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Número 453
28 de junio de 2018

LA INTERNACIONALIZACIÓN ENDÓGENA DE LAS UNIVERSIDADES,

UNA META DIFÍCIL DE ALCANZAR

*Esa condición no forma parte de los componentes que orientan las políticas públicas
 

 

En México las universidades difícilmente podrán impulsar iniciativas para la internacionalización endógena, ya que ni siquiera son conocidos los aspectos básicos y elementales en cuanto a datos estadísticos, normatividad y estructura de las escuelas que comprenden este fenómeno, advirtió hoy el doctor Alejandro Canales Sánchez, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y director de la revista Perfiles educativos.
 
Desde 2000 ha podido verse el crecimiento del proceso de internacionalización en su expresión más conocida, que es la movilidad estudiantil y académica, pero no existen todavía cifras precisas al respecto, aun cuando instituciones federales manejan ya estadísticas sobre el intercambio, es decir, cuántos alumnos salen o ingresan.
 
Durante su participación en el Foro Hacia una internacionalización endógena de la educación superior: los temas de la agenda, celebrado en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el investigador dijo que incluso hay centros de estudio –UNAM, UAM e IPN– que poseen información sistematizada de la última década, pero “sería muy importante contar con datos confiables en los niveles institucional, federal y regional para comenzar a pensar qué podemos hacer con la internacionalización endógena y planear”.
 
La normatividad en relación con la internacionalización es otro aspecto relevante, porque “no deja de ser sorprendente la cantidad de modificaciones en cuanto a las normas que regulan este país, pero curiosamente el fenómeno de la internacionalización no ha llegado a las leyes secundarias, ya que si se revisan las leyes General de Educación y de Ciencia y Tecnología, el tema de la internacionalización no está considerado como uno de los componentes que podría orientar las políticas públicas.
 
Por ello resulta necesario contar con un cuerpo normativo en el que se considere la internacionalización para poder pensar en su carácter endógeno, al respecto expuso como ejemplo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución donde el fenómeno ha sido mucho más intenso en los últimos 15 años.
 
Desde los años cuarenta del siglo pasado en la UNAM empezaron a tener expresión los programas de intercambio e instalación de sedes de extensión universitaria y actualmente tiene presencia en 13 países.
 
La anterior ha sido una manera de extenderse, pero la universidad también ha mudado hacia el interior para atender este fenómeno, como ocurrió en la mayor parte de las instituciones, el departamento que se encargaba de estos asuntos era el de becas, porque era la parte más visible de la movilidad, ahora es una coordinación de relaciones y asuntos internacionales que trata de organizar esas diferentes sedes que tiene la universidad y se encarga de temas de movilidad y de la firma de convenios internacionales.
 
La maestra Yolanda Legorreta Carranza, directora general de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), señaló que uno de los problemas relevantes de la internacionalización es la falta de un sistema de reconocimiento de créditos y grados académicos.
 
“Hay muchos ordenamientos que tienen que ver con el tema y pareciera que es automática su aplicación, pero es un asunto sobre el cual no se ha podido llegar a un acuerdo”.
 
El derecho universitario no se ha establecido como una rama autónoma, “pero realmente existe” y muchas instituciones en México cuentan con sus órdenes jurídicas y algunas tienen una reglamentación excesiva y no debe ser, porque existe la ley orgánica o acta constitutiva que da la creación a una universidad o las políticas institucionales que son las grandes orientaciones que marcan el rumbo que deben seguir las casas de estudio.
 
Las instituciones deben formular un diagnóstico “de lo que tienen en legislación, si existen ausencias, excesos, ineficacia en ella” e identificar qué es lo que tiene que ser una política o un acuerdo, además deben “aligerar sus reglamentos, porque la parte de educación superior está muy diluida en la Ley General de Educación”.
 
El doctor Rodrigo Serrano Vásquez, abogado general de la UAM, señaló que una característica del derecho a la educación es que contiene una prerrogativa fundamental oponible en derecho al Estado y sus autoridades para que cumplan con las obligaciones nacional e internacional de establecer las condiciones para que se ejerza y desarrollen con pleno respeto a las personas y sin distinción de nacionalidad, por ser un valor social y cultural que no debe verse limitado por frontera de tipo alguno.
 
Como es un derecho que está en permanente evolución, las normas secundarias que lo regulan deben ocuparse de garantizar su eficacia y la de los procedimientos para desarrollarlos.
 
Las universidades, sobre todo las autónomas, tienen la atribución de autogobernarse y pueden establecer condiciones para dar una mejor visión y vialidad al derecho humano a la educación.