Número 309

1 de junio de 2022

INTERESES COMERCIALES Y ERRORES DEL GOBIERNO,

TRAS RECHAZO A REFORMA ELÉCTRICA

A pesar de que el rechazo de la oposición legislativa a la reforma eléctrica propuesta por el gobierno de México obedeció a varios factores, destaca el evidente interés empresarial e influencia de actores que participan en la discusión pública y en las decisiones de los representantes de los partidos políticos de oposición en la Cámara de Diputados, afirma la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

“Dicho sector evaluó que la modificación a los procesos de producción y distribución limitaría las inversiones ya realizadas en el país, así como los beneficios de las mismas, pues en muchos casos representan la ventaja del autoabastecimiento que les permite ahorrar cientos o miles de millones de pesos en costos por la electricidad a las grandes empresas”, apunta en el artículo ¿Por qué se rechazó la reforma eléctrica en México?

 

Sin embargo, “considerar esos argumentos no es del todo ético ya que son cuestiones particulares que no suponen los posibles beneficios sociales, además que algunos grupos de empresarios tienen un canal de comunicación casi directo con diputados y senadores, por lo que sus argumentos tienen más peso, mientras que la influencia de la ciudadanía sólo puede hacerse presente a través de marchas u otras formas de presión colectiva, que generalmente son mal vistas”.

 

La también presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica reconoce que un segundo aspecto que abonó a la no aprobación fue que la redacción de la reforma establecía un marco de regulación más acotado para las empresas y desvanecía la imparcialidad de la competencia en este mercado.

 

Al respecto refiere la importancia de mantener un control en el actuar de las organizaciones en razón de que éstas sólo buscan su beneficio económico sobre cualquier cosa, así como fortalecer las estructuras institucionales para verificar que la ley sea cumplida por todos, incluyendo las industrias estatales. 

 

En este marco, la incorporación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generó dudas sobre la imparcialidad de sus dictámenes en el cumplimiento de la Ley.

 

En su análisis, la académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco destaca también la presión empresarial y gubernamental de Estados Unidos y de Europa, pues la reforma representaba una amenaza para sus intereses económicos, “ya que muchas corporaciones en el país que se benefician tanto de la figura de auto abastecimiento como de los certificados de energías limpias son de origen extranjero”.

 

Al parecer “el presidente también subestimó la relevancia del sector académico y científico, la sociedad civil organizada y el periodismo para influir en este tipo de procesos, manifestada a través de la crítica hacia algunos puntos negativos de la propuesta”.
 
El parlamento abierto y las mesas en las que se discutió la reforma tuvieron nulo impacto en la voluntad del gobierno hacia un diálogo que tendiera a su modificación.

 

“Esa falta de cooperación restó apoyo al proyecto que pudo haberse materializado como un beneficio efectivo para la negociación con aquellos sectores que no estuvieron de acuerdo”, explica la investigadora.

 

“El gobierno y sus aliados no comunicaron de manera efectiva el interés y efecto que tendría esta reforma para la población. Faltó una campaña adecuada para plantear el objetivo del Estado y a su vez fortalecer el vínculo con la población”.

 

En el proceso de discusión “se tomó como pretexto el tema del litio para evitar los puntos centrales y así se vertieron posiciones que no tenían relación con la electricidad, pero sí con este metal para justificar su rechazo. Estos elementos fueron empleados por representantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para oponerse sin un costo político mayúsculo, más allá del malestar de sectores afines al gobierno actual”.

 

El proceso de discusión dio pie a una modificación a la Ley Minera que mantiene intacta la utilidad pública de esa actividad, aspecto que ha sido criticado por sectores académicos, expertos y activistas en defensa del territorio como uno de los temas de mayor controversia, ya que al ser preferente está por encima de cualquier otra, excepto de la extracción de petróleo y generación de la electricidad.

 

“La discusión sobre el tema eléctrico debió haber girado en torno a la eficiencia técnica y práctica de la misma. Al ser una reforma que tenía como objetivo modificar los parámetros sobre los que operaba la industria eléctrica nacional era fundamental mantener acotado el tema para que fuese clara la exposición de motivos”, reconoce.

 

“Si bien el rechazo era previsible, también representa un golpe para el gobierno actual al que le restan poco más de dos años en la presidencia, por lo que sería importante rescatar elementos de este proceso para comenzar a construir más acuerdos antes de seguir generando polémica sin razón ni beneficio”, advierte la académica de la Casa abierta al tiempo.