Número 372
21 de julio de 2023
Claroscuros del Plan B generan una contradicción con la Constitución
*Contradictorio, que sólo el Congreso determine la postulación de candidaturas: egresado de la UAM
*En 2021 se dio el boom para este tipo de acciones en México
Ana María Lozada Xochicale
Las acciones afirmativas en el llamado Plan B representan una serie de claroscuros que generan una contradicción con la Constitución al señalar que el Congreso es el único que puede determinar la postulación de candidaturas y entorpece la labor de los institutos y tribunales locales para llenar los vacíos legales, situación que llena de incertidumbre ante la proximidad del proceso electoral, señaló el doctor Omar de la Cruz Carrillo.
El politólogo egresado de la Licenciatura y Maestría en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) comentó que, si bien uno de los puntos favorables es sin duda que se reconoce que los partidos políticos deben postular a 25 personas de la diversidad sexual, indígena, afromexicanos y con discapacidad en las categorías de mayoría relativa y de representación proporcional, existen algunos elementos cuestionables.
“Entre éstos el hecho que les da la libertad de colocarlos en cualquier distrito bajo el principio de representación proporcional”, refirió al impartir la conferencia Los derechos políticos de la comunidad LGBTTTIQ+. Un contraste entre los resultados de 2021 y la redacción del Plan B de la reforma electoral, organizada por el Departamento de Sociología del campus Iztapalapa de la Casa abierta al tiempo.
“El problema es cómo vamos a identificar o cómo puede alguien decir que pertenece a una de estas poblaciones sin violentar sus garantías humanas. Esta es una de las principales dificultades a las que se enfrentarán los organismos electorales de los estados, así como el Instituto Nacional Electoral (INE)”.
La otra cuestión tiene que ver con el tema de género, “en el que los fuerzas políticas colocan a las mujeres en los distritos que saben van a perder y ni siquiera les otorgan recursos, porque están enfocados en aquellos lugares donde tienen garantizado el triunfo, con lo que formalmente cumplen con la cuota”.
Lo mismo puede ocurrir con la lista de representación proporcional, pues es posible que digan que cumplieron y es algo que llena de incertidumbre porque prácticamente las elecciones ya iniciaron, refirió el coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
El también ganador por la tesis al mejor Estudio Doctoral en 2020 sobre Derechos Políticos para las Mujeres en América Latina mencionó que son los indígenas la segunda colectividad que empieza a luchar por su legitimidad desde 2012, aunque fue en 2021 cuando se dio el boom para las acciones afirmativas en México, porque el año anterior las demás poblaciones –afromexicanos, discapacitados, la comunidad de la diversidad, algunas organizaciones representantes de la juventud– comenzaron a buscar en el INE y en el Tribunal Electoral la creación de cuotas para esos sectores.
En la Sala H122 Dra. Laura del Alizal de la sede Iztapalapa, refirió que las personas de la diversidad fueron las únicas que construyeron una acción afirmativa con tratados internacionales a los cuales el Estado mexicano no estaba vinculado en 2021 y, por tanto, tampoco estaba obligado en términos jurídicos a cumplir con esto.
El doctor Adrián Hernández Cordero, jefe del Departamento de Sociología, destacó la importancia de esta mesa en la que participaron también los doctores David Román Islas Vera y Fabiola Camacho Navarrete, porque “estamos comprometidos con hacer visible la causa LGBTTTIQ+.
Islas Vera comentó que existen diversas aristas para discutir respecto a los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, “sin dejar de mencionar los estudios del envejecimiento, porque la vejez llega a invisibilizar y despolitizar un poco los cuerpos dentro del reconocimiento de las políticas públicas”.
Así, “quedan fuera muchas garantías que son violentadas e invisibilizadas, con lo que pareciera que volvemos al clóset al no existir un reconocimiento en la arena pública”.
Camacho Navarrete precisó erradicar la despolitización que “nos lleva de regreso al armario, así como también las condiciones institucionales del Tribunal Electoral que no reconocen nuestras atribuciones y nuestra ciudadanía, que es lo que está en juego”.
