El decreto para reformar al Instituto Educativo en Oaxaca es un golpe directo al control que mantenía un grupo que se había apoderado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) desde hace 23 años y que había generado prácticas corruptas, sin rendir cuentas a nadie y cuyas estrategias de movilización eran violentas.

Es una decisión de Estado meditada que se tomó prácticamente desde que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) evitó negociar con la Secretaría de Gobernación y amenazó con boicotear las elecciones, advirtió el doctor en educación Carlos Ornelas Navarro, profesor-investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En entrevista sobre la creación del nuevo organismo en la entidad, el especialista en políticas educativas explicó que el decreto presentado para el nuevo Instituto educativo en Oaxaca no fue un documento redactado a la ligera, pues menciona los propósitos, fines y funcionamiento. Al establecer el Consejo directivo se consideraron los mecanismos burocráticos y la personalidad jurídica del Instituto, lo cual es un cambio radical.

Es una decisión de Estado que no sólo dependió del gobierno local; es una estrategia que tardó para ponerse en marcha debido a que pasaron muchas cosas, entre ellas, el escape del Chapo. La fecha fue importante pues se realizó después de la fiesta de la Guelaguetza y en periodo vacacional.

La clave está en la autonomía de gestión que tendrá el organismo, apuntó, pues entre sus artículos señala que todo el funcionariado de cualquier nivel del sistema educativo de Oaxaca debe ser personal de confianza, lo cual implica que los comisionados electos en asamblea regresan a su base.

Sin embargo consideró que esto implicará problemas estructurales severos, pues había más de 3800 maestros en mandos bajos, medios y superiores como comisionados que tenían una o dos plazas y trabajaban como burócratas. Para sustituir a esos docentes la sección 22 contrataba interinos que fueron basificados entre septiembre de 2013 y marzo de 2015 en el contexto de las negociaciones con gobernación.

A partir de la entrada en vigor del decreto, lo que va a regir en Oaxaca es el artículo tercero constitucional y las leyes que deriven de ella. Uno de los artículos señala que cualquier acuerdo tomado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca o que contravenga a lo estipulado por el Estado, no tendrá validez y esto no tiene retroactividades porque hubo violaciones a la ley.

Por otra parte habrá que ver qué sucede con otra irregularidad en torno a mentores que tengan dos o tres plazas y que no estén en la misma ciudad porque fueron dirigentes sindicales.

Ornelas Navarro detalló que el impacto de este Instituto en la calidad educativa será a mediano plazo, pues existe un porcentaje considerable de docentes que estaba en contra y quería dar clase, atender a sus alumnos, pero estaba limitado por los dirigentes.

Señaló la probable migración de maestros, que ya no verán el incentivo de las marchas para ganar puntos, hacia la sección 59 que les brinda mayor estabilidad y un liderazgo democrático confiable, así como la coyuntura de dirigentes que no estaban de acuerdo con las estrategias de la sección 22 y captarán maestros comprometidos con dar clases.

La sección 22 ya está en gran desventaja no tiene dinero pues se congelaron las cuentas y hay averiguaciones previas para 37 dirigentes. Habrá resistencia pero no podrán levantar la protesta como antes, porque además no hay una perspectiva homogénea entre las 15 corrientes que conforman esta sección sindical por lo que no podrán movilizar a los miles de maestros agremiados.