La orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) representa un gran reto por la intención de evitar que quede impune la deportación, traslado y confinamiento ilegal de niñas, niños y adolescentes ucranianos a Rusia, aseguró la maestra Sandra Salcedo González, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). (Minuto 03:32)
 
“Lo que más nos interesaría es que ese mensaje pueda concretarse, porque no deberían cometerse los crímenes de guerra, en este caso contra la población de infantes, sobre todo cuando se ha cultivado la creación y consolidación de sistemas internacionales para proteger la dignidad y los derechos de las personas”. (Minuto 11:43)
 
Aun cuando Moscú asegure que el dictamen carece de sentido desde un punto de vista jurídico, pues esa nación no reconoce al tribunal debido a que no ha ratificado el Estatuto de Roma, “sabemos que dependerá mucho de la comunidad internacional si se logra o no la orden de aprehensión y posteriormente un juicio, aunque por ahora habrá que ir viendo las respuestas de los países, que, por supuesto, irán con mucha cautela”.
 
El presidente de Estados Unidos Joe Biden expresó que le parece justificada la decisión, aunque no comentó mucho porque Washington no ha ratificado el Estatuto, destacó la académica del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco.
 
Lo mismo ocurre con otros estados que tampoco han aceptado cooperar con la CPI para perseguir esos crímenes considerados como más atroces; “quisiera equivocarme en esa lectura, porque siempre puede haber buenos avances y en este caso esperaríamos que pudiera protegerse a esas niñas y niños para que estén con sus familias y se investigue en modo adecuado”.
 
La maestra Salcedo González consideró que cualquiera que tenga esas conductas o cometa esas infracciones, sin importar su cargo, debe ser castigada y sancionada para evitar la impunidad, “siempre respetando el Estatuto de Roma, sus contenidos, las formas de pruebas y su garantía a la defensa”.
 
La orden fue emitida por existir información de la probable responsabilidad, además de que en este caso, conocido el viernes anterior, no va únicamente dirigido al presidente Putin, sino también hacia la Comisionada de los Derechos de los Niños de la Oficina de la Presidencia, María Lvova-Belova.
 
Entonces, “es una señal significativa, aunque no es la primera vez que se emite un dictamen de detención contra alguien que todavía está al frente de un Estado y no siempre se han tenido los mejores resultados, si bien la idea del fiscal de la CPI Karim Khan es garantizar que no se repitan”.
 
Por tanto, es relevante tener claro que la CPI sólo tiene competencia sobre cuatro grandes trasgresiones que han preocupado a la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas genocidio, crímenes de lesa humanidad y el de agresión, el cual ha costado un poco más de trabajo configurar con exactitud para que pueda ejercer su competencia.
 
“Esto podría generar críticas en torno a por qué sí contra el presidente de Rusia y no contra otros. En este caso la CPI va por la responsabilidad penal individual y no propiamente de Estados, no es una situación sencilla y representará un gran reto para la comunidad internacional, pues siempre ha sido la intención tener una Corte Permanente para que estas acciones tan graves no queden en la impunidad”, reiteró.
 
La deportación, el traslado o el confinamiento ilegal específicamente contra menores violan los Convenios de Ginebra, de los que Rusia sí es parte, aunque a unas horas de emitida la orden de detención, “declaraciones del propio mandatario ruso y de miembros su gabinete expresaban que no era válida, porque Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma”.
 
Estados que son parte del Estatuto de Roma –como México– están obligados a cooperar con la Corte y serían quienes tienen el encargo de ejecutar o no la orden de detención que emitió la CPI.
 
Por tanto, “en caso de que se determine la responsabilidad de los señalados sería un buen mensaje y un avance ver que nadie, sin importar su fuerza política ante la comunidad internacional, quede sin una sanción”, concluyó la especialista en Derechos Humanos y Sistemas Internacionales de Protección de las Personas.

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