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Número 604

24 de noviembre de 2020

LA POLÍTICA DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL ES ACERTADA

*Así opinaron expertos participantes en coloquio sobre desarrollo y políticas públicas organizado

por la UAM

Aun con las críticas a los proyectos de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya, la política de inversión pública desplegada por el gobierno federal de México es acertada y requiere un impulso rápido, en el contexto de emergencia por la pandemia del COVID-19 por el que atraviesa el país, señaló la doctora Guadalupe Huerta Moreno, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

 

Durante el Coloquio: Desarrollo y políticas públicas en México, organizado por el Departamento de Administración de la Unidad Iztapalapa de esta casa de estudios, la académica sostuvo que la estrategia debe estar orientada a las actividades de infraestructura que favorezcan las cadenas productivas en los niveles local, regional y territorial.

 

Esto demanda un plan con dos brazos: uno financiero, que puede ser la banca de desarrollo, y otro de inversión “que permita ir articulando los diferentes segmentos y reducir la heterogeneidad estructural existente, tanto en la industria como en la agricultura”. 

 

Otro elemento prioritario contra la contingencia es que el Presupuesto de Ingresos de la federación aplique un incremente de 9.2 por ciento en el rubro de la salud, ya que se venía de una situación de caída en ese sector, que si bien no es provechoso en el ámbito privado, sí es de una alta rentabilidad social. 

 

Esto es determinante, “no por las afectaciones que hay en México, sino porque el mundo nos está mostrando que todas las reducciones en el ramo se convierten en un coste impresionante para las economías sociales”, dijo la investigadora de la Unidad Azcapotzalco en la mesa Análisis y evaluación de la política gubernamental a dos años del gobierno actual.

 

Los programas oficiales, entre ellos los destinados a Adultos Mayores y Jóvenes construyendo el futuro deben mantenerse, porque ante las condiciones de precariedad por las que pasan millones de mexicanos es fundamental apoyar el consumo social de grupos precarizados laboralmente, reactivar el mercado interno y conservar la demanda.

 

Sobre Las políticas públicas en salud en la OCDE en la crisis de COVID-19 hasta octubre de 2020, el doctor Raúl Molina Salazar, investigador del Departamento de Economía de la misma sede de la UAM, sostuvo que las altas tasas de contagio y letalidad de la enfermedad han provocado un caos que a su vez genera problemas de gobernanza y gobernabilidad en los sistemas sanitarios, derivando en políticas confusas, colapso de mercados, shocks de oferta, demandas financieras y estallidos sociales potenciales.

 

Por la falta de una vacuna, la actividad médica no farmacéutica requiere dos estrategias: la mitigación para disminuir la propagación del contagio y una atención médica que salvaguarde a los más propensos, por un lado, y la supresión para revertir el crecimiento del número de casos, por otro; ambas implementadas con intervención no médica: rastreo de personas, aislamiento y cierre de escuelas, entre otras medidas. 

 

La política pública federal incorpora muy pocas pruebas y escaso rastreo, pero en la Ciudad de México, cuando la epidemia comenzó a extenderse empezaron a hacerse seguimientos y aun cuando no está totalmente controlada, la han mitigado, igual que en otros estados. 

 

Entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene la mayor tasa de letalidad, porque no hay pruebas y “porque el manejo que se ha hecho de la pandemia nos ha puesto en una situación desventajosa, pues no existe un control adecuado de la población y por eso tenemos números espantosos”.

 

El país hace el menor número de pruebas por millón de habitantes y “la gran diferencia con las naciones de la OCDE” es que tiene el mayor índice de tasa de muertes, con 39.2 por ciento, seguido de Italia, con 36.6 por ciento, y de Gran Bretaña, con 26.4 por ciento.

 

México es un caso atípico, en comparación a los europeos, ya que “por no tener una mejor estrategia propositiva se está muriendo más gente y los hospitales no están llenos porque no los aceptan”.

 

El doctor Guillermo Martínez Atilano, docente del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, señaló como elemento relevante de la nueva reforma a las pensiones el incremento en la aportación para el retiro de 6.5 a 15 por ciento del salario, sin que las remuneraciones de los trabajadores se vean afectadas, ya que estará a cargo del patrón. La ampliación se realizará en forma gradual entre 2023 y 2030, mientras que la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor también en 2023.

 

Sin embargo advirtió que todos los cambios a dicho sistema desde 1997, “de alguna u otra manera han tomado del presupuesto federal y comparto mi preocupación”, porque la asignación a las pensiones supera ya el billón de pesos, lo que representa cerca de la quinta parte de los fondos anuales del gobierno. 

 

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