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Número 464
10 de septiembre de 2020

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON SUJETOS TITULARES DE DERECHO

*Deben reclamar una educación inclusiva, afirmaron especialistas en webinario sobre el tema 

 

*Los Foros virtuales Problemas Metropolitanos, acciones para su atención son organizados por UAM

y CRAM-ANUIES  


 

Más allá de estar sujetas a las acciones asistencialistas de las universidades, las personas con discapacidad que forman parte de estas comunidades requieren interpelar a las instituciones para hacer valer sus derechos “y no dejar a nadie atrás”, coincidieron los participantes en los Foros virtuales: Problemas Metropolitanos, acciones para su atención.

  

La maestra Camerina Ahideé Robles Cuéllar subrayó que en el plano internacional son reconocidos como ciudadanos titulares de derechos y educación inclusiva de calidad y equitativa que asegure el conocimiento, el ejercicio y el goce pleno de jurisdicciones, con fundamento en la dignidad humana, la no discriminación y la igualdad.

 

La observación general de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho universal a la educación inclusiva señala cuatro características: disponibilidad, que implica contar con suficientes plazas en los centros de enseñanza para los jóvenes en esta condición; accesibilidad, una atribución desde una perspectiva del diseño universal en el aprendizaje. 

 

Aceptabilidad, que involucra la obligación de que los bienes, las instalaciones y los servicios relacionados con la enseñanza deben delinearse a partir de las necesidades y el respeto a sus opiniones, y adaptabilidad, con un enfoque del diseño universal en el aprendizaje que considere la singularidad en cada ser humano, indicó la coordinadora de Gestión y Alianzas del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad. 

 

En el webinario –convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)– la doctora Amalia Gamio Ríos sostuvo que antes de la convención en la materia eran objeto de ayudas sociales y ahora son sujetos titulares de derecho, por lo que deben reclamar una enseñanza inclusiva desde el jardín de niños hasta el nivel superior.

 

Sin embargo, “eso no ha sido bien comprendido por los Estados” firmantes del instrumento y hay muchas excusas para su incumplimiento, por lo que persisten “enormes brechas en la educación inclusiva”, dijo la experta independiente en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

Para no dejar a nadie atrás, organismos humanitarios, instancias formativas y universidades “tenemos que cambiar las estrategias, buscando nuevos aliados para retomar con más seriedad la aplicación efectiva de la convención”, pero en esos esfuerzos “es necesario asumir que estas personas deben ser el sujeto político a quien van dirigidos los derechos humanos y deben ir de la inclusión a la interpelación; que se vuelvan interpeladoras implica tomar las instituciones, es decir, irrumpir en la vida social sin pedir perdón ni permiso”, afirmó Gamio Ríos.

 

La doctora Alicia Angélica López Campos y el maestro Manuel Jiménez García, académicos de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma de Quintana Roo, en cada caso, señalaron que persisten prejuicios, estereotipos y barreras hacia las personas con discapacidad, pese a instrumentos legales, incluidos varios artículos de la Constitución mexicana. 

 

Los derechos humanos han sido olvidados y en el sistema de enseñanza superior las desigualdades se acentúan, pues al no ser una población mayoritaria, tampoco recibe atención suficiente, por lo que es preciso generar acciones para que en lugar de ser pasivos interpelen y superen el modelo asistencialista en el sector, un objetivo que sólo se alcanzará mediante la consolidación de redes interinstitucionales, el intercambio de experiencias y el cumplimiento de las garantías. 

 

La maestra Hilda Laura Vázquez Villanueva, asesora externa del Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, refirió que uno de los retos que ese segmento social ha enfrentado a partir de la pandemia del COVID-19 es atender clases a distancia. 

 

Si bien los dispositivos tecnológicos mejoran la autonomía y la calidad de vida, difícilmente este sector puede considerarse en condiciones de equidad para beneficiarse de dichas herramientas. Las instituciones educativas del país a veces ni siquiera tienen acceso a una buena conectividad ni la disponibilidad de contenidos que aporten ni mucho menos se consideran las necesidades –aunque el Estado esté obligado– de estos individuos. 

 

En el webinario Derechos humanos y accesibilidad en educación superior también participaron las doctoras Celia Facio Salazar, docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y Dulce María García Lizárraga, investigadora del Departamento de Métodos y Sistemas de la UAM, quienes hablaron de Arquitectura y diseño incluyente y de las experiencias de accesibilidad en la Unidad Xochimilco de la UAM, respectivamente.