El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) entrevistó durante su sesión 382 a los cinco candidatos para ocupar la titularidad de la Defensoría de los Derechos Universitarios en seguimiento al proceso que se inició este 2015 para crear esta figura que contribuirá al mejor desarrollo y desempeño de la comunidad universitaria.
 
De este modo, la maestra María Teresa Ocejo Cázares, los doctores David Chacón Hernández, Gerardo González Ascencio, Leoncio Severino Lara Sáenz, Eduardo José Torres Maldonado dieron a conocer individualmente sus propuestas y programas de trabajo.
 
La equidad de género, ampliar el acceso de internet en la áreas comunes, la presencia del comercio informal en los espacios universitarios, así como la mejora de los servicios de comida y de administración escolar fueron algunos de los asuntos abordados, cuyas posibles soluciones fueron expuestas por cada uno de los candidatos.
 
Asimismo, presentaron su concepción de ombudsman en relación con las instituciones de educación superior, sus primeras acciones en caso de obtener ese nombramiento, la forma de trabajo, el presupuesto requerido para ejercer su labor, además de que se discutió el lugar físico más apropiado donde este defensor deberá ubicarse.
 
De manera coincidente, los entrevistados indicaron que la figura de defensor de los derechos universitarios que elija nuestra casa de estudios deberá conformarse como un referente para las demás universidades y organismos, pues cuenta con la oportunidad de renovarse bajo los principios de la buena fe, objetividad, independencia, legalidad, oportunidad, equidad, prudencia, conciliación, mediación y eficiencia.
 
Cabe destacar que hasta ahora se cuenta con alrededor de 20 figuras de este tipo, las cuales pertenecen a la Red de Defensoría de Derechos Universitarios y quienes se encargan de velar por el correcto cumplimiento de la legislación universitaria.
 
El Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios que aprobó la UAM en su sesión 378 de Colegio Académico establece que la duración del cargo es de seis años sin posibilidad de renovarse, debe ser miembro de la institución con una antigüedad mínima de 15 años y contar con experiencia en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos.
 
Después de este proceso de entrevistas a los candidatos, el órgano colegiado procederá a la discusión amplia sobre los perfiles y puntos de vista expresados por cada uno de ellos, posteriormente, se elegirá al defensor o defensora.