosques y tierras ante una empresa coludida con los poderes gubernamentales que en 2016 pretendía edificar 20 mil viviendas.

“Tanto el municipio como la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del sexenio pasado, y el gobierno estatal otorgaron los permisos para edificar el conjunto habitacional. La empresa talaría 200 mil árboles en un área igual que el Bosque de Chapultepec, con lo que iba a terminar con el agua y la fauna silvestre”.

Mediante actos de corrupción “los empresarios conjugaron la voluntad de autoridades de diversas esferas gubernamentales, pero los habitantes de Jilotzingo emprendieron una larga lucha para evitar que su bosque fuera talado por el proyecto Bosque diamante”. 

En ese trayecto se ha dado el esquema de corrupción legal, que reviste el proceso de trámites administrativos y burocráticos, frente al cual se dio la resistencia comunitaria, sentenció.

 

En la Jornada participó el doctor Jaime Rodríguez Alba, investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEM, quien reconoció la necesidad de crear la infraestructura ética y cuestionó la efectividad de publicar en las páginas de transparencia de las instituciones volúmenes de 500 páginas que nadie lee, pues “lo que se debe aplicar es una transparencia focalizada y proactiva”.