Las políticas fiscal y monetaria de México no responden a las necesidades sociales y han creado un medio restringido al interés del sector privado globalizado, ya que todo está dirigido hacia una economía comandada por las ganancias, pero no por los salarios, afirmó el doctor Germán Vargas Larios.

El investigador del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) refirió que la carga fiscal en México alcanza apenas diez por ciento, en tanto que en países desarrollados como Francia y Suecia está arriba de 50 por ciento y en Estados Unidos y Gran Bretaña entre 30 y 40 por ciento.

La política fiscal del país no se utiliza como mecanismo de distribución del ingreso y, por tanto, no resulta un atenuante de la desigualdad social porque “con diez por ciento de recaudación no es posible impulsar el desarrollo en el país.

“La política económica se debe reconocer como pública y por tanto sujeta al escrutinio y no como una fortaleza de tecnócratas ni de gobernadores del Banco de México, algo que no sólo incide en la desigualdad sino también en el crecimiento y la precariedad social”.

Al dictar la Conferencia: ¿Cómo inciden las políticas públicas en la desigualdad social? –durante el Seminario Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades– apuntó que las políticas públicas se han transformado, pues ahora dependen de una constelación de actores de ámbitos diversos y no sólo del gobierno, como en el viejo Estado de bienestar.

Esto evidencia nuevas formas de relaciones entre sociedad y gobierno, así como entre actores y autoridades que van evolucionando hacia otro orden social.

Las políticas púbicas tienden a verse, alternativamente, como resultado de un sistema de orden negociado en el que hacer política pública es debatir, argumentar y convencer y, por tanto, podrían describirse como una especie de construccionismo moderado.

Si bien ha modificado sus formas –con la sustitución del centralismo por vías de mayor autonomía de la nueva gestión pública– el objetivo sigue siendo el mismo: proporcionar los procedimientos jurídicos y los dispositivos administrativos que doten de racionalidad y certidumbre el comportamiento de los agentes en el capitalismo moderno.

De este modo, la evolución de las nuevas formas de regulación para resolver problemas sociales oscila entre el sistema de orden negociado y la “jaula de hierro” que en la práctica se presentan como modelos combinados e híbridos, y ambos cubren necesidades específicas del sistema económico.

El investigador detalló que el esquema de orden negociado contribuye con una imagen de modernismo y liberalidad que beneficia la legitimidad del gobierno, actualmente en crisis; de igual manera, el institucionalismo proporciona el ajuste necesario para promover el buen desempeño y mejores prácticas como fundamento de una nueva institucionalidad del sector público.

Respecto de las privatizaciones comentó que el hecho de que el gobierno no tenga una responsabilidad directa sobre un bien público implica que no se le puede reclamar por un mal servicio, lo cual es un elemento esencial de las nuevas formas de la administración pública que no eliminan, sino cambian, las prácticas de control directo por otras de supervisión indirecta a través de corporaciones privadas.

Al mismo tiempo definen el nuevo estatuto de Estado regulador, proporcionando un margen mayor para sortear los problemas de legitimación.

El doctor Vargas Larios lamentó que las políticas sociales en vigor sean de corte asistencialista y ostenten una gran eficacia, pues “deambulan en una artificiosa separación entre lo económico y lo político, cuando se requiere poder combinar equidad con principios de eficiencia económica y pasar así de políticas asistencialistas a políticas sociales sustentables”.

Para generar un cambio en el modo en que se llevan a cabo las políticas públicas es necesario contar con iniciativas de la sociedad civil, como mecanismo de presión a los tomadores de decisiones a quienes se recomienda una visión multidisciplinar.

Además se debe reconsiderar la política macroeconómica y evitar que su costo sea con cargo al salario y, en su lugar, aumentar la inversión pública en infraestructura con base en una reforma fiscal redistributiva.

El severo déficit de infraestructura en todo el país, así como del sistema financiero mexicano o la ausencia de un sector financiero y la falta de impulso a las pequeñas y medianas empresas son otras necesidades que debieran ser atendidas para disminuir la desigualdad social.

El investigador señaló que si los políticos no tienen legitimidad para afrontar las nuevas realidades, la universidad debe aprovechar su credibilidad social para vincularse con todos los sectores y desde ahí generar cambios.