En el contexto de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, designado en 2009 por la Asamblea General de la ONU con el objetivo de poner de relieve el uso responsable de los recursos naturales y contar con una educación ambiental, las reformas energéticas llevadas a cabo por el gobierno mexicano se sitúan en un contrasentido al privatizar recursos naturales, sin considerar los efectos nocivos al ambiente y los impactos a la sociedad.
 
Para el doctor en antropología Carlos Cortés Ruíz, especialista en desarrollo sustentable de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), esta celebración del día 22 de abril es una de las expresiones de conciencia sobre lo que pasa a nivel global respecto al cambio climático y sus efectos.

En este tema todos somos responsables y a todos nos afecta, consideró. Pero al igual que en el plano económico, las diferencias no solo existen, se han acentuado al igual que las responsabilidades y los efectos.

Quienes menos tienen –dijo– más lo sufren, pues un fenómeno de la naturaleza, por las circunstancias de asentamientos e infraestructura, se convierte en desastre natural.

Sequías, inundaciones, lluvias, ciclones afectan con un mayor impacto a regiones pobres donde la gente pierde todo lo que tiene, no solo viviendas y pertenencias, sino sus recursos naturales y su medio de vida.

Responsable del Programa sobre Desarrollo Humano en la UAM, apuntó que así como las responsabilidades son diferenciadas, también el efecto, todos tenemos una huella de consumo y ante esto hay diversidad de iniciativas pues en muchas ciudades se recicla la basura, existe la defensa de los bosques urbanos y la creación de huertos familiares.

Estas acciones se encuentran en la línea de lo establecido por las Naciones Unidas para lograr armonía con la naturaleza como mecanismo imprescindible para alcanzar el justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Pero estas estrategias poco pueden hacer frente a las políticas y reformas que se han llevado a cabo en el país. Tal es el caso de la reforma energética que argumenta estar en beneficio de la sociedad, pero en la realidad se trata de un mecanismo para que grupos de poder político modifiquen las leyes para concentrar recursos sin considerar los efectos nocivos al ambiente o el deterioro de los recursos naturales.

Tal es el caso del gran impulso a la minería que se ha dado en el país y que ha llevado prácticamente a la concesión de la mitad del territorio nacional por unas cuantas empresas extranjeras.

La introducción del fracking –fracturar a presión con millones de litros de agua, arena y químicos amplias extensiones de las capas de la tierra para la extraer gas y petróleo– como uno de los mecanismos promovidos por la reforma energética a pesar de la oposición social nacional e internacional, sin importar la contaminación de aguas, suelos y agotamiento de los recursos en general.

La ley de aguas es el intento más reciente de privatizar todo, pues prácticamente han modificado todas las leyes: la agraria, la forestal, la de minas y aguas y todo se dirige a privatizar los recursos para que sean manejados por pequeños grupos que utilizan las instituciones para ello.

Tal es el caso del acueducto independencia que trasvasa las aguas del río yaqui que no estaba en el plan de infraestructura hidráulico y fue hecho de manera ilegal, violando todas las leyes.

Legalmente cuestionado por la Suprema Corte de Justicia, sus autores están libres, en tanto los dirigentes de la tribu yaqui que se resisten a este despojo arbitrario e ilegal, están encarcelados.

En este día mundial de la tierra la sociedad a través de diversas acciones demuestra su resistencia y busca alternativas para que la naturaleza no se siga deteriorando, su objetivo es frenar las políticas que atentan contra la sociedad y el medio ambiente