La alternancia política en México al inicio del siglo XXI no trajo como consecuencia la justicia social que esperaba la ciudadanía, sino por el contrario, llevó hasta sus últimas consecuencias el liberalismo antidemocrático e impulsó el mercado sin contrapesos, razones por las que la ciudadanía derrotó este modelo en las elecciones de julio de 2018, asevera el doctor Ricardo Espinoza Toledo.

El académico de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) explica el proceso político del presidencialismo de partido único –surgido de la posrevolución– presidencialismo del liberalismo antidemocrático –marcado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte– y la conversión al presidencialismo minoritario, un gobierno sin mayoría en el Congreso y caracterizado por la alternancia y la búsqueda del cambio político.

La categoría de partido único tenía la misión de alcanzar la justicia social por medio de las reformas agraria, laboral y social, principalmente, y su posición de administrador de los recursos de la nación y la posterior creación de un partido único (PNR–PRM-PRI) le permitieron la mayoría calificada en las Cámaras y el control de las gubernaturas estatales, elementos que dieron paso a la corrupción y el desarrollo de partidos de oposición, lo cual –aunado al olvido de sus objetivos sociales– provocó su declive en la década de 1980.

“El rumbo económico decidido por el gobierno se instituyó bajo el manto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el nuevo pilar del desarrollo requirió desaparecer los compromisos sociales del Estado para dejar que la libre acción del mercado y los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, entraran sin restricciones y se convirtieran en el motor de la productividad”, asevera el académico adscrito al Área de Procesos Políticos.

Como se ve, este modelo favoreció las privatizaciones, pero fue ineficaz para combatir los grandes males que afectaban a la sociedad como corrupción, impunidad, delincuencia, pobreza y desigualdad, por el contrario, los incrementó y fue caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos sociales opositores y el multipartidismo.

Las elecciones presidenciales de 2000 a 2012, dos periodos del Partido Acción Nacional (PAN) y de 2012 a 2018, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), estuvieron marcadas por la falta de mayoría en el Congreso; una inexistente tradición democrática, la polarización y desigualdad sociales, y el surgimiento de partidos de oposición permitió la alternancia política, sin embargo, esto no fue suficiente para que el cambio permeara también en las Cámaras, lo que dio como resultado presidentes minoritarios.

Ni los presidentes surgidos del PAN ni el priista que los sucedió cumplieron el cambio ofrecido, pues ambos partidos coincidían en que impulsar las privatizaciones era el camino hacia el desarrollo.

Ello permitió que el Ejecutivo finalmente controlara la oposición en el Congreso mediante un pacto político firmado en 2012 –caracterizado por “la distribución de los dineros públicos” a gobernadores, presidentes municipales, congresos locales, partidos políticos, empresas y periodistas– con lo que el presidente logró la aprobación de todas sus iniciativas.

Al mismo tiempo y a pesar del ingreso derivado del petróleo, con el PAN “el monto de endeudamiento alcanzó casi la tercera parte del Producto Interno Bruto (cuatro billones 452 mil millones de pesos mexicanos); el gobierno del PRI llevó la deuda a casi la mitad de los ingresos totales del país (ocho billones 315 mil millones de pesos)” y el costo de la corrupción se cargó a la ciudadanía mediante una política de austeridad que reducía el presupuesto destinado a salud, educación e infraestructura.

Todo ello provocó la oposición social a esas políticas económicas y permitió llegar al poder a Andrés Manuel López Obrador, primer presidente mayoritario desde que hay alternancia política, quien tiene la misión de “combatir las desigualdades sociales, la pobreza, la corrupción y la delincuencia en el marco de la mundialización y sin menoscabo de las libertades, un reto más complicado aún en un país en el que la corrupción y la impunidad borraron la frontera entre el crimen y la política”, concluye Espinoza Toledo.