Una nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) tiene que garantizar el acceso a los beneficios de la ciencia como un derecho humano y contribuir a fortalecer las capacidades para promover la mejora de este sector en favor del país, coincidieron los participantes en el ciclo de conversatorios Grandes temas y problemas del México contemporáneo: debates y diálogos rumbo a los 50 años de la UAM Xochimilco.

 

Para alcanzar lo anterior es necesario profundizar en el diagnóstico a partir de las diferentes iniciativas que se encuentran en discusión (dos en la Cámara de Diputados y tres en el Senado) y tratar de llegar a consensos que permitan a la nación contar con la ley federal que requiere, señalaron en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

La doctora Gabriela Dutrenit Bielous, investigadora del Departamento de Producción Económica, subrayó que México precisa una ley “moderna y consensuada” para poder avanzar en la trayectoria del desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales y “esto es lo que debemos considerar cuando se discuten las diferentes iniciativas”. (Minuto 49:53)

 

En el primer conversatorio Reformas para la política científica-tecnológica de México: iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e innovación –moderado por el doctor Francisco Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco– la académica reconoció que es preciso que la legislación ponga a las HCTI de cara al futuro.

 

Con la ley actual “tenemos un Consejo General de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación que incluye a varias de las autoridades del gobierno federal, pero también a representantes de administraciones estatales y de las comunidades científicas y por debajo de éste está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que es un organismo descentralizado”.

 

Al respecto, consideró que “es relevante seguir manteniendo un órgano de Estado en el que estén representados los distintos órdenes de gobierno y también las colectividades científicas, así como una gobernanza en la que haya instancias de colaboración en la toma de decisiones a distintos niveles.

 

La doctora Claudia Díaz Pérez, también investigadora del Departamento de Producción Económica, opinó que trabajar con diversas perspectivas y lograr incluir a la mayor cantidad de voces y enfoques “nos dará una legislación verdaderamente general”. (Minuto 35:00)

 

Hoy existen cinco propuestas, pero además hay muchos insumos que “nos podrían permitir construir un mejor diseño institucional, pero es importante resaltar el tema de la gobernanza, que emerge en cada una de las posiciones”.

En ese sentido, una legislación general debe considerar la integración vertical entre los diferentes órdenes de gobierno y horizontal entre las distintas voces que se expresan, porque además “una gobernanza incluyente le dará la legitimidad que requiere”.

 

La doctora Rosalba Casas Guerrero, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que el diseño de una norma general debe establecer las herramientas jurídicas necesarias con el fin de contar con un marco normativo para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país, así como para diseñar la política pública en la materia; tales herramientas deben contar con principios rectores universales que no impliquen un sesgo ideológico. (Minuto 20:28)

 

También debe ser suficientemente amplia para dar cabida a un conjunto diverso de valores que intervienen en el avance de estas actividades, pues las humanidades, ciencia y tecnología no son ajenas al contexto en que se despliegan.

 

Un tercer elemento tiene que ver con el derecho de toda persona a gozar de los beneficios de estos campos, pero debe establecerse una corresponsabilidad entre quienes generan el conocimiento científico y quienes lo usan, es decir, el grupo de actores que intervienen en el sistema nacional y en la política pública en la materia.

 

Otro componente importante es que establezca el mínimo de recursos que el gobierno está comprometido a destinar al sector; de no establecerse esta responsabilidad se corre el riesgo de que el respaldo a estas actividades se deje a la discrecionalidad de los gobiernos y a sus orientaciones prioritarias. Además destacan la democratización de las políticas en el sector y el despliegue de mecanismos específicos.

 

La diputada María Eugenia Hernández expuso que la iniciativa enviada por el Ejecutivo “no es una propuesta sacada al azar”, pues durante tres años se llevaron a cabo foros en la Cámara, así como a nivel regional en varios estados “y escuchamos a los diferentes sectores, incluidos los científicos y representantes de la iniciativa privada.

 

Desde 2019 México reconoce el derecho humano a participar de los beneficios que resultan del avance del conocimiento científico, el desarrollo científico y la innovación y “se fueron integrando diversas iniciativas que hoy están contenidas en el proyecto del Ejecutivo”.

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks indicó que “tenemos que concentrarnos en los ingredientes que debe tener una legislación y en por qué surge la necesidad de una nueva ley general”. (Minuto 26:38)

 

Ésta tiene una jerarquía superior a una constitución local y a las de cada municipio y de la Federación y en ella tiene que haber diferentes elementos, el primero un sistema nacional de planeación; el segundo, métodos locales de proyección con información confiable; el tercero, mecanismos de gobierno y de gobernanza en los planos nacional y local para involucrar a los actores.

 

El cuarto componente es que debe resolverse el tema de financiamiento y, por último, “tiene que haber una armonización entre todo el entramado que tenemos hasta este momento”.

 

Las cinco iniciativas presentadas “son respetables”, pero ninguna está cerca de la perfección y “algunos creemos que el filtro tiene que pasar sobre todo por las comunidades académicas”.

 

El procesamiento de la nueva ley tiene que ser de cara y de frente al país “que está urgido de buenas noticias, por lo que es preciso hacer a un lado criterios y dogmas que nos separen”, y algo que puede dar una buena ruta es “comprender que debatir no es reñir, discrepar ni reprimir y que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado”.

 

Durante la inauguración del ciclo de conversatorios, el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la UAM –quien estuvo acompañado de la doctora Norma Rondero López, secretaria general de la Institución– sostuvo que en un tema con importantes repercusiones como la gobernanza y el financiamiento resulta relevante la dirección que pueda tomar el desarrollo científico, humanístico y tecnológico de México.

 

La Casa abierta al tiempo tiene la certeza de que el diálogo y el intercambio de ideas entre la academia, los actores sociales y las personas tomadoras de decisiones propician ecosistemas de aprendizaje significativo, que además de ser útiles, son necesarios en la formulación de políticas públicas.

 

El Rector General agradeció la intervención de las y los especialistas de esta mesa, tanto de la Casa abierta al tiempo como de instituciones hermanas, porque la construcción de planteamientos de beneficio colectivo debe concebirse a partir de un diálogo plural e incluyente.

 

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