La reforma energética se instrumentó para satisfacer y garantizar los intereses en hidrocarburos –petróleo y gas– de Estados Unidos, no los nacionales, dijo el maestro Walter Butze Aguilar, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La alianza estratégica comercial –Estados Unidos, Canadá y México– es también un mecanismo para afrontar a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en un mercado de ese recurso que seguirá, hasta finales del presente siglo, como el energético fundamental para el desarrollo.

El académico del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco expuso que las reformas actuales resumen un proceso de años de una política de despojo para propiciar la quiebra de la paraestatal y justificar su privatización.

“México no requería de una reforma con un cambio institucional de tal magnitud, en el que cedieran los derechos indiscriminadamente a las empresas; esto se refleja en la Ley de Hidrocarburos, sobre todo en lo referente a los contratos y la forma de la tenencia de la tierra que viola derechos fundamentales”, sostuvo.

Además la reforma no incidirá significativamente en el crecimiento económico, por la carencia “de un proyecto que indique cómo deberá incurrir la industria petrolera en el desarrollo económico, no hay una política clara sobre energía”, pero sí generará incremento de impuestos para los ciudadanos.

En la ponencia El cambio institucional energético en México, presentada en el Coloquio ¿Hacia una economía sin crecimiento?, realizado en la Unidad Azcapotzalco, Butze Aguilar descalificó los argumentos que justificaron la reforma energética porque “Pemex era una empresa eficiente, productiva y rentable que mantuvo márgenes de producción estables en comparación con las demás empresas internacionales”.

Pero fue sometida a la carga fiscal más alta del mundo para una compañía del ramo, gravada con 111.7 de ciento de sus ingresos, cuando el promedio para las empresas petroleras es de poco más de 40 por ciento, y para cumplir debía endeudarse.

“Cómo no iba ser una empresa con pérdidas si le quitaban más de lo que ganaba, así cualquiera va a la quiebra. No tenía capacidad de reinversión ni para el desarrollo de nuevos proyectos”, puntualizó.

El especialista en derecho ambiental recordó que con la reforma institucional energética se modificaron y adicionaron diversas disposiciones constitucionales con cambios a los artículos 25, 27 y 28.

Además, por medio de las Leyes Secundarias se crearon nuevas leyes –de Hidrocarburos, de la Industria Eléctrica, de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad–, y se reformaron otras –de inversión extranjera, Minera, de Asociación Público Privada, de Aguas Nacionales, entre otras–.

“La Ley de Hidrocarburos es la más importante ya que definió los cambios más drásticos y de mayor relevancia, al suprimir el carácter estratégico y declararlos de interés público y social, por lo que tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo”, añadió.

Esta Ley, aseveró, profundiza la vulnerabilidad de la propiedad pública, social y privada, permitiendo la expropiación de las tierras o su ocupación temporal para el establecimiento de negocios privados.

El maestro Butze Aguilar expuso que el propósito de Estados Unidos es garantizar para su economía las reservas de América Latina, por lo que existe una campaña de desestabilización política y económica contra Venezuela, nación miembro de la OPEP que posee las reservas más grandes del mundo.

La OPEP concentra 81 por ciento de las reservas petroleras (1,213.4 billones de barriles), en comparación con el resto de las naciones que acumula 19 por ciento (279.2 billones de barriles); México ocupa el sitio 18, Canadá y Estados Unidos, el tercero y el noveno, respectivamente.