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Número 641
18 de septiembre de 2018

CRISIS FINANCIERA Y BAJA COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR:

SALDO DEL ACTUAL GOBIERNO

*Necesaria, una investigación para ver qué está pasando con estas instituciones
 
*La cobertura de 37.3 por ciento en ese nivel educativo en México es muy baja, comparada con otros países

 

 

Uno de los problemas más graves que deja como saldo el actual gobierno en materia de educación superior es la crisis financiera, que mantiene al borde del colapso a varias universidades públicas de México, aseveró la doctora Norma Rondero López, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

La académica del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco advirtió sobre la necesidad de llevar a cabo no sólo un diagnóstico, sino “una investigación para ver qué está pasando en la decena de instituciones” que llevan al menos cuatro años sin finanzas sanas y que hace unos días hicieron un llamado a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar recursos para poder cerrar el año con el pago de salarios y aguinaldos.
 
Más allá de representar un problema institucional es “un conflicto de política, es decir, de conducción, sanidad y certeza financiera”, porque el asunto no es saber si alguien hizo mal o buen manejo de las finanzas, “sino qué podemos ofrecer a los jóvenes estudiantes si a los académicos que los forman no les estamos pagando”.

 

En el sexenio que está por concluir no hubo una atención semejante ni una política que acaparara los reflectores, como ocurrió con la reforma en el nivel básico de educación, sino más bien elementos de continuidad respecto de las dos administraciones anteriores en términos de enfatizar calidad, cobertura e internacionalización.
 
La docente del Área de Sociología de las Universidades de esta casa de estudios reconoció que uno de los temas que podrían destacarse es que se mantuvo la expansión de la educación superior expresada en el incremento de la matrícula y la diversificación de los subsistemas de educación superior.
 
De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cifra de matriculados pasó de 2.2 millones en 2000, a 3.3 millones en 2010 y a 4.4 millones en 2017.
 
Empero se trata de una expansión sugerente en términos del número de jóvenes, lo cual no quiere decir que se haya logrado incrementar la cobertura, en relación con el grupo de edad, considerado como elemento para plantear la cohorte con la que se habla de matrícula de educación superior.
 
En realidad, la cobertura en ese sistema, de 37.3 por ciento, “sigue siendo muy baja”, comparada con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio es superior a 70 por ciento, y con el promedio de América Latina, que supera 40  por ciento de acuerdo con cifras de la ANUIES.
 
Al gobierno que entrará en funciones en diciembre “hay que darle el beneficio de la duda” en relación con las buenas intenciones, así como en la claridad en la necesidad de atender la matrícula y la calidad de la educación”, ya que si bien uno de los propósitos principales es justamente ampliar el ingreso en las instituciones existentes e incluso incrementar el número de éstas, “lo que todavía no tenemos, y me parece lógico, es el cómo se llevarán a cabo estas propuestas, porque está la intención, la meta y la demanda social claramente recogidas por el gobierno electo, pero faltan las estrategias”.
 
En el Proyecto de Nación 2018-2024 del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se plantea abrir numerosos espacios en educación media superior, ya que es ahí donde radica uno de los problemas más significativos, dado el fenómeno de deserción y abandono en ese nivel; esto puede redituar para bien en el universitario o generarle dificultades, porque “hoy por hoy no estamos recibiendo a un número importante de aspirantes”.
 
La doctora Rondero López aseveró al respecto que es “imposible hablar de universalización”, porque “tendríamos que duplicar el número de instituciones de un sistema que tiene más de dos mil”.
 
Casas de estudio como la UAM tienen cierto margen para incrementar su matrícula, pero “tendríamos que empezar por decir cuáles son los requerimientos para que nosotros como institución de educación pública podamos comprometernos a abrir una cantidad de lugares, que sea manejable y sin poner en riesgo las condiciones que garantizan la calidad de la enseñanza en términos de planta académica, infraestructura y personal de apoyo, entre otros elementos”.
 
La investigadora consideró que es necesario hacer estudios de cálculo más profundos acerca de lo que una iniciativa como ésta puede representar para las escuelas en los niveles estatal y federal. Efectivamente “tenemos que crecer, porque no es congruente para un país que se quiere desarrollar mantener niveles de 37 por ciento de cobertura, pero no podemos hablar de universalizar”.
 
Para ello se necesita una política educativa bien armada, con diagnósticos claros por universidad para ver cuáles son las capacidades de cada una de ellas para abrir nuevos lugares y, por supuesto, establecer con qué financiamiento se llevaría a cabo, pues si no se incrementa el porcentaje del PIB para educación superior ni el que se destina a ciencia y tecnología, no se puede decir “ábranse más lugares”.
 
Respecto del momento que vive la Universidad Nacional Autónoma de México a raíz de la violencia que sufrieron estudiantes del CCH Azcapotzalco en Ciudad Universitaria señaló que las demandas de los alumnos como asignar docentes a todos los cursos “son obvias”, pues es el trabajo de la institución, en este caso del Colegio.
 
Sobre la existencia de grupos porriles o de choque en la universidad, la académica comentó que se han escrito notas y columnas periodísticas que refieren que hay intereses políticos, pero “nadie está inventando el hilo negro y es muy grave que se mantenga este tipo de grupos en las escuelas y facultades de la UNAM”.
 
La investigadora consideró positivo que su rector aceptara y firmara el pliego petitorio de los alumnos, sobre todo en términos de hacer las indagaciones, establecer los expedientes específicos y señalar a los agresores.  “Esperamos que al haber aceptado el Rector las demandas estudiantiles y ofrecer atender todas las del CCH Azcapotzalco, se restablezcan y normalicen las actividades académicas en todos los planteles universitarios”, concluyó.