En los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República Mexicana, fenómeno que se registra principalmente en la zona centro-sur del país, refieren los doctores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, profesores-investigadores de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 
Esta manifestación presente en diferentes etapas de la vida social de México y América Latina, evidencia la crisis de autoridad y en el contexto mexicano forma parte de una crisis del Estado, indican los investigadores del Departamento de Sociología, en la investigación Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014), publicada en el número 187 de la revista El Cotidiano.
 
Los linchamientos son agresiones y castigos infligidos a individuos a quienes se asocia con delitos de distinta gravedad como la que representa el abuso policiaco,  el robo, el atropellamiento y la violación, entre otros. Faltas cometidas ya sea por civiles o individuos que ostentan cargos de autoridad. Se trata entonces de una historia de impunidades, donde el abuso, la prepotencia y la corrupción política o judicial, sumadas a la negligencia de autoridades políticas, expresan también la inoperancia del sistema de administración de justicia.
 
Los doctores enfocan el estudio en un periodo que se distingue por el empobrecimiento de la sociedad mexicana y los cambios socio-políticos, del que destacan la acción colectiva y la violencia social de grupos heterogéneos que pretenden restituir el orden social a nivel micro, ante la incapacidad de las autoridades de actuar contra la violencia e inseguridad públicas en el sentido que la sociedad espera.
 
Aunque hay ya una definición clara del linchamiento, los académicos distinguen algunos elementos que facilitan la observación empírica, como el hecho consumado y la tentativa infructuosa de “provocar la muerte”.
 
Otro rasgo fundamental es el carácter generalmente anónimo de los participantes en el acto con una función punitiva; anonimato de la acción condicionado por su duración y ésta a su vez por el grado de violencia ejercida.
 
La investigación determina que el anonimato que permea a la acción colectiva de los linchamientos, sumado a su muy frecuente espontaneidad, le imprimen un carácter altamente violento y pasional que genera en los participantes un sentimiento compartido del “deber cumplido” al hacer justicia por su propia mano.
 
En los 26 años de estudio no ha habido uno en que no se produzca al menos un evento violento en el país, pues de acuerdo con el seguimiento en diarios de circulación nacional y local se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República Mexicana, lo que da un promedio de 13.6 eventos por año, explican los académicos.
 
Los picos más altos se observan en 1997 con 27, 2010 con 47 casos y 2013 con 40, que sumados representan poco más de un tercio del total del periodo.
 
En siete de las 32 entidades federativas se concentra el mayor número de casos (80 por ciento) 296 de 366 contabilizados en todo el periodo. El Estado de México y Distrito Federal encabezan la lista, seguidos de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En contraste con estos datos Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas no presentan un solo evento en el periodo de estudio.
 
Es significativo destacar, añaden los académicos, que 266 de 366 casos son tentativa de linchamiento y 100 son consumación del acto, lo que establece una razón entre ellos de 2.7 tentativas por cada uno de los linchamientos consumados, o bien 73 por ciento frente a 27 por ciento, el análisis de los datos refiere que la relación de la sociedad con las instituciones se expresa de manera diferente y la caracterizada por la violencia es cada vez más recurrente, aunque también cada vez menos letal.
 
El incremento sustancial de la violencia colectiva como respuesta a motivaciones profundas necesarias de escudriñar para poder explicar el fenómeno, se suman al descontento social y a la complicidad tan común en México entre policías y ladrones, esta última la que más ha erosionado la confianza de la sociedad mexicana entre quienes representan a las instituciones.
 
La espiral de violencia que se vive en el país coloca a individuos y grupos sociales en una situación de indefensión y agravio permanente, y mientras las condiciones de injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, los casos de acción colectiva se seguirán registrando con mayor frecuencia e intensidad; situación de incertidumbre que resumen con la expresión “nuestra vida actual transcurre entre el Estado de Derecho y el espíritu de Fuenteovejuna”.