Número 307

31 de mayo de 2022

SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL SALVADOR,

UN PROBLEMA DE SEGURIDAD HUMANA-SOCIAL

La situación que vive El Salvador no es sólo un problema de seguridad pública o nacional, sino de seguridad humana-social, donde el Estado achaca la responsabilidad total y absoluta de las violencias a integrantes de la Mara Salvatrucha y de la pandilla del Barrio 18, asegura el doctor Alfredo Nateras Domínguez, académico de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

Los asesinatos ocurridos en las calles han llevado al presidente Nayib Bukele a decretar “estado de excepción” al acusar y amenazar de manera abierta a estas agrupaciones sin tener prueba alguna de ser los autores de esos actos y aplicar medidas antihumanas para por lo menos 16 mil pandilleros privados de la libertad.

 

Entonces, “no se puede, como lo está haciendo Bukele, violar la Ley para supuestamente aplicarla, o implementar la barbarie para combatir la barbarie de las violencias de muerte”, pues aunque es cierto que una parte de estos grupos son causantes de entre 15 y 20 por ciento de los crímenes del país, la pregunta tendría que ser: ¿y del 80 por ciento restante quién es el responsable?”.

 

Lo cierto es que “nos encontramos frente a un Estado y sus instituciones que están administrando lo que se conoce como necropolítica, necropoder, es decir, prácticas punitivas, de control y represión pensadas y sistematizadas, encaminadas a decidir ¿quién vive? y ¿quién muere? Y no sólo eso es aún más sofisticado, sino ¿cómo se vive? y ¿cómo se muere?: de poquito a poquito, de gota a gota”, sostiene el investigador del Departamento de Sociología de la UAM.

 

Muestra de ello han sido las fotografías e imágenes que han circulado –en redes socio/digitales, periódicos nacionales e internacionales, espacios noticiosos, TV y Radio– y que son muy impactantes porque dan cuenta de torturas, humillaciones y vejaciones contra los que están encarcelados, mostrando sus cuerpos semidesnudos, apilados en patios, “cual campos de concentración”, mientras Bukele “las sube a su cuenta de Twitter, donde además hace burlas y escarnio contra estos agrupamientos”.

 

Por tanto, en ese país se vive una situación más que delicada que ha llevado a activistas, juristas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a protestar enérgicamente por “tales situaciones indignantes e inaceptables”, refiere el especialista en su artículo El Salvador, la necropolítica de Estado: el caso de la Mara Salvatrucha y la pandilla del barrio 18.

 

Sobre todo, porque a partir de los discursos del Estado y sus instituciones vuelven a “criminalizar y estigmatizar a estos grupos, usando una narrativa de populismo de derecha empresarial y construyendo el imaginario de ser una peste, terroristas y además se les coloca en el lugar de chivos expiatorios, a partir de lo cual se les achaca la responsabilidad total y absoluta de las violencias sociales de muerte que están ocurriendo en esa nación”.

 

Desde esa perspectiva, “el imaginario de seguridad del Estado salvadoreño, de sus instituciones, es que estos grupos los hacen fracasar, afean el paisaje neoliberal, por lo tanto, son factibles de ser desechables, son los parias, los nadie, los residuos a aniquilar y matar, sin ningún pudor ni ética. De ahí la criminalización y estigmatización de la adscripción identitaria, es decir, por pertenecer a estos agrupamientos sin mediar delito alguno, la pena de es de 25 a 30 años de cárcel”.

 

Mientras, para los integrantes de las maras “la lógica es al revés, el Estado salvadoreño y sus instituciones son los que han fracasado ante ellos por no haber procurado bienestar social, condiciones dignas de vida –tanto material como simbólicas–, de salud, recreación, educación y trabajos bien remunerados”.

 

En cuanto al Estado de “excepción”, implica que “los teléfonos de cualquier ciudadano pueden ser intervenidos, hay restricciones en la movilidad y los integrantes de estas agrupaciones pueden ser detenidos sin mediar orden de aprensión; la policía y los militares tienen permiso para usar la fuerza letal, lo cual ha llevado a la implementación de redadas, detenciones en los barrios donde habitan, arrojando cifras importantes de maras y pandilleros encarcelados”, sostiene el profesor-investigador de la Casa abierta al tiempo.