Con la reforma política recién aprobada, la Ciudad de México ganará autonomía, aunque por ser sede de los poderes federales tendrá ciertas restricciones porque será una entidad más de la nación, afirmó el doctor Ricardo Espinoza Toledo, profesor-investigador de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El politólogo cuestionó el proceso de conformación de la Asamblea Constituyente por dejar fuera a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) elegida en 2015, así como también –de manera parcial– a los ciudadanos.

La Ciudad de México contará con una Constitución propia, un aspecto significativo pues implica un cambio en la nomenclatura que desaparece al Distrito Federal para dividirse en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, con lo que se pone fin a algunas facultades, pero sin convertirse del todo en un nuevo estado.

El especialista del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa dijo que la capital poseerá un Poder Legislativo que definirá su propio presupuesto que podrá presentar en forma directa al Congreso Federal; también, podrá proponer y generar leyes, una atribución de la que carecía.

Dicho órgano formará parte del llamado Constituyente Permanente, es decir, podrá participar en las reformas constitucionales, lo cual constituye un avance en la construcción de la autonomía política frente al Ejecutivo y el Legislativo federales.

Espinoza Toledo indicó que tanto la nueva Constitución como las bases establecidas en el artículo 122 regirán las políticas y la administración de la Ciudad de México. Sin embargo, el presidente continuará al mando de la fuerza pública, según estipula la iniciativa.

El académico manifestó que esto no significa que ahora el país tendrá 32 estados. “Las delegaciones, seguramente, cambiarán de estatus y de nombre para ser gobernadas por un consejo surgido de elecciones que estará liderado por un titular y sus concejales”.

Además se dará paso a la creación de alcaldías, no obstante, “faltan muchas cuestiones por definir, lo cual se precisará en la nueva Constitución. En ese sentido será esencial cómo se conformará la Asamblea Constituyente y quien presentará una primera propuesta será el jefe de gobierno del Distrito Federal”, subrayó.

“La Asamblea podrá modificar, adicionar y completar el proyecto, que deberá integrarse por cien constituyentes para el próximo primero de junio. Su primera tarea será redactar la nueva Constitución de la Ciudad de México a partir de la propuesta que presente el jefe del Ejecutivo capitalino”.

El investigador universitario explicó que de esos cien integrantes, 60 surgirán de elecciones directas por el principio de representación proporcional y los otros 40 se designarán; 14 por parte de la Cámara de Senadores, 14 por la de Diputados, seis por la presidencia y seis más por el jefe de gobierno.

“Hasta ahora resultan inexplicables esas cantidades, sobre todo cuando se realizó un proceso electoral hace menos de un año con el que se renovó la ALDF mediante la elección de los ciudadanos”, aseveró.

El doctor Espinoza Toledo explicó que de acuerdo con la conformación de partidos en ambas cámaras y siguiendo el principio de proporcionalidad se suma un total de 18 lugares asegurados para un solo partido político, así que “el PRI llevará, sin duda, una mayoría de inicio, por lo que la configuración de la Asamblea Constituyente será representada por una fracción que ahora posee la minoría en la capital mexicana”.

Esto significa que “se hace a un lado a la ALDF y a los ciudadanos del Distrito Federal que sólo participarán en la elección de 60 por ciento de los integrantes de dicha Asamblea”.

Las reformas resultaron de acuerdos políticos, pero en esta parte de la reestructuración se ignoran los derechos de los ciudadanos, una voluntad que se expresó en junio del 2015, concluyó el doctor Espinoza Toledo.