Por su parte la organización no gubernamental Fundar (Centro de Análisis e Investigación) muestra que hay un subejercicio en el presupuesto y la Auditoría Superior de la Federación marca diversas irregularidades en los ritmos de afiliación y en el uso de los recursos.
Para la profesora el problema es de origen, ya que desde su inicio el Seguro Popular se orientó en una lógica mercantil, en la que se entiende la salud como un bien privado y su atención como un servicio que las clases económicas altas pueden comprar en el mercado, en tanto que para la población pobre se ofrece este programa prepagado y de afiliación voluntaria, que resulta insuficiente para la complejidad epidemiológica en el país.
A pesar de que el programa incluye más de 200 intervenciones, se fragmenta la atención y se tiene una cobertura limitada. Si un paciente acude con fractura de mandíbula, el Seguro Popular no lo cubre, pues sólo incluye fractura de hueso largo, este es un ejemplo de la lógica en que opera. En muchos casos el derechohabiente desconoce las asistencias a que tiene derecho, por lo que el Seguro resulta por demás “un programa insuficiente”.
Después de varios años de operación, las promesas de que reduciría la segmentación del sistema de salud, que ampliaría y fortalecería la prestación de los servicios y avanzaría hacia la universalidad, han quedado sin cumplir, subrayó la investigadora.
A pesar de que se han incrementado en forma sustancial los recursos destinados a su funcionamiento, el programa “no garantiza una atención integral y de calidad” y para darse cuenta sólo hay que visitar los sistemas estatales de salud de entidades que concentran elevados índices de pobreza, “donde el impacto positivo sobre los servicios de salud es mínimo”.
Por lo menos en la mitad de las entidades del país “no existe la capacidad instalada, para atender las intervenciones previstas en el Seguro Popular, sobre todo las de nivel hospitalario y las que involucran patologías complejas que generan gastos catastróficos.
Otra de las razones del fracaso, apuntó, se encuentra en la promoción intensa de la subrogación y la subcontratación, lo que encarece los servicios prestados, por lo cual los recursos resultan insuficientes y se produce una transferencia de fondos públicos a entes privados.
Por otro lado los sistemas administrativos que requiere el Seguro Popular para afiliar a los beneficiarios (control de altas, bajas y mantener actualizado el padrón) representan fugas de dinero que terminan por no servir a las acciones sustantivas, sino que se destinan a otras áreas no esenciales de la prestación del servicio. Muchos millones de pesos también se han gastado en publicitar este programa.
Lo anterior aunado al hecho de que México es uno de los países que menos recursos públicos consigna al rubro de salud (sólo 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto) lo que podría hacer caer en insolvencia al Seguro Popular.
La investigadora consideró que la propuesta del diputado Mario Di Constanzo de fusionar a las instituciones de seguridad social como los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de las Fuerzas Armadas y Petróleos Mexicanos en una sola instancia, requiere voluntad política y modificaciones legales y organizacionales.
Dichas acciones, agregó, no podrían llevarse a cabo en el corto plazo, pero sí se trata de una propuesta estratégica en un mediano o largo periodo con el fin de construir un sistema único de salud, de base pública, universal, gratuito, equitativo e integral que sea garante del derecho a la protección a la salud para todos los mexicanos.
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