Las problemáticas de la ciudad acarreadas por la avalancha depredadora y mercantil neoliberal pueden confrontarse con la recuperación de la idea de comunidad y el ejercicio de una ciudadanía organizada y participativa, afirmó la doctora Lucía Álvarez Enríquez, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sólo mediante la articulación de vínculos colectivos en común será viable regular los conflictos de la urbe e identificar los más urgentes mediante la elaboración de diagnósticos que deriven en opciones de solución basadas en el consenso, señaló en su intervención en el Panel Magistral Comunidad, vivienda y metrópoli, realizado en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Desde que las metrópolis del siglo XXI se convirtieron en el punto de concentración de capital, población y riqueza comenzaron a aglomerar culturas e intereses diversos colocando en riesgo a las personas por el surgimiento de la urbanización desigual y polarizada, así como por la fuerte competencia por el territorio y los recursos, por lo que “deben propiciarse espacios de convivencia y coexistencia”.

Álvarez Enríquez enfatizó que las experiencias comunes acerca de vivienda y territorio alientan un sentido mayor de arraigo e identidad, lo cual permite la defensa de derechos sociales, apelando a una idea de ciudadanía, no sólo como membresía, protección legal abstracta o de derechos universales ante el Estado Nación, sino a una de carácter sustantivo con acceso efectivo a la vida pública, al patrimonio y a la riqueza social”.

Esto se traduce en asumir esa pertenencia en tanto reconocimiento y acreditación como sujetos de derecho que cobra fuerza al tomar parte de las decisiones públicas y en la definición del proyecto de ciudad”, subrayó.

La doctora Georgina Ramírez Sandoval, profesora-investigadora de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, refirió que las mujeres han constituido históricamente un núcleo de fuerza contundente al interior de las organizaciones civiles y a pesar de que en las comunidades se observa una prevalencia de dirigentes varones, “las mujeres son mucho más comprometidas y constituyen la base operativa de esos movimientos”.

Respecto del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial (PCMB) de la Ciudad de México, a partir del cual tuvo oportunidad de tener un acercamiento mucho más próximo a formas de organizaciones civiles, recordó que se trata de grupos que remontan su historia hacia 1984 cuando iniciaron movimientos inquilinares en contra de los propietarios en el centro del país, algo que después de vería afectado con el terremoto de 1985, ya que sus demandas se dirigirían a la necesidad de permanecer en sus barrios e iniciando una lucha contra el gobierno.

Esas demandas fueron politizándose cada vez más y siendo más contundentes en 1988 cuando se experimentó un suspiro de democratización pero que quedarían subordinadas posteriormente en 2004 con la llegada de las empresas inmobiliarias que, aliadas con las autoridades, modificarían por completo la legislación en materia de desarrollo urbano, dando paso a un circuito de corrupción.

Los efectos negativos se hicieron mucho más notorios con la ocurrencia de los sismos en septiembre de 2017, lo cual “nos ha enseñado que debemos contar como individuos con una estrategia mucho más clara porque de otra manera se pierden todas las bondades de la comunidad y hemos visto como los partidos políticos poco se han interesado en identificar o reconocer a las organizaciones comunitarias, quedando en un lugar marginal”, aseveró la docente del Departamento de Investigación y Conocimiento.

El maestro Jorge Andrade Narváez, jefe del Área de Investigación Vivienda Popular y su entorno de la Unidad Xochimilco de la UAM, apuntó que el proceso histórico que han experimentado las organizaciones sociales en la ciudad no debe desligarse de los cambios ocurridos en las instituciones y el gobierno en esa época.

Si bien en la década de 1980 se vivió un avance político con la apertura del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) –un organismo de vanguardia para el cual ni siquiera los académicos estábamos preparados y que implicaba poner en marcha un proyecto experimental en conjunto con la sociedad, el cual la beneficiaba por su aproximación integral– vimos cómo quedó destruido con la entrada al poder de Carlos Salinas de Gortari”, dijo.

Esto es parte de una historia que no debe olvidarse, hay que recuperarla para no cometer los mismos errores. “A nosotros como investigadores nos hace falta incorporar las posturas, críticas y posiciones de la gente con el fin de conjuntar nuestros saberes y así poder hablar de una verdadera transformación”, finalizó.