Número 611
3 de diciembre de 2021
LA EVALUACIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEBE SER CRÍTICA, PERO BASADA EN CRITERIOS ACADÉMICOS
*La nueva Ley General de Educación Superior carece de una definición clara de excelencia y calidad
La comunidad académica nunca discutió cómo debería incluirse la acreditación en la nueva ley General de Educación Superior, debido a la cultura del autoritarismo y la verticalidad existentes y pareciera que hay una “especie de industria de la evaluación, con la cual todo el mundo está feliz”, sentenciaron los doctores Vicente Hugo Aboites Aguilar y Jesús Álvarez Calderón, en el segundo día del Encuentro por la Educación Superior en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Al participar en el Panel 3. Evaluación y acreditación de programas. Experiencias en la UAM, presentado por la doctora Norma Rondero López, secretaria general de la institución, el doctor Álvarez Calderón, académico del Departamento de Ingeniería y Procesos Hidráulicos de la Unidad Iztapalapa, consideró que es tiempo de reflexionar “y ver dónde estamos parados para ver qué estamos haciendo y hacia dónde va el mundo y qué grado de libertad tenemos, porque como no es posible cambiar todo, podríamos encontrar el punto intermedio dialogando entre todos los involucrados”.
Las instituciones de educación superior han hecho lo que las circunstancias han permitido –aun con las condiciones de evaluación impuestas durante la administración federal de Carlos Salinas de Gortari– “pero lo más preocupante en estos momentos es entender en dónde está el país y hacia dónde va, pero sobre todo cómo hacer nuestro trabajo, que es educar estudiantes como agentes de movilidad social”.
El Profesor Distinguido de la UAM destacó que el diálogo entre pares es un acto de transparencia que si se hace bien puede generar un ambiente en las universidades en el que prevalezca el pensamiento racional y científico para preparar mejores estudiantes “y, en el caso de nuestra Institución, aumentar en los jóvenes su coeficiente del estrato social que vienen para que tengan mejores oportunidades”.
El doctor Vicente Hugo Aboites Aguilar, académico del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco, subrayó la importancia de una evaluación crítica así como hacer un alto en el camino aunque se haya aprobado el nuevo ordenamiento puesto que no tomó en consideración a los académicos para discutir la acreditación que se prevé entre en vigor este año.
“Cuando estuve en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México respondí a un evaluador que todos los profesores ganábamos lo mismo y que todos los estudiantes tenían el mismo derecho a ingresar de acuerdo con el cupo, lo cual criticaron porque aseguraron que no había calidad; o bien, en la Unidad Xochimilco que cuenta con su tronco interdivisional donde los evaluadores no entienden que se trata de una interdisciplina y entonces no saben cómo hacerlo”, ejemplificó.
“El sistema de evaluación a la educación impuesto por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari nació una madrugada en Davos, Suiza, cuando se le ocurrió que podría firmar un Tratado de Libre Comercio con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá e integrar un capítulo para que la educación fuera incluida como un servicio. Después de 30 años constatamos que fue un fracaso reflejado en el entonces Ceneval, construido en el vecino país e impuesto en México”, rememoró el investigador.
Entonces, la acreditación estuvo cobijada por el gobierno y no por una universidad, pero además funcionó también para evaluar a 15 millones de niños cada año, 75 por ciento de los cuales eran calificados como insuficientes, mientras que años más tarde cientos de miles de maestros serían acreditados con la Ley Educativa promovida por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El doctor Romualdo López Zárate, académico del Departamento de Sociología de la Azcapotzalco y moderador del panel, mencionó que aunque este sistema tiene entre sus características ser público, diagnóstico y no punitivo “habrá que estar atentos porque al propio presidente le pareció sospechoso que fuera aprobada en el Congreso no sólo por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) sino también por los demás partidos.
La doctora Mitzi Danae Morales Montes, jefa del Departamento de Estudios Culturales de la Unidad Lerma, consideró que la acreditación y la evaluación pueden tener un acierto toda vez que dentro de las ventajas que se pueden encontrar es que los mercados que poco tendrían que saber de los criterios académicos con estas acreditaciones podrían tener información útil para la contratación de los egresados.
Entonces, “en este momento en que ese proceso se ve como la salida conviene tener en cuenta que hay cierta sospecha de la calidad de las universidades, no solamente públicas sino también privadas, pero más respecto de las públicas porque veníamos de un momento histórico donde había movimientos estudiantiles y cuestionamientos de si estábamos haciendo profesionistas o comunistas”.
El doctor Héctor Fernando Sánchez Posadas, académico del Departamento de Electrónica del campus Azcapotzalco, comentó que la nueva Ley General de Educación Superior recoge mucho de las buenas prácticas desarrolladas en años anteriores donde el detonador que propició el desarrollo de la evaluación y aceptación fue la creación del Programa de Fortalecimiento Institucional, ya que propuso instrumentos que incentivaban y hacían apetecible para las instituciones públicas acceder a estos procesos, que fueron llevados por académicos, sobre todo en la parte de las dictaminaciones.
“Personalmente centraría la importancia en el rigor metodológico y el apego estricto a criterios académicos, así como en identificar los propósitos que se persiguen con la acreditación, porque está muy difuso en la Ley lo que se entiende por calidad y excelencia, porque hablamos de ella, pero no veo que esté establecida una definición más o menos clara”, puntualizó.
Los ponentes, reunidos en el auditorio Arquitecto Ramírez Vázquez, coincidieron en que las universidades deben ejercer su autonomía para enfrentar este proceso de transición complicado que evidencia la desconfianza del titular del Ejecutivo hacia el quehacer académico.
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