La especialista en pobreza y desigualdad social explicó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México en el año 2006 había 14.4 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, de ellos cinco millones vivían en ciudades y 9.4 millones en el campo, de ese total los más vulnerables son los indígenas, que incluyen a “los más pobres entre los pobres”.
Aun cuando en los últimos años se observó una disminución de la pobreza, esta tendencia podría revertirse con consecuencias graves para el país, refirió la especialista de la Unidad Azcapotzalco.
El gobierno mexicano en los años recientes ha destinado grandes sumas de recursos presupuestales a la Secretaría de Desarrollo Social, para combatir este flagelo, aunque los efectos de “dichos fondos parecen ser insuficientes ante la magnitud de la crisis económica”.
La política actual, afirmó la investigadora, se centra de manera particular en los sectores con mayor precariedad, descuidando a otros segmentos de la población con distintos grados de pobreza.
De ahí que en el país hace falta una política social integral y multisectorial para combatir este fenómeno, pues no se trata “sólo de satisfacer las necesidades alimenticias de los más pobres, sino de modificar el enfoque de la política social, para que los mexicanos no sean considerados como objetos electorales, sino reconocidos como sujetos de su propio desarrollo”.
La maestra González Parodi sostuvo que en el país existe alta desigualdad, exclusión social y marginación; habitan personas con los ingresos más altos del mundo y aquellas que están en situación de pobreza extrema, similar a la de los países más deprimidos de África.
Uno de los factores que inciden son los bajos ingresos salariales, que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de alimentación; es vital tener buena salud y nutrición y reconocerla como un derecho fundamental, porque “se requieren niños, mujeres gestantes y población en general nutridos, para emprender un nuevo proceso de desarrollo sostenible”.
Otro aspecto que debe atenderse es el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, en relación con la aplicación de los indicadores para medir la pobreza, en la actualidad se considera sobre todo el ingreso corriente de las familias, así como los niveles de educación y salud.
El Coneval, señaló, no ha instrumentado la variable de cohesión social que ayuda a las sociedades a ser más incluyentes, permitiendo que todos los individuos tengan los derechos fundamentales y que se logre la participación ciudadana en los asuntos de gobierno.
La académica sostuvo que el desarrollo económico sostenible considera tanto los aspectos sociales y económicos como medioambientales, lo cual no puede obtenerse si persiste la desigualdad social.
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