Por el trabajo, Contraloría Social y vigilancia ciudadana activa, dos herramientas de rendición de cuentas a programas sociales. ¿Cómo potenciar la transparencia y prevenir la corrupción del gasto social?, el doctor Omar Elí Manríquez Santiago, egresado del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), obtuvo el segundo lugar en la categoría Sociedad Civil en la XIV edición del Premio Nacional de Contraloría Social, fase Ciudad de México.

 

El también Jefe de Departamento de Resguardo del Congreso de la Ciudad de México señaló que intervino con un proyecto que reúne diez años de investigación e interés en la transparencia y rendición de cuentas, en la vertiente de vinculación de sociedad civil, ciudadanía y el desarrollo de instrumentos participativos, en la sede de la Contraloría capitalina. (Minuto 02:50)

 

La propuesta busca mejorar el desempeño de los instrumentos de los que disponen tanto la Secretaría de la Función Pública como las 32 Entidades Federativas y los órganos de fiscalización en los tres niveles de gobierno que trabajan a través de controles institucionales y contralorías, de manera que en el ensayo el doctor Manríquez Santiago hace “un recuento de la evolución de la administración pública a partir de los años 90 del siglo pasado sobre cuáles han sido algunos de los cambios de un modelo burocrático que estaba centralizado y carente de ciertos mecanismos para transparentar la gestión o para abrirla a la observación pública”. (Minuto 03:10)

 

El egresado de la Unidad Iztapalapa mencionó que en este estudio recoge buena parte del diseño institucional actual, destaca la cultura política y el grado de participación de las y los mexicanos a partir de la alternancia electoral del año 2000 y de la creación de entidades de fiscalización superior, así como el conocimiento de las vías de colaboración ciudadana y plataformas de denuncia.

 

El trabajo conlleva “un análisis del presupuesto que ocupan los programas sociales que pueden estar integrados por subsidios, transferencias condicionadas o desarrollo de obra pública y la importancia de que la contraloría social evolucione hacia otro tipo de herramientas”, por ejemplo, las tecnológicas, que “pudieran aprovechar lo que ha generado la pandemia, como uno de los resultados inesperados que es llevar la tecnología, el gobierno digital y la innovación al campo de los usuarios”.

 

De ahí la relevancia de desarrollar las fortalezas de la contraloría social para que los ciudadanos organizados puedan monitorear el avance de la obra pública o la calidad de los bienes que reciben de los programas sociales, así como crear otras vías a través de las cuales puedan coadyuvar y complementar el mecanismo existente.

 

La idea implica que los ciudadanos como usuarios también puedan generar una especie de supervisión o auditoría social del desempeño de los programas, se trata de ir hacia otras dinámicas participativas, en donde puedan presentar recomendaciones, denuncias, quejas y aprovechar todo lo que ha dispuesto la reforma constitucional al Artículo 1º que no sólo establece garantías individuales sino los derechos humanos.

 

El galardonado con 17 distinciones por investigación aplicada y ensayos en ciencias sociales y en materia de administración pública, entre otros, aseguró que este estudio “busca identificar esas áreas de oportunidad, desde los procesos de elaboración de política pública y del de presupuestación”, en el que los ciudadanos pudieran colaborar para fortalecer y mejorar zonas de vulnerabilidad donde hacen contacto funcionarios y usuarios de bienes públicos.

 

Hay una propuesta para modificar el diseño institucional en el que “la contraloría social y otros mecanismos participativos pueden potenciar la intervención ciudadana”, por ejemplo, “las plataformas de gobierno digital o de denuncia y las dinámicas de contralores ciudadanos que tienen algunas secretarías u organismos de control interno en las entidades federativas” en virtud de que “buena parte de estas herramientas están desarticuladas”.

 

Este trabajo explora “un símil con la conectividad” que hay entre dispositivos –gadgets– para “hacer un parangón en el que los mecanismos de contraloría social o participativos puedan ser utilizados desde el teléfono celular, aplicaciones lanzadas por las entidades de fiscalización o portales de las contralorías locales, para que la ciudadanía pueda agendar una cita o poner su queja o denuncia”.

 

Estas alternativas institucionales podrían enlazarse “para aprovechar y vincular con mayor beneficio el mecanismo de control público de acuerdo con las necesidades del usuario”, resaltó Manríquez Santiago, quien tiene más de 18 textos –14 premiados– y tres en desarrollo que quisiera compartir en estancias educativas e institucionales para abonar con los jóvenes a construir una ciudadanía responsable y de combate a la corrupción.

 

“La UAM tiene un gran papel en esta clase de impactos o logros, porque la vinculación que logra con los estudiantes y egresados permite una ventana más amplia de indagación al revisar teorías y estadísticas, ya que tanto la universidad como las instituciones públicas pueden lograr esa articulación y difundir más ampliamente estos materiales”, puntualizó Manríquez Santiago.

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