El caso de Ficrea es muy serio porque implica el desfalco a cerca de siete mil ahorradores de la sociedad, quienes confiaron en esta sociedad financiera popular para invertir su patrimonio, pero además había un grupo de ahorradores cuyos montos de inversión eran altos, de dudosa procedencia y cuyas operaciones no estuvieron debidamente observadas por los órganos reguladores, señaló la doctora María Guadalupe Huerta Moreno.

Al abordar el caso esta empresa, la académica del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) explicó que una sociedad financiera popular (Sofipo) está regulada por dos instancias: por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Federación Atlántico Pacífico, las cuales en 2008 autorizaron iniciar operaciones, por lo que contó con el aval de ambas instancias.

La especialista en políticas públicas y financieras sostuvo que es raro que las autoridades conocieran que tanto activos como créditos estaban superando la cartera de crédito de algunos bancos como ABC Capital, Autofin y Bancrea.

Esto debió de llamar la atención de los reguladores de la Comisión y de la Federación encargada de vigilar las operaciones de Ficrea, el problema es que el director de la federación estaba invirtiendo recursos de la propia Federación en Ficrea, violando la normatividad de la ley de ahorro y crédito popular.

Existe un quebranto a cerca de siete mil ahorradores de la sociedad, personas que en un 42 por ciento están cubiertos por el seguro de depósitos correspondiente a 20 mil UDIS, es decir 130 mil pesos, pero había otros que tenían entre uno y cinco millones, y sólo podrán recuperar ese monto y acaso una parte proporcional cuando se liquiden los activos.

Huerta Moreno detalló que hay otro grupo de ahorradores que tenía entre 70 y 100 millones de pesos, lo cual es ilógico pues este tipo de inversión no se ahorra en una financiera popular.

El problema no es sólo de supervisión, sino que la Sofipo sabía que las grandes inversiones de millones de pesos pudieran provenir de operaciones ilícitas y en caso de quebranto, estos supuestos ahorradores no reclamarían sus recursos porque no tenían una forma legal de mostrar su origen.

Hay una suerte de falta de vigilancia, apuntó, pero también de contubernio porque el crecimiento de la cartera era inusual, por lo que desde 2012 las autoridades debieron de haber tomado cartas en el asunto y no lo hicieron. La regulación es muy clara, los directores de las federaciones no pueden invertir porque habría conflicto de intereses, el problema es que se viola la ley de forma reiterada.

Un paso fundamental que permitirá a la sociedad recuperar la credibilidad sobre autoridades en las que nadie cree es que se capture, exista una incautación de todos los bienes de Raúl Olvera Amezcua, director de Ficrea, y lo encarcelen.

En segundo lugar dentro de la federación, castigar a los culpables por no hacer una debida regulación y por violar la ley del ahorro y crédito popular invirtiendo en este tipo de financiera, y tercero revisar cómo opera toda el área del lavado de dinero de la Comisión Bancaria y de Valores, enfatizó.