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Número 620

2 de diciembre de 2020

LA SCJN, IMPEDIDA PARA MODIFICAR PREGUNTA FORMULADA PARA CONSULTA POPULAR 

*La función del máximo órgano judicial es resolver la constitucionalidad de la materia de dicho ejercicio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede modificar la pregunta que se formulará en la consulta popular para determinar si hay o no acuerdo en que se juzgue a los ex presidentes, por la presunta comisión de algún delito durante el ejercicio de sus funciones, sostuvo el maestro Elisur Arteaga Nava, académico de derecho constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

El máximo órgano judicial “puede calificar la constitucionalidad o no de la pregunta, en cuyo caso deberá volver al Congreso de la Unión para los efectos de que se convoque a la consulta popular, pero en este caso excedió su competencia”, explicó al participar en el programa UAM, responsabilidad social, que se transmite todos los miércoles a las 12:00 horas, por la radiodifusora de esta casa de estudios.

 

Lo cierto es que no está en sus funciones cambiar el contenido y desde luego estaba de por medio el derecho humano y la prerrogativa de que el Ministerio Público actúe de manera independiente e imparcial en el ejercicio de sus facultades para investigar y perseguir delitos.

 

“Desde mi punto de vista se está violando también el Artículo 102 de la Constitución, por cuanto este precepto señala que la Fiscalía General de la República debe actuar con autonomía”, que también ha sido afectada, desde el momento en que su actuación está sujeta al resultado de una consulta popular, precisó el profesor del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco.

 

En opinión de Arteaga Nava hay una doble transgresión: a los derechos humanos y a la autonomía de la Fiscalía, aun cuando personas versadas y con autoridad piensan diferente.

 

El maestro Sergio Olvera Rangel, académico de la Escuela Libre de Derecho, coincidió en que el tribunal constitucional supremo incumplió el procedimiento establecido, pues la consulta tiene como fundamento el Artículo 35, fracción VIII, según el cual puede ser planteada por el Congreso de la Unión a petición del presidente mexicano, con la aprobación de 33 por ciento de la Cámara de Diputados, igual porcentaje del Senado y dos por ciento de los ciudadanos registrados.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) también interviene en verificar si se promovió la petición para que se cumpla el porcentaje de la lista nominal correspondiente; después de emitir la convocatoria difunde el ejercicio y se encarga celebrar la consulta popular.

 

El procedimiento para corroborar la constitucionalidad por parte de la SCJN está previsto en los artículos 26 y 27 de la Ley Federal de Consulta Popular, por lo que una vez que determina la validez analiza la pregunta; “obviamente dentro de la petición debe estar contenida la materia de la consulta y una propuesta de pregunta”, la cual no debe ser tendenciosa ni contener juicios de valor, además de estar expresada en lenguaje sencillo, neutro y comprensible que determine una respuesta afirmativa o negativa.

 

En este caso, la Corte no cumplió con el procedimiento, ya que violó sus competencias al dotar de constitucionalidad una materia que no tenía ese carácter e incurrió en una irregularidad, al modificar la materia sometida a su revisión.

 

De las múltiples declaraciones del titular del Poder Ejercutivo y de la presentación de motivos de la petición, se desprende que el objeto es investigar y sancionar la presunta comisión de delitos de determinados ex presidentes, pero “la nueva materia impuesta por la SCJN es esclarecer las decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas”.

 

Algunos ministros expresaron la intención de votar en favor de la constitucionalidad, siempre que se cambiara la pregunta, con lo cual trataron de vetar de constitucionalidad la materia “y es por ello que considero que al modificar la materia, la Corte está excediendo o excedió su competencia”.

 

La maestra Ireri García Ramos, directora del Registro de Precedentes de la SCJN, mencionó que hay varias interpretaciones a las nuevas facultades democráticas del Poder Judicial federal y atendiendo el mandato de garantizar el acceso a toda la población a la discusión determinó cuál era la materia constitucional del planteamiento que hizo el primer mandatario.

 

“El papel del Poder Judicial se ha venido entendiendo como la interpretación de la ley, la voz de la ley, pero ya no funciona esa visión, sino que se puede comprender la función de los órganos de la ley para lograr objetivos sociales bien definidos, que en este caso sería la participación en la práctica deliberativa de la sociedad para la toma de decisiones”.

 

Ahora hay un reclamo social que necesita ser escuchado “y lo que hizo la Corte fue retomar la solicitud de consulta que hizo presidencia –los elementos que consideraron constitucionales– y dar una actividad a esa democracia deliberativa a partir de la consulta popular”, concluyó.

 

Con el tema: La consulta popular, un ejercicio deliberativo, la emisión de UAM Radio 94.1 contó con la participación del maestro Jorge Alberto Tapia Loyo, profesor invitado del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco, como moderador, y con Carlos Urbano Gámiz en la conducción.

 

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