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Número 688

30 de diciembre de 2019

EN MÉXICO EXISTEN MÁS DE 500 CONFLICTOS SOCIOAMBENTALES

*Unos 120 diferendos son causados por el modelo extractivista depredador ejecutado en zonas rurales

e indígenas

 

México es escenario de más de 500 conflictos socioambientales ocasionados por la extracción de hidrocarburos y minerales, y por la producción de energía nuclear; 120 de ellos han sido detonados por la industria minera en zonas rurales e indígenas, sostuvo la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

En el Foro Sociedad-Universidad políticas públicas y territorio, convocado por la Unidad Lerma, advirtió que los proyectos extractivos no están bien planeados, las empresas se apropian enteramente de las ganancias y no se consulta a las comunidades afectadas, como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

El modelo neoliberal ha aplicado el extractivismo como un criterio para reducir la participación del Estado en la economía y regular los impuestos, lo que implica menor seguridad social y la privatización de la educación, “obligando a nuestros países a vender sus recursos naturales”.

 

En México fue modificado el Artículo 27 Constitucional para poder vender la tierra y en otras naciones de América Latina también se modificaron leyes para posibilitar que empresas extranjeras exploten los recursos naturales.

 

La docente del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco explicó que este tipo de acciones degradan el tejido social de la comunidad por la confrontación que ocasionan, al crear conflictos entre empresas y población y, en varios casos, han desplazado a las comunidades, además de que crean corrupción, violencia y daños irreversibles al medio ambiente.

 

La alternativa a esta problemática es la autogestión, como lo ha hecho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el proyecto Taselotzin, en el municipio de Cuetzalan, Puebla, que ejemplifica cómo la Organización de Mujeres Masehual Siuamej Mosenyolchicauani ha buscado mejorar la calidad de vida de sus familias y comunidades a través de la venta de artesanías, talleres de desarrollo personal y desde 1995 con la construcción y gestión del Hotel Ecoturístico Taselotzin, desde una cosmovisión náhuatl, proyectando su cultura y procurando el cuidado del ambiente a través de la separación de la basura, el aprovechamiento de la materia orgánica en composta y abonado de jardines, así como la conservación de áreas verdes para contribuir a un aire más limpio.

 

Azamar externó su preocupación por los megaproyectos que emprenderá el gobierno –Corredor Transístmico, Tren Maya, Refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto de Santa Lucía– que sin duda ocasionarán perjuicios y despojos, como el caso del Tren Maya, que afectará a 42 comunidades de la península de Yucatán.

 

El doctor Carlos Rodríguez Wallenius, docente del mismo departamento académico, coincidió en que el despojo es una constante en los últimos 30 años en América Latina. En el caso de Bolivia hubo grandes luchas por los recursos naturales que fueron denominadas “guerras”, como la del agua en Cochabamba, donde pretendían privatizar incluso la lluvia para favorecer a dos empresas españolas, y en 2003 la del gas, para evitar que empresas trasnacionales se apropiaran de ese elemento.

 

Estos dos acontecimientos sociales fueron fundamentales para evitar la privatización de los recursos y el antecedente para el triunfo de Evo Morales Ayma en las elecciones de 2005.

 

Sin embargo, más adelante el gobierno de Morales alentó la explotación de minerales en la amazonia boliviana, a la que se opusieron las comunidades, aunque en años recientes capital chino explota las minas del cerro Illimani, símbolo de la ciudad de La Paz.

 

Una situación similar sucede con el gobierno de la 4T, que privilegia grandes proyectos de infraestructura aun con el rechazo de la población. “Recordemos que en las elecciones del año pasado estuvo presente la lucha por los recursos naturales y un sector importante mostró su desacuerdo con los excesos de poder del gobierno anterior y llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia”.

 

Ahora, el gobierno impulsa grandes proyectos y el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex), modelo que no difiere en mucho de las políticas neoliberales, salvo en que la rectoría de esos proyectos está en manos del gobierno.

 

“En nuestro país se van a acentuar los megaproyectos, además deberán ser concluidos los que dejó Enrique Peña Nieto, continuidad que generará una contradicción mayor y que desencadenará luchas ambientales”.

 

El biólogo Víctor Ávila Akerberg, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, denunció que en el municipio de Jilotzingo se pretende construir el conjunto residencial Bosque diamante, negocio de 15 mil millones de pesos que ocasionará un ecocidio ya que considera la tala de 180 mil árboles, con lo que diversas especies animales estarán en riesgo.

 

En 2017, el gobierno estatal autorizó construir 20 mil casas en un predio de 238 hectáreas en un bosque de encino, que pretendían habitar con cerca de 60 mil personas.

 

La comunidad ha luchado contra la construcción del conjunto residencial por los graves daños a la biodiversidad y ganó una demanda de amparo, con lo que un juez concedió la suspensión de las obras.