Un estudio realizado a expedientes de sujetos privados de su libertad en 22 prisiones del Estado de México, demostró que los diagnósticos y tratamientos psicológicos que forman parte de los derechos de los internos, pasó a ser un trámite burocrático y desvalorado que omite el derecho a una terapia digna en pro de la reinserción social.

Según el artículo Los factores psicosociales en el proceso de tratamiento para la readaptación social en las prisiones del Estado de México, del doctor en Sociología José Luis Cisneros, publicado en la revista El Cotidiano # 200 (1984-2016), noviembre-diciembre 2016, el Estado despliega la violencia institucional mediante el encierro y la venganza social, sin un proceso legítimo de valoración psicológica de los infractores.

El académico de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana refiere los tratamientos de readaptación como una serie de pruebas psicométricas, test proyectivos y test psicodinámicos, cuyos resultados arrojan los elementos anómalos de un interno para brindarle ayuda en su proceso de reinserción.

Sin embargo, la falta parámetros homogéneos de clasificación y evaluación, permite un amplio margen de manipulación y juicios personales carentes de opinión profesional, vulnerando a los internos a tratamientos diseñados por abogados o servidores sociales que son quienes comúnmente ocupan los cargos de psicólogos dentro de las penitenciarias.

Entre los datos más relevantes figuran los diagnósticos clínicos más comunes: labilidad emocional –cambios bruscos en el estado de ánimo–, conducta antisocial y trastornos pasivo-agresivos y de personalidad, los cuales apuntan a dos causales: el estrés permanente y la dificultad que tienen para expresar sus emociones en un ambiente donde la violencia impera.

Los tratamientos –en teoría diseñados individualmente– se clasifican en tres principales grupos: terapia racional emotiva, psicoterapia cognitivo-conductual y psicoterapia conductual; ejecutarlas a cabalidad es imposible pues cada uno de los internos está sujeto a redes de poder dentro de un espacio diseñado para el castigo y la sumisión, y en el que la terapia se vuelve irrelevante.

Las visitas familiares y de cónyuges no sólo son un derecho sino parte de la terapia, en este sentido 85 por ciento de los hombres recibe a familiares, de los cuales 21 por ciento son visitas conyugales, mientras las mujeres sufren un abandono casi absoluto, ya que sólo uno por ciento recibe a familiares y de ahí 0.08 por ciento es de su cónyuge, mientras 12 por ciento de la población total no recibe ningún tipo de visita.

La incontinencia sexual también conduce a otro tipo de atropellos, como la permisibilidad de prostitutas, el uso creciente de la masturbación y la homosexualidad, que termina en excesos como masturbaciones colectivas y enfermedades de transmisión sexual como VIH y enfermedades venéreas.

El doctor José Luis Cisneros considera que la peligrosidad es entendida como una actitud, acción o hecho en perjuicio de los demás y es a partir de ahí que se establece una escala o grado de peligrosidad, correspondiendo 11.2 por ciento a los internos altamente peligrosos, 52 por ciento a los de escala media y el restante 36.1 por ciento al de normalidad.

Los tratamientos de reinserción se planean con base en el grado de peligrosidad, grado de escolaridad, edad, sexo, origen y delito cometido, apuntó el académico del Departamento de Relaciones Sociales.

Es preocupante el grado de incertidumbre y los discursos en favor del castigo, por lo que se vuelve necesario prestar mayor atención al grado de peligrosidad con respecto a la enfermedad mental, pues podría ser ésta la clave para un tratamiento adecuado y personalizado.

El investigador asegura también que parte de la solución está en dejar de creer en la domesticación y corrección para sustituir el modelo de castigo por el de una mayor humanización, la disminución de penas y la reparación del daño.