La democracia directa es un mecanismo de participación en el que la población tiene la posibilidad de construir bajo sus propios parámetros y condiciones alternativas para mejorar su calidad de vida, tanto en ámbitos cotidianos –trabajo, escuela o barrio– como en otros contextos decisorios de más amplio alcance como opinar, evaluar o rechazar actos e incluso revocar a las autoridades de gobierno en sus distintos niveles, señaló el doctor Víctor Alarcón Olguín, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 
Durante el Foro Global sobre Democracia Directa Moderna, organizado por esta casa de estudios, entre otras instancias, indicó que las prácticas de esta figura, asociadas con las consultas revocatorias, los referéndums o los plebiscitos, “requieren de participación en las urnas para poder desarrollarse”, por lo que puso énfasis en la ruta de empoderamiento que ofrecen las iniciativas legislativas populares o ciudadanas, por cuanto generan la posibilidad formal de que segmentos de la población puedan ejercer sus derechos de una manera propositiva e incidan dentro del debate público.
 
En la conferencia plenaria ¿Qué son los mecanismos de democracia directa y cómo funcionan en realidad?, el investigador el Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa apuntó que en México se considera la acción popular como un componente de este sistema, a través del cual se confiere a los habitantes el derecho de hacer propuestas de ley al Poder Legislativo y se encuentra concretamente incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 35 fracción VII.
 
Por lo tanto, agregó, el derecho de presentar iniciativas corresponde al Presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México y a los pobladores en un número equivalente, por lo menos, al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.
 
Algunas de las decisiones ciudadanas que se han presentado desde 2014, año desde el cual tiene plena operación, tienen que ver con el acceso libre a internet, la segunda vuelta electoral y la revocación del mandato, matrimonio y familia, reducción de precio de gasolinas y reforma educativa, de las cuales sólo una se ha dictaminado, aprobado en ambas cámaras y subsecuentemente publicada en el Diario Oficial de la Federación, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas  de 2016 (también llamada Ley3de3), expuso el académico.
 
El principal problema que puede ubicarse sobre “el escaso éxito” que se posee en el uso de esta figura se encuentra en la carencia de campañas de información eficaces hacia la población, para que conozcan la existencia de dicha figura y esto permita generar las actividades de preparación y diseño de la propuesta y posteriormente la recopilación y el acompañamiento de cabildeo adecuado dentro de las instancias legislativas para lograr su aprobación y publicación.
 
El doctor Alarcón Olguín advirtió que sólo mediante una apropiación efectiva de estos instrumentos “podremos estar dotando de capacidades que puedan incidir de mejor manera en los ámbitos más cercanos de la vida cotidiana”. La formulación de mejores marcos de convivencia a través de las leyes es una puerta que no debe dejarse de tocar, en tanto es una vía que conecta a las dimensiones participativa y representativa de las democracias.
 
Yanina Welp advirtió que las autocracias en el mundo están creciendo y algunas de ellas también defienden la participación, por lo que debe tenerse muy presente en el debate que sin ésta no hay democracia, pero no cualquier forma de intervención es demócrata.
 
La investigadora asociada en el Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, dijo que esto es muy importante porque los regímenes más intensivos en términos de cantidad de gente contribuyendo han sido los totalitarios “y eso nunca hay que olvidarlo”.
 
En América Latina los presidentes han sido los principales activadores, en democracias electorales, de este tipo de mecanismos para reforzar su poder “o al menos con esa intención porque no siempre les funciona”, subrayó.
 
Existe una “idealización de la actuación ciudadana” que debe ser matizada, porque pareciera que significa inclusión, y “tenemos muchas experiencias –analizadas desde hace años por la Sociología– en las que quienes intervienen normalmente cuentan con más educación, más tiempo y acceso a recursos, entre otros elementos, por lo que se trata un aspecto a tener muy en cuenta.
 
Margarita Sierra, de la secretaría de Participación Ciudadana de Jalisco, refirió que para asegurar la contribución electora, la gobernanza y la democracia el Estado cuenta con un marco jurídico “sumamente robusto que sostiene la democracia directa en la entidad”, en la que destacan las leyes de Participación Ciudadana para la Gobernanza, de Planeación Participativa y de Paz, así como otros reglamentos específicos.
 
En esta conferencia plenaria también estuvieron Doong Sy-Chi, de Taiwan Think Tank; John Matsusaka, académico de la Universidad del Sur de California; Marie Junemann, de Mehr Demokratie, Alemania, y Ricardo Fraccaro, ex ministro de Relaciones con el Parlamento de Italia.