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NECESARIO DEFINIR LA ORIENTACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO EN MÉXICO PARA EVITAR INCREMENTO DE TARIFAS A USUARIOS: EGRESADO DE LA UAM

*Proponen crear una iniciativa de impulso a las nanociencias y la nanotecnología con recursos federales, estatales y de la industria privada

La falta de definición del sector eléctrico en México respecto a su orientación como una actividad de servicio público o privado ha resultado en un paulatino crecimiento de la participación privada, la fuga de más de 30 por ciento de la producción y el incremento de tarifas a los usuarios, entre otros efectos.

Así lo señaló el doctor Edgar Belmont Cortés, primer egresado titulado simultáneamente por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad de Evri, Francia, en Estudios Sociales (Línea Estudios Laborales) y en Sociología, respectivamente.

En su tesis Reorientación y reorganización del servicio público de la energía eléctrica, el investigador hace una comparación entre los modelos francés y mexicano, a la luz del debate en torno a la reforma energética que en nuestro país lleva alrededor de 20 años, sin que puedan alcanzarse consensos y compromisos sociopolíticos y socioproductivos en torno a ese sector.

En entrevista el doctor Belmont Cortés indicó que su objetivo al contrastar particularmente las empresas Electricidad de Francia y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) fue tratar de entender el por qué del “impasse” de la reforma en México, “por qué la dificultad para reconstruir o rearticular compromisos sociopolíticos y socioproductivos”.

Según el egresado de la Maestría en Sociología del Instituto José María Luis Mora, en el centro del debate se encuentra la definición acerca de las misiones de los servicios públicos, en este caso el de la energía eléctrica, el cual se plantea en términos de seguir un modelo de libre mercado o bien desde la ruptura con los fines de servicio público”.

Explicó que al analizar el caso francés se constata que esta tarea de servicio público plantea un equilibrio entre la protección social y la competencia económica.

En el caso de México las propuestas impulsadas desde hace 20 años señalan la ruptura con las funciones de servicio público bajo el argumento de que éstas han llegado a su fin, una vez que más de 95 por ciento del territorio nacional se encuentra electrificado, “por tanto no habría razones para que el Estado siga prestando el servicio”.

Al presentarse el debate entre ambos modelos “se replantean los espacios de conflicto y negociación” y para el caso mexicano se ha creado una pausa política que conduce a la pregunta básica acerca de cuál es el rol que debe jugar la empresa pública.

Al respecto el doctor Belmont Cortés sostuvo que el acceso a la electricidad es esencial no sólo para el desarrollo económico, sino también para el bienestar de las familias y advirtió que para tener un país competitivo se requieren servicios públicos eficientes, por lo que es necesario “ponernos de acuerdo para orientar una iniciativa de largo plazo sobre cuál es el rol de la empresa pública”, si bien ello implica un intenso debate político e intelectual.

En México, sostuvo, esta indefinición sobre la orientación de la empresa ha repercutido en muchos aspectos como la privatización del servicio, que actualmente alcanza 34 por ciento, el incremento de tarifas y la no facturación de alrededor de 30 por ciento de la energía producida por LyFC.

Agregó que la pérdida de energía eléctrica que se distribuye y no se factura no está sólo relacionada con acciones fraudulentas, sino también con condiciones de infraestructura, falta de acuerdos para implementar sistemas de gestión comercial que permitan identificar con mayor precisión ilícitos en acceso y la ausencia de definición de mecanismos de protección o alternativas para los sectores de bajos recursos, los cuales recurren en ocasiones a la conexión clandestina.

Uno de los efectos más notables de la falta de definición, destacó, ha tenido también impacto en los procesos de negociación colectiva entre LyFC y el Sindicato Mexicano de Electricistas, ya que entre ambas instancias existe también divergencia de posiciones en los criterios que delimitan la toma de decisiones en la empresa y en general para orientar el rol de la misma.

Por un lado la compañía intenta obligar al sindicato a asumir compromisos basados en resultados, en tanto que la postura del organismo laboral es que para mejorar la calidad se requieren los recursos y los medios para incrementar la satisfacción de los usuarios como criterio de evaluación del desempeño.

El doctor en Estudios Sociales por la Unidad Iztapalapa subrayó que es necesario llegar a acuerdos en los niveles Ejecutivo, Legislativo y Judicial para determinar el papel que debe desempeñar la empresa pública en el desarrollo económico y social y a partir de ahí articular la política económica, industrial y social del país, “pues de ello depende nuestra soberanía energética”.