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URGEN ACCIONES DE ESTADO EN SEGURIDAD PÚBLICA Y EN POLÍTICA ECONÓMICA PARA COMBATIR AL CRIMEN ORGANIZADO, AFIRMA ACADÉMICO DE LA UAM
*Para una tarea de esas magnitudes se necesitan estadistas y no gobernantes sexenales
En México se requiere de manera urgente de políticas de Estado en seguridad pública y en política económica que generen empleo bien remunerado, permanente y social para el combate estructural de la enorme pobreza nacional, de esta forma se atacará también al crimen organizado. “Para una tarea de esta envergadura se necesitan estadistas y no gobernantes sexenales”, consideró el doctor José Luis Piñeyro Piñeyro, profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
	El académico de la Unidad Azcapotzalco propuso que la política de seguridad pública incluya formas de participación ciudadana vía grupos de expertos y organismos de contraloría social; campañas permanentes de prevención de delitos (drogadicción, narcotráfico, contrabando, entre otras) y masivas para estimular la participación social y acciones de rehabilitación de adictos. Durante su participación en la Conferencia México y el Mundo actual, realizada en la Casa Lamm, alertó que “seguirá dominando la lógica represiva sobre la preventiva, la participativa y la de rehabilitación en la estrategia de seguridad pública”.

El mejoramiento real y sostenido de las condiciones económicas de la mayoría de la nación mexicana, no es considerado en la actualidad como elemento clave para la lucha pro seguridad pública y anticriminal, definió.

Para el docente, el Estado y la nación aparecen disociados por medio de un presupuesto público que de manera proporcional gasta más en satisfacer las necesidades de la alta burocracia y del funcionamiento estatal, que en los requerimientos de reproducción física y moral de los habitantes del país.

Citó datos publicados en la prensa nacional que dan cuenta de “la relación del gasto en educación media y superior y el militar: el Gobierno Federal realizó en 2008 inversiones en equipo aéreo y marítimo para las fuerzas de defensa y seguridad por más de 27 mil millones de pesos”. Esta cantidad significa casi dos veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto para tratar de contener una criminalidad que no ha dejado de agravarse.

Uno de los datos que debe preocupar, estableció el especialista, es que el Secretario de Defensa Nacional reveló el año pasado a diputados que 500 mil personas apoyan al narco: 300 mil sembradores, 160 mil comerciantes, vigilantes, transportistas, distribuidores y narcomenudistas y 40 mil capos de diverso rango.

En su ponencia titulada Inseguridad Pública: los por qué señala que existen enfoques que tratan de explicar la deficiencia para abatir el narcotráfico, uno es la visión “juridicista” que plantea la necesidad de reducir la edad penal, aplicar castigos mayores, entre ellos la pena de muerte, y que debe ofrecerse capacitación legal a empleados judiciales y policías, es decir, modernizar el entramado legal.

Otra visión simplista es la técnico-burocrática o aspecto organizativo y logístico, la cual establece que se demanda mayor coordinación y cooperación interinstitucional de los organismos civiles y militares del Estado, así como con sus contrapartes norteamericanas, vía intercambio de información confidencial y estadística, planeación de acciones conjuntas, dotación de altos salarios, entrenamiento especializado de diversos equipos de comunicación y armamento modernos, y de medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo.

Una tercera variante mecanicista para explicar las derrotas frente a los narcotraficantes es de corte voluntarista. No existe voluntad clara del presidente y de los altos funcionarios civiles y militares para impulsar y ampliar la campaña contra la amenaza del narcotráfico nacional y el crimen transnacional, esta opinión subestima las barreras estructurales de carácter cultural y económico social, que se conoce como narcocultura, pobreza y marginación.

La explicación culturalista, afirmó el investigador, está referida a la población y en especial a los jóvenes. Aduce la carencia de valores cívicos (patriotismo, solidaridad y honestidad) religiosos (amor al prójimo, humildad, fe y servicio a la comunidad), familiares (obediencia a los padres y sus normas) y legales (respeto al estado de derecho y a las instituciones).

La quinta visión de la falta de resultados positivos en seguridad pública se centra en la extendida impunidad, tanto institucional como social, que se reproduce con base en la corrupción y la ineficiencia administrativa, pero también, se dice, obedece al peso de la herencia autoritaria y patrimonialista de 60 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, aunque no se explica el por qué de su actual reproducción ampliada con los gobiernos de los partidos Acción Nacional o de la Revolución Democrática a nivel municipal y estatal.

El doctor José Luis Piñeyro Piñeyro es profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco (Teléfono: 5318-9144 Ext. 127).