Las políticas y lineamientos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en investigación hacen posible la colaboración entre pares a través de estructuras colectivas que permiten enfrentar nuevos desafíos temáticos, disciplinares y de paradigmas, señaló el doctor Jesús Carlos Morales Guzmán, coordinador Divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, durante el II Simposio de Investigación en el Departamento de Derecho en la Unidad Azcapotzalco.

Dentro de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) se habla de las de investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades que están apegadas al modelo UAM; sin embargo, dentro de cada Departamento se ha dado una primacía a las áreas, grupos y seminarios, porque en esos espacios se generan las definiciones y perspectivas.

El Departamento de Derecho cuenta con un área de investigación, tres grupos y cuatro seminarios, estos últimos como una figura muy flexible y dinámica de los que pueden desprenderse nuevas temáticas y líneas de indagación. 

En 2020 se creó un área sobre Derechos Económicos y Sustentabilidad, “un esfuerzo potente con desafíos temáticos”. Tiene 57 proyectos activos de investigación registrados en su plantilla de 80 profesores, 50 por ciento de los cuáles se encuentra adscrito a algún colectivo de indagación. 

Las LGAC surgen de la discusión de académicos de los colectivos que procuran promover la articulación de los programas aprobados, así como el intercambio y desarrollo del conocimiento entre departamentos, divisiones y unidades de la institución.

Una LGAC comprende a un grupo de académicos que cultivan una temática común, que desarrollan una vida colegiada –seminarios de estudio, talleres de investigación y gestión colegiada de la docencia– que comparten productos y resultados académicos y son responsables de la formación y el seguimiento tutorial de los estudiantes.

Con base en estos principios, el plan de estudios de la Maestría en Derecho está orientado a desarrollar conocimientos significativos que permiten a los alumnos crear conciencia de los problemas sociales y jurídicos actuales, sostuvo el doctor Gerardo González Ascencio.

En un ámbito geopolítico marcado por la conquista de los mercados y procesos acelerados de concentración de los capitales, los efectos sociales generan desequilibrios continuos en materia de derechos humanos, problemas ambientales y de movilidad social, los cuales, en última instancia, están determinados por la dinámica de los mercados laborales.

Estas problemáticas, tanto el entorno nacional como el mundial, demandan constantemente un nuevo tipo de términos jurídicos y un entendimiento moderno sobre las maneras de hacer jurisdicción, advirtió durante su ponencia Las Líneas de Generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC) en la Maestría en Derecho. 

Después de los años 90 del siglo pasado, el mundo promovió una integración mundial de cadenas de valor –la globalización– así como unificaciones económicas regionales; sin embargo, esto ha profundizado las asimetrías sociales y políticas en los modelos de crecimiento. 

González Ascencio advirtió que en el entorno latinoamericano, estos procesos han derivado en respuestas sociales y políticas que buscan soluciones alternas, pero que enfrentan dificultades para articularse y encaran obstáculos para impulsar reformas. 

Para los estudiosos de la ciencia jurídica es de suma importancia conocer los fundamentos económicos y sociales y sus transformaciones, a partir de los cuales podrá comprenderse el marco jurídico específico que da soporte a las políticas neoliberales estrechamente asociadas con la evolución del marco normativo y con el establecimiento de un nuevo orden económico, jurídico y social.

La Maestría en Derecho está orientada a la investigación por LGAC a través de Unidades de Enseñanza y Aprendizaje (UEA), en las que se define su contenido a partir del análisis de problemas sociales que demandan una solución. Esto ocurre con la relacionada con el medio ambiente, en la que la indagación sobre esos temas y su vínculo con la agenda social incluye el abordaje de protocolos sobre problemas del hábitat que afectan a las comunidades locales con escasos recursos y requieren una exploración interdisciplinaria.

Además, están las UEAs que sustentan la LGAC en materia de derechos humanos y de los pueblos indígenas, campo disciplinar que en la última década ha generado demandas de investigación en todas sus manifestaciones, subrayó el profesor del citado Departamento de la Unidad Azcapotzalco.

La agenda nacional frente a la crisis de violencia exige un enfoque en la formación de investigadores y de programas en los que se analicen las políticas legislativas de expansión punitiva; el respeto a los derechos humanos de los detenidos, procesados y condenados; el rescate del papel protagónico de las víctimas del delito durante el procedimiento penal, así como la eficacia de las normas penales y el análisis de sus repercusiones sociales, apuntó el doctor González Ascencio.

Durante la inauguración de la actividad, la maestra Jazmín Sánchez Estrada afirmó que la Licenciatura en Derecho es una de las de mayor demanda de la DCSH en esa sede académica, además de contar con una Maestría en Derecho y un bufete jurídico. 

La jefa del Departamento de Derecho sostuvo que el objetivo de este Simposio es analizar cómo se han desarrollado las investigaciones con base en dos elementos fundamentales: su vínculo con la parte académica y con la sociedad. “Hay indagaciones muy sólidas con un impacto social importante”.

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