El abandono del Estado de sus funciones como regulador del mercado de granos básicos, semillas y fertilizantes, y como principal operador de las políticas de fomento productivo, ha provocado la reducción y la reestructuración de la producción de alimentos básicos –de 1994 a 2015 la superficie sembrada de arroz disminuyó 60 por ciento; de frijol 22 por ciento, trigo 27 por ciento y maíz ocho por ciento– y el control del mercado de insumos y productos en el sector agropecuario por unas cuantas empresas, sostuvo el doctor Miguel Meza Castillo.

El académico del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) resaltó que lo anterior ha generado el aumento de la dependencia e inseguridad alimentaria en México, los cuales no son fenómenos coyunturales sino estructurales.

Son producto, en gran medida, del cambio del patrón de acumulación de capital que comenzó a configurarse a finales de los años setenta del siglo pasado, como respuesta a la crisis de rentabilidad, cuyo punto de quiebra en el país fue la crisis de la deuda externa hace 30 años, dijo durante el Seminario Soberanía alimentaria en México: Tecnología, Ecología, Cultura y Alimentación.

“En México, la doctrina económica neoliberal no fue un acto soberano del gobierno, se debió, en gran medida, a la fuerte presión de organismos financieros multilaterales”, y “la política de liberación del mercado de productos, así como el de dinero y de servicios dio lugar a la operación de los grandes grupos empresariales monopólicos”.

Además la política neoliberal ha provocado serios cambios en la comercialización, debido a que la compra de granos, y en particular la de maíz, quedó en manos de compañías privadas nacionales y trasnacionales, que inciden en los precios, tal es el caso de Cargill, Archer Daniels, Maseca y Minsa.

Por otra parte los cambios en la política de producción y comercialización de granos favoreció la monetarización en el sector rural que ha incido en los patrones de consumo, por los recursos que entregan Prospera y Procampo.

Con la apertura comercial, la importación de alimentos aumentó, pasando el saldo de la balanza comercial agropecuaria de ser superavitario a deficitario y en los últimos lustros el déficit ha crecido en forma notable.

Si bien entre 1995 y 1999 el superávit promedio anual era de 263 millones de dólares, para 2010 a 2014, el déficit fue de 3,325 millones de dólares, lo que significa que se incrementó en más de mil cien por ciento.

Por otra parte en el quinquenio 1995-1999 se pagaron 7,152 millones de dólares por concepto de importaciones de cereales, pero en 2010-2014 ascendió a 22,713 millones de dólares, es decir que el monto de pago se triplicó. En conjunto por importaciones alimenticias se pagaron 53,670 millones de dólares. Casi la mitad, 48 por ciento, correspondió a importaciones de maíz.

Los datos demuestran que “lo grave es que nuestra dependencia hacia el exterior hace al país extremadamente vulnerable, y lo pone en una situación de alta dependencia y de inseguridad alimentaria”.

La maestra Blanca Olivia Acuña Rodarte, profesora de la Maestría en Desarrollo Rural y de la Licenciatura en Sociología de la Unidad Xochimilco, indicó que si bien los programas y presupuestos han aumentado, la pobreza de alimentos en el medio rural no se revierte.

La respuesta está en que “la visión del Estado neoliberal es ofrecer soluciones técnicas, pues su enfoque se limita a la seguridad y no a la soberanía alimentaria”. Por ello se ofrecen despensas, transferencias monetarias, y para atender la desnutrición suplementos alimentarios, aunado a que no hay correspondencia entre los programas.

La académica adscrita al Departamento Relaciones Sociales, especialista en temas de soberanía y pobreza alimentaria y medio rural, dijo que Prospera ha acrecentado su presupuesto en más de 60 por ciento, al pasar de 50 mil millones de pesos, en 2008, a 82 mil millones de pesos, en 2016, pero la pobreza de alimentos se mantienen en un ciclo perverso.

Prospera junto con los otros programas creados para enfrentar este fenómeno como Cruzada contra el hambre, Despensas, Desayunos escolares y Suplementos alimenticios han fallado porque han hecho que los beneficiarios dejen de ser productores de sus alimentos.

También han fallado porque son compensatorios, transitorios, desvinculados al fomento productivo y clientelares, generan dependencia del Estado por las transferencias monetarias o ayuda económica condicionadas y cambian las prácticas de consumo.

La maestra Acuña Rodarte mencionó que el incremento de la pobreza en el medio rural se ha sostenido en alrededor de 60 por ciento, en un ámbito de caída de la producción e incremento de las importaciones de alimentos, así como de aumento en los precios cercana a 70 por ciento en menos de una década y con programas productivos y sociales para los pobres que son compensatorios, excluyentes y limitados, acrecentando la desigualdad y la concentración de recursos.

Además de que el valor de la canasta alimentaria rural se elevó cerca de 70 por ciento al pasar de 559.17 pesos, en 2007, a 935.66 pesos, en 2016.