El ruido –un problema de salud pública cuya solución demanda la participación de la comunidad, la academia y las autoridades– es el segundo delito medioambiental con más denuncias ciudadanas desde hace 13 años ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México.

Los ponentes de la Mesa redonda Consideraciones acerca del ruido ambiental y la salud en la Ciudad de México, del Seminario Internacional Ruido Ambiental y Salud en la Ciudad, realizado en la Casa Rafael Galván, centro de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), coincidieron en afirmar que la aplicación de la normatividad es reactiva a las denuncias y no es parte de una estrategia de prevención del riesgo en la población.

Por ello, afirmaron, es necesario implementar políticas de Estado destinadas a solucionar la problemática económica y de salud pública generada por el ruido ambiental, mediante el mejoramiento de la calidad de vida de los espacios urbanos, habitacionales, educativos, laborales y recreativos, entre otros.

El doctor Fausto Rodríguez Manzo expuso que el ruido ambiental es un problema de salud pública que amenaza seriamente a la población y puede causar desde enfermedades auditivas hasta afecciones cardiacas, pasando por molestias que implican la perturbación del sueño y el estrés, como resultado del ruido generado por automóviles, vehículos pesados, aviones, las industrias y la construcción, entre otros.

El profesor-investigador del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización en la Unidad Azcapotzalco mencionó que “la Organización Mundial de la Salud ha difundido evidencia suficiente para considerar a la contaminación acústica como un problema grave de salud pública y ha emitido alertas a nivel internacional que en países como México aún no hacen el eco necesario”.

De hecho “podría llegar a considerarse, en algún momento, como el contaminante más peligroso, porque la zona metropolitana del Valle de México con sus más de 20 millones de habitantes, sus más de cinco millones de vehículos registrados y potencialmente en circulación, los muchos miles de kilómetros en vialidades y la cantidad incontable de actividades que se realizan cotidianamente y que generan sonido, la hace presa fácil del fenómeno del ruido ambiental, afectando a todos”.

El doctor en Psicología Cesáreo Estrada Rodríguez señaló que en el caso de los escenarios educativos el impacto es acentuado por la falta de planeación urbana en la ubicación física de las escuelas, algunas situadas en vías primarias, otras cerca del aeropuerto o rodeadas de actividades comerciales, entre otras condiciones urbanas.

El académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en problemas de ruido ambiental en hospitales y escuelas consideró que el efecto de mayor preocupación por el ruido en las escuelas “es el relacionado con el rendimiento académico de los estudiantes, que impacta en los procesos cognitivos y emocionales en esta relación de ruido-desempeño escolar”.

Estrada Rodríguez recordó que un estudio reciente sobre el ruido y el cerebro (Noise and the Brain, 2014) documenta que para entender el habla en situaciones de ruido, el cerebro tiene que sobreactivarse movilizando diversas partes, aunado a que al no aprovechar al máximo la información auditiva se crea un déficit en el desarrollo cognitivo y es necesario un periodo más largo de aprendizaje.

Por tanto, escuchar en condiciones de ruido puede afectar el grado de aprendizaje y los recursos cognitivos disponibles para rendir en el nivel esperado.

Una explicación probable desde la neurociencia es que la palabra o discurso y el ruido ambiental actúan en el plano temporal y en el surco temporal superior del hemisferio izquierdo. Los mayores efectos por la acústica en los salones de clase lo resienten los niños pequeños.

En su opinión las acciones más viables para este problema serían: aplicar pruebas de detección escolar, como ya se hace con el Índice de Masa Corporal (IMC) para el problema de obesidad infantil; realizar un monitoreo permanente y en tiempo real; sensibilizar a la opinión pública y generar en la multidisciplina una visión sistémica del problema del ruido ambiental y su impacto en las personas.

La doctora en Contaminación y Salud Ambiental Martha G. Orozco Medina, docente de la Universidad de Guadalajara, planteó que el ruido no sólo es un problema de salud pública, sino también ambiental, debido a que se genera en los complejos ecosistemas de las ciudades, incidiendo directamente en los seres humanos, las especies vegetales y animales.

Al ser una forma de energía, “éste debería ser recapitalizada, determinándole un valor y costos económicos en salud pública, personal, ambiental y comunitaria para buscarle una aplicación como fuente productiva”.

El doctor en Ingeniería Acústica Antonio Andrés Marzzano Ríos, profesor de las Universidades Tecnológica de Chile y Pontificia Católica de Chile, expresó que la contaminación acústica se produce porque las ciudades no se planifican, ni crecen con una visión holística.

“La política sobre el tema, en Chile, se concentra en controlar las fuentes de emisión y mejorar la calidad acústica de los entornos, proveer de mecanismos de protección, así como de información y educación para evitar la exposición al ruido. Se trabaja desde los sistemas de eficiencia en el transporte, la movilidad y la industria, entre otros”.

En ese sentido “los esfuerzos administrativos y económicos deben aplicarse como política de Estado y no de gobiernos en turno, ya que son tareas a largo plazo”, añadió el también Jefe de la Unidad Acústica Ambiental de la Secretaría Regional del Ministerios de Salud de Chile.

La arquitecta Jimena de Gortari Ludlow, académica del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, aseveró que el ruido no discrimina, afecta la salud y es generado por todos.

“Es un mal silencioso cuyos efectos no se conocen a corto y largo plazos, en un entorno nacional en el que se carece de estadísticas que determinen los grupos y cómo son afectados, además de los costos en salud pública, para impulsar políticas públicas”.