Las instituciones de educación superior mexicanas deben ser parte fundamental de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Ley HCTI), al tener un papel destacado en la creación humanística, científica y tecnológica del país, pero se les está excluyendo, alertaron investigadoras e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 
Al intervenir en un Foro académico de diálogo sobre las iniciativas de este nuevo marco legal para organizar el trabajo científico y tecnológico en México presentadas al poder legislativo, el doctor Luis Mier y Terán Casanueva mencionó que en el artículo 64 se dice que sólo serán miembros de la junta de gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT) las 13 secretarías de Estado.
 
“También las universidades deberían de estar, pues lejos de hacer participar a las distintas comunidades que hacen ciencia, incluidos creadores o beneficiarios de ella, se les descarta simplemente de un plumazo al no ofrecerles ninguna colaboración en el desarrollo de la misma”, expresó quien fuera rector general de la UAM de 2001 a 2005.
 
Por ello, sostuvo que se vuelve “una ley gobiernista” que tiene una diferencia fundamental entre la primera parte, la cual es declarativa y, la segunda, en la que la situación resulta más difícil cuando se trata de explicar cómo se llevarán a cabo las acciones.
 
Para la doctora Giovanna Valenti Nigrini, “estamos presenciando una invisibilización de la producción del conocimiento en esta propuesta de Ley; me preocupa mucho que sólo se proyecta la invitación a docentes, humanistas e innovadores, de acuerdo con la decisión de la Junta para tener voz, pero no voto”.
 
La profesora del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco también abordó la ambigüedad sobre el tema de becas y apoyos, pues se plantea su universalidad, pero, al mismo tiempo, se dice que se otorgarán con base en la disponibilidad presupuestal.
 
“En pocas palabras pasamos de la certidumbre –con la necesidad de ajustes en función de las prioridades estratégicas de formación de recursos humanos de alto nivel– a la incertidumbre, con declaratoria de universalidad y pocas posibilidades de que se logre, dado el caudal de exigencias y problemas que enfrentan la sociedad y la economía de México”, añadió.
 
El doctor Carlos Contreras Ibáñez consideró preocupante algunas lecturas sobre la educación y la ciencia que implican “una mirada única que pretende abarcarlo y saberlo todo”, lo cual no es la naturaleza de la segunda, que promueve el debate, la crítica y los mejores elementos basados en evidencia.
 
“Sentimos que algunas de las formulaciones no están suficientemente fundamentadas, precisan mayor documentación y, sobre todo, que ésta también pase por la crítica, el diálogo y la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo”, aseveró.
 
El profesor del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa indicó que el derecho humano a los beneficios de la ciencia no se restringe sólo a ser consumidor, sino también a ser productor de la misma y, en ese sentido, es esencial garantizar la libertad de investigación.
 
“A veces se cree que ésta consiste en tener el permiso para hacer ciertas preguntas, pero la historia de la ciencia nos ha enseñado que no se trata de eso; nos interesa que toda la indagación científica y humanística esté bien sustentada en la posibilidad de romper paradigmas y encontrar cómo llamar a las nuevas maneras de enfrentarse al conocimiento”.
 
La doctora Yolanda Massieu Trigo refirió que, si bien la investigación y la educación no bastan para resolver los conflictos nacionales, en la Ley no se precisa cuáles son los mecanismos para que las pesquisas y tecnologías se expandan y se socialicen.
 
“Lo más que indica al respecto y me parece riesgoso, es decir que la indagación debe tener un impacto en las políticas públicas, pero qué pasa con esas áreas que no tienen una incidencia directa en el sector productivo como la filosofía, ¿se quedan sin apoyo?”.
 
La investigadora del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco mencionó que hay otros aspectos polémicos como los derechos de la propiedad intelectual, en los que se menciona un acceso libre a la ciencia y la creación de un centro nacional de información, lo cual es posible si se habla de instituciones públicas, pero deja huecos cuando se trata de las empresas que muchas veces son las beneficiarias de los subsidios.
 
En el Foro moderado por la doctora Gabriela Dutrénit Bielous, Profesora Distinguida de la UAM y quien ofreció una introducción a las iniciativas de legislación existentes, también expusieron los doctores Jesús Álvarez Calderón y Sergio Revah, Profesores Distinguidos de la Casa abierta al tiempo, así como David Romero Camarena y Víctor Toledo, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Dalila Aldana Aranda, docente del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados  (CINVESTAV) en el bloque La visión desde las ciencias básicas.
 
En el apartado La visión desde la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades también intervinieron los doctores José Luis Sampedro y Juan Manuel Corona Alcántar, académicos de las unidades Cuajimalpa y Xochimilco, respectivamente, y Roberto Rodríguez de la UNAM.
 
Además, se contó con las opiniones del doctor Javier Aparicio Castillo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C (CIDE), y la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
 
Desde la visión de los estudiantes participaron el maestro Benjamín Castro Tapia, en representación de alumnas y alumnos mexicanos en Reino Unido, y la maestra Diana Mojica Hernández, doctorante en la Unidad Xochimilco de la UAM, quien resaltó la importancia de incluir en la Ley aspectos relacionados con la renovación de plazas en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y nuevos mecanismos para integrar a científicos jóvenes.
 
“Necesitamos oportunidades para desarrollar conocimiento único para el país, también considero que no se está buscando la parte del alcance social, se está eliminando el valor agregado y esta equidad entre la colaboración de las mujeres al impulso del saber y de la oferta laboral y, por lo tanto, también se están limitando las fuentes de financiamiento para el avance de la indagación”, apuntó.