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Número 377 Diciembre 7, 2009

ES IRRACIONAL QUE INSTITUCIONES ENCARGADAS DE AVALAR LOS DERECHOS HUMANOS NO SE INVOLUCREN EN ASPECTOS LABORALES

*Son necesarias políticas que se fijen como meta la construcción de ciudadanía social

En México resulta una aberración que las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de los derechos humanos no tengan injerencia en aspectos laborales, afirmó el doctor Manuel Canto Chac, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).   El académico del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco señaló que movimientos sociales como el que en las últimas semanas ha encabezado el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) cuestionan esa posición, ya que las demandas no sólo de esa asociación, sino de otras organizaciones que se le han sumado, reflejan la falta del cumplimiento de estos derechos.

Durante el Seminario Internacional Estrategias de los actores sociales ante la crisis. ¿Los derechos como instrumento político?, que se llevó a cabo en esta casa de estudios, indicó que esa postura es todavía entendida por algunas corrientes de opinión como “algo light”, ya que no están involucrados contenidos económicos, pues a veces ni siquiera estas agrupaciones asumen estos reclamos como parte de sus derechos humanos.   El especialista agregó que la tendencia que se gesta alrededor de este sindicato, cuyos requerimientos son retomados por otros gremios de tipo civil, estudiantil y campesino, es coyuntural e importante, y se suma a lo realizado en varios años en lo que se refiere a la construcción de corrientes amplias, permanentes y estructuradas con la participación de diversos sectores.

Es el caso de movimientos por la soberanía energética, los derechos de los trabajadores y  las libertades democráticas, los cuales expresan cierto tipo de reivindicaciones, pero son conformados por amplios y diversos grupos organizados. Se trata de demandas que no son contrapuestas, sino altamente complementarias, apuntó.   Tras enfatizar que existe una expresión de solidaridad muy fuerte en torno a las peticiones del SME, refirió que la perspectiva de este movimiento está en saber “quiénes van a prevalecer al final”, si el sindicato que encabeza esta corriente u otras organizaciones de carácter más amplio de las que éste forma parte y que están en un proceso de organización de largo plazo.   Canto Chac sostuvo que es probable que en el mediano plazo los sectores que apoyan al SME puedan disminuir su participación, pero “en la medida que avancen los movimientos estructurados y permanentes podrá aprovecharse este proceso para el progreso” de las solicitudes sindicales.   “La preocupación”, añadió el investigador, es no saber qué sucederá más rápido, si se mantendrá la capacidad de los sectores sociales para estructurarse o la que está demostrando el gobierno para destruirlos.   La doctora Nuria Cunill Grau, de la Universidad de Chile, abordó el tema de los derechos y las políticas públicas ante la crisis y señaló que en los países latinoamericanos son necesarias estrategias que vayan más allá del combate a la pobreza y se fijen como meta la construcción de ciudadanía social.   También implica la apelación a la universalidad, es decir, una política social para todos, que favorezca a aquellos cuyos derechos han sido vulnerados.   La investigadora reconoció, sin embargo, que en este tema radica el debate de si es conveniente una política universal o un universalismo básico, que supone unos mínimos en relación con su cumplimiento. Es un campo de debate que debe ser llenado de sentido.