La resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Tzompaxtle Tecpile contra el Estado Mexicano, que todos los poderes están obligados a cumplir, es histórica, absoluta y contundente” y beneficia a las víctimas en primera instancia, pero también a las personas más vulnerables del pueblo de México, señalaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), A.C. durante el encuentro que sostuvieron en la Unidad Azcapotzalco de esta casa de estudios.

 

El doctor Antonio Salcedo Flores, investigador del Departamento de Derecho, sostuvo que “no he visto una sentencia tan contundente, fraterna, solidaria y consciente de los problemas que enfrentan las clases más vulnerables, como la notificada el 27 de septiembre al Estado mexicano”.

 

La notificación se refiere a la detención en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaztle Tecpile y Gustavo Robles por parte de agentes de la policía, así como a la figura de arraigo y prisión preventiva oficiosa en la legislación mexicana.

 

Salcedo Flores dijo que no se trata de cualquier resolución, ya que de las ocho que existen contra el Estado Mexicano, ésta es la más completa, porque “toca al poder constituyente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Ejecutivo Federal y a todos los jueces y juezas” del país.

 

El académico indicó que el dictamen no condena a una autoridad, “sino a un sistema jurídico en situaciones de las más significativas como la libertad personal”.

 

La UAM, a través del propio doctor Salcedo Flores, presentó un Amicus Curiae de 125 páginas, producto de siete artículos publicados en medios nacionales y extranjeros, en los que estudiantes y profesores destacaron que con la prisión preventiva oficiosa había violación de derechos humanos y “hoy es condenada”.

 

Fray Julián Cruzalta Aguirre, fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, expresó que el fallo es importante porque toca dos temas que han dañado y dañan a mucha gente en el país: el arraigo y la prisión preventiva y, en esa medida, tiene un sentido social.

 

En el párrafo 219 se señala que está notificado el Estado Mexicano, el cual tiene tres poderes, incluido el Judicial, por lo que desde el día 27 de enero los juzgadores deben tomar en cuenta la sentencia: “no más arraigo y no más prisión preventiva oficiosa, sólo la justificada”.

 

Ni el veredicto ni la Red Solidaria Década contra la Impunidad van en contra de la prisión preventiva, pero “lo que nos parece desilusionador respecto de los derechos humanos es la oficiosa”; la Corte pide el test de proporcionalidad a partir del 27 de enero” y, por lo tanto, “cualquier juzgador mexicano está obligado a acatar ese fallo”.

 

Las víctimas de este caso no están de acuerdo con que “sólo se nos indemnice, queremos el cambio en la Constitución para que no se dañe a más gente; no sólo se trata de la reparación del daño, el mayor resarcimiento es que ya no se lesione a más gente con el asunto del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa”.

 

El licenciado Armando Vanegas Martínez, abogado de la red y representante de las víctimas, expuso que la resolución “que no es sólo de este grupo de trabajo, sino de todo el pueblo mexicano” y es histórico porque hace un ordenamiento para la modificación de la Constitución; “si bien cada quien va a entender estas cuestiones de manera particular”, porque el derecho es interpretativo, “pero por fortuna hay muchas cosas que tendrán que cumplirse”.

 

La maestra Sandra Salcedo González, investigadora del Departamento de Derecho y representante de las víctimas, manifestó que la sentencia trae muchas implicaciones y posibilidades para nuestro sistema de justicia “que hay que asumir desde cualquier espacio social”.

 

Sobre el dictamen apuntó que la Corte Interamericana encuentra responsable al Estado Mexicano por la violación de los derechos a la integridad y libertad personales, a las garantías judiciales y a la protección judicial, contenidas en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

La sentencia es por las víctimas, “pero también por toda la gente que ha sufrido violaciones en sus derechos por la implementación de la figura del arraigo y de la prisión preventiva, y además por los que podemos estar en un riesgo latente que es constante en nuestro país, de enfrentar esos cargos”.

 

La académica añadió que el compromiso como representación jurídica es cumplir a las víctimas y que el esfuerzo de seguir las instancias nacionales e internacionales sea en un beneficio de todos los mexicanos.

 

En la presentación, que fue presidida por el doctor Jesús Ramos García, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, también estuvieron la maestra Jazmín Sánchez Estrada, jefa del Departamento de Derecho, y el maestro Carlos Zazueta Vargas, representante de las víctimas.

 

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