El Instituto Federal Electoral (IFE) es, a 20 años de su creación, una gran contribución a la vida democrática del país, aunque los mecanismos legales para cumplir cabalmente con su tarea no estén concretados, afirmó el doctor Ricardo Espinoza Toledo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Después de la reforma electoral de 2006-2007, en que los spots de propaganda política quedaron dentro de los tiempos del Estado, la capital debilidad del IFE quedó constituida por las ausencias en la estipulación de las sanciones y de los organismos sancionadores en la controvertida ley de medios, señaló el académico en entrevista.
En el antiguo modelo –continuó Espinoza Toledo– la mayor parte del gasto partidista era destinado a los pagos de los spots en las televisoras comerciales, lo cual tenía la apariencia de un subsidio indirecto del erario hacia estas empresas.
La mencionada reforma canceló lo anterior y los favoritismos en tarifas y horarios triple A otorgados a partidos y candidatos afines con los intereses de las televisoras, en pro de impulsar elecciones menos onerosas y más equilibradas entre los partidos.
Sin embargo, estos últimos son los que ven las garantías de la reforma electoral como un estorbo y buscan darle vuelta a la ley, siempre con la venia de que nunca se concretaron, por conducto de la ley de medios, los mecanismos sancionadores ni las instancias encargadas de aplicarlos.
El investigador del Departamento de Sociología calificó de uno de los mayores aciertos, en la breve historia del instituto, el hecho de volver potestad de los legisladores la designación de los consejeros electorales, antigua facultad del Ejecutivo.
El especialista aseguró que ahora son las fracciones parlamentarias de los partidos las encargadas de decidir la forma de elección de los integrantes del consejo general, con lo cual la pluralidad y la representatividad de las fuerzas políticas están garantizadas.
El IFE es una de las instituciones más importantes y mejor logradas de la reciente democracia mexicana, ya que es una gran obra de ingeniería política con el sello de este país, aseveró el doctor.
Corresponde a los legisladores dotarla de las atribuciones legales que le den mayor capacidad de acción y eficacia de la vista hasta ahora, instó, pero es injusto culpar de sus deficiencias sólo a los partidos, pues los ciudadanos requieren proyectar mayor participación en la vida de las instituciones, concluyó Espinoza Toledo.
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