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Número 733
23 de octubre de 2018

EL TERRITORIO NACIONAL, SOMETIDO A DESPOJO, VIOLENCIA,

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

*El derecho a la ciudad no está armonizado como una garantía humana y al hábitat

 

Despojo, violencia, corrupción e impunidad rigen las condiciones de metrópolis, viviendas y comunidades de México, incrustadas en un modelo de desarrollo que confronta al sector social frente a instancias privadas y públicas a las que el Estado brinda mayores beneficios, advirtió el arquitecto Carlos Miguel Lavore Herrera, miembro del consejo consultivo de la Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate.
 
De las concesiones mineras a cielo abierto otorgadas en este siglo, 30 por ciento corresponde a México, donde las empresas del ramo perciben utilidades anuales por hasta 13.5 millones de dólares y realizan actividades tóxicas o proyectos de muerte, como suelen denominarlos los habitantes afectados, debido a que desarticulan el espacio físico por la construcción de carreteras, presas o aeropuertos.
 
Estas circunstancias son apoyadas desde el ámbito mediático, que presenta y convence a las audiencias de que tales procedimientos son positivos bajo la idea del progreso y la modernidad, al sostener que constituyen “la única vía posible de evolución para la humanidad”, indicó en la mesa Derecho a la ciudad, coordinada por el doctor Emilio Pradilla Cobos, profesor del Departamento de Teoría y Análisis de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 
En 2017 alrededor de 35 mil personas fueron desplazadas por la violencia en el territorio nacional, en tanto que cada día 13 desaparecen y siete mujeres son asesinadas, lo que agrava la situación en las comunidades donde se asientan esas empresas, dijo en el Tercer Seminario Internacional Repensar la Metrópoli, que forma parte del Foro Problemas Metropolitanos: Acciones para su atención con el tema de Vivienda en el marco de la Cátedra Anuies Luis Unikel Spector.
 
En el encuentro organizado con el Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Programa Universitario de Estudios Metropolitanos (PUEM) de la Unidad Xochimilco de la UAM, el arquitecto Pedro Héctor Paredes Rosagel, egresado de la Maestría en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuestionó el derecho a la ciudad plasmado en las legislaciones, incluso en la reciente Constitución capitalina, ya que no está armonizado como una garantía humana y al hábitat, pues “los nuevos discursos políticos utilizan ese concepto, pero como trasfondo se refieren a la urbe como un recurso especulativo y productivo”.
 
Dicho derecho “está sufriendo una reapropiación burguesa, se desvirtuó desde el Estado porque no significa lo mismo para la academia que lo estableció hace 50 años, en realidad las ciudades han fragmentado la vida en común, algo que arquitectos y urbanistas han empezado a adoptar en su práctica profesional”, lamentó.
 
De acuerdo con Paredes Rosagel los derechos humanos y de la naturaleza debieran sintetizarse en la concepción del derecho a la ciudad, pero “parece ser que jurídicamente la vivienda, la salud o la educación son jurisprudencias separadas, por lo que deberíamos superar esa perspectiva antropocéntrica por una biocéntrica del derecho ambiental, al colocar al ser humano como centro de todo y no como parte de un entorno”.
 
El doctor Pablo Gaytán Santiago, académico del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco de la UAM, refirió que existe una noción de blanqueamiento que favorece el despojo, un aspecto visto de manera clara en el desarrollo del sector inmobiliario, es decir, “la construcción de un ethos aspiracional de arquetipos estadunidenses de estilos de vida producen una estética, una ética y un modelo de ser blanco en el país que se plasma en las edificaciones”.
 
Respecto del estudio que lleva a cabo en la colonia Juárez sostuvo que ha observado en los últimos tres años desplazamientos de personas de la tercera edad y de mayores de 50 años por jóvenes que mantienen una actitud de blanquitud, al mostrar “una tendencia a sustituir, por ejemplo, una estética de barrio por una barber shop y en eso podríamos agregar la noción de racismo”.
 
Por ello “celebro que el corredor cultural Chapultepec, propuesto por el gobierno de la Ciudad de México en 2015, haya sido detenido porque implica una de las pocas y ejemplares luchas de vecinos para contener proyectos de estado inmobiliario en beneficio del capital internacional, en la que además intervinieron intelectuales y académicos de la mano de la sociedad”, concluyó.
 
Los Foros Problemas Metropolitanos Acciones para su Atención con el tema Vivienda. Repensar la Metrópoli III continuarán desarrollándose en la Rectoría General de la UAM hasta el próximo viernes 26 de octubre.