La implementación de formas alternas para la solución de conflictos planteadas en la reciente reforma al sistema jurídico nacional “busca no sobresaturarlo, permitiendo que todos los asuntos de verdadera trascendencia sean los únicos que lleguen a la última etapa del procedimiento penal de corte acusatorio que es el juicio oral”, señaló la doctora Sofía Cobo Téllez, profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

En la mesa Análisis del Sistema Procesal Penal, realizada en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la especialista dijo que es fundamental establecer medios alternos para la resolución de conflictos que permitan atenderlos de manera estructural y posibiliten la restauración del daño, evitando la reincidencia delictiva.

Cobo Téllez consideró que “cuando entendamos que la audiencia de juicio oral no es la regla general, sino al contrario, es la última ratio, las cosas empezarán a cambiar”.

La experta en proceso penal acusatorio indicó que los cambios al modelo de impartición de justicia traerán consigo nuevos desafíos, que se solventarán mediante la creación de políticas públicas, la capacitación y la actualización de operadores, el incremento de recursos humanos, materiales y financieros, así como la elaboración de estrategias multimodales de reinserción social y prevención del delito, entre otros aspectos.

La efectividad depende de múltiples factores de orden político, económico y social, por lo que la consolidación y fortalecimiento del nuevo modelo debe incluir la participación de la sociedad civil, la realización de campañas y ejercicios comunitarios y la medición periódica de los resultados, sin perder de vista que su éxito se reflejará en la no reincidencia delictiva.

El tiempo es fundamental para la operación efectiva de cualquier sistema, por lo que deberán pasar algunos años antes de ver resultados significativos, puntualizó.

El doctor Antonio Salcedo Flores, profesor-investigador del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco, apuntó que si bien se han logrado avances en la materia, persisten muchos vacíos, como la violación de los derechos humanos y la ineficacia en la administración y procuración de justicia.

Sin embargo, afirmó, también deben reconocerse sus virtudes, por ejemplo, la presunción de inocencia a nivel constitucional, la garantía de que la prisión preventiva debe ser provisional y la nulidad de las actuaciones, entre otras.

El licenciado Javier Huerta Jurado, director de Alegatos y quien moderó la mesa, insistió en la urgencia de estudiar a fondo las transformaciones derivadas del cambio en la normatividad, además de generar diálogos interdisciplinarios entre académicos y estudiantes, que permitan llevar a buen puerto la procuración de justicia en el país.

En la actividad, organizada por la Revista Alegatos –publicación del Departamento de Derecho de esa sede académica–, los especialistas coincidieron en que la reciente reforma al sistema jurídico nacional representa un nuevo modelo de impartición de justicia que incluye, entre otros aspectos, los juicios orales y otras formas para la solución de conflictos, como la justicia alternativa y los procesos abreviados.

También hicieron énfasis en la necesidad de “asumirnos como parte de esta transformación, no solamente con la creación de leyes y el actuar de una autoridad u órgano administrativo ejecutor, sino de darnos cuenta que el delito es un fenómeno multifactorial y, por lo tanto, las respuestas deben ser multiagenciales”.