Los Comités de Agua Potable, cuyo único fin es asegurar el ejercicio del derecho humano a ese recurso, funcionan en varias regiones de México como células sin fines de lucro electas democráticamente para distribuir, administrar, operar e incluso sanear el servicio, por lo que su profesionalización y reconocimiento legal se han convertido en una demanda social urgente, afirmó la egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Jessica Noemí Cabezas Leyva.

En el Cuarto Simposio anual de recursos hídricos realizado en la Unidad Lerma, la licenciada en Políticas Públicas por la Unidad Lerma explicó que dichos comités solucionan la escasez, monitorean las tomas clandestinas y vigilan la distribución del líquido por tandeo, resolviendo así problemas de la Comisión Nacional de Agua.

Al estar conformados por entre dos y cinco personas no son suficientes para realizar todas las tareas, además de que no cuentan con recursos públicos para beneficio del servicio ni son considerados en la toma de decisiones a nivel municipal para la planeación hídrica y, al no recibir sueldos ni prestaciones de ley suelen tener uno o hasta dos trabajos extra para mantener a sus familias.

Cabezas Leyva recordó que en 2012 la reforma al Artículo Cuarto Constitucional estableció este derecho humano y a partir de entonces se reforzó la idea de proveer a las comunidades rurales de volumen, presión y calidad de agua adecuados, así como de la participación de actores sociales para la dotación y distribución, aunque en la realidad el servicio público sigue siendo de pésima calidad.

Desde entonces el objetivo de los comités ha sido integrarse como un mecanismo formal de participación ciudadana que reciba el reconocimiento gubernamental, con el fin de lograr que se respeten los mecanismos en la toma de decisiones y sean escuchadas las observaciones y demandas en la planificación y el manejo integral del recurso hídrico.

La investigación de Cabezas Leyva la llevó a descubrir que las actividades del comité no se limitan a la dotación de agua potable, sino que también dan mantenimiento a la infraestructura hidráulica y arreglan fugas, limpian tanques de almacenamiento y realizan cobros anuales y mensuales con los que sortean algunos gastos de mantenimiento.

En contraparte los mecanismos formales de abastecimiento se despliegan en consejos de cuenca con órganos auxiliares, comisiones de cuenca que trabajan a nivel subcuenca, los que trabajan la microcuenca y aguas subterráneas, y los de playa limpia que laboran las zonas costeras, dejando ver la inexistencia de órganos dedicados al agua potable.

La licenciada Cabezas Leyva planteó que reconocer a estas comisiones en un marco jurídico y diseñar políticas públicas podría fortalecer y ayudar a que el suministro del vital líquido logre mayor accesibilidad y mejor disponibilidad.

Para ello propone una adecuación a las normas vigentes con miras a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y los consejos de cuenca, así como una amplia coordinación en la deliberación y toma de decisiones entre gobierno y órganos responsables para garantizar el derecho humano a toda la población.

También sugiere que exista una definición de las funciones y alcances en el servicio, apoyo y capacitación en forma permanente, facilitación de recursos humanos y físicos para desempeñar mejor su tarea social y el otorgamiento de identidad jurídica para tener acceso a la toma de decisiones formales.

La participación y el conocimiento de estos consejos deben considerarse tan importantes como la labor técnica que aportan los ingenieros, pues la visión del mundo rural es tan importante como la del entorno urbano y, por tanto, debe garantizarse para ambos un servicio óptimo.

El Cuarto Simposio anual de recursos hídricos, realizado en la Unidad Lerma de la UAM, fue organizado por el Departamento de Recursos de la Tierra y la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.