Número 448

14 de septiembre de 2021

NECESARIO, UN EJERCICIO MULTIDISCIPLINARIO SOBRE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizar el balance de la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en específico, sobre su política de enseñanza superior requiere de un ejercicio multidisciplinario que proponga distintas perspectivas para abordar temas tan complejos como la reforma al artículo tercero constitucional, la nueva Ley General de Educación Superior y el financiamiento público, señaló el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

Al inaugurar el conversatorio Balance de la primera mitad del gobierno de AMLO. Análisis y perspectivas, en el marco de los Foros Ciencias Sociales y Humanidades UAM, indicó que todos estos temas tienen implicaciones muy importantes para las universidades públicas y en particular para las autónomas y para amplios sectores sociales, por lo que desde luego, merecen ser discutidas desde la academia.

 

En el ámbito de equidad, inclusión y cobertura que plantea la actual política de educación superior es necesario apuntar que esto se lleva a cabo en un escenario de restricción presupuestal, lo que necesariamente ejerce presión sobre la gestión, la calidad y la pertinencia de los planes y programas de estudio, de los proyectos académicos y, por ende, sobe la autonomía universitaria misma.

 

En la esencia de la autonomía, el que el Estado provea de presupuesto suficiente a la universidad es garantía de que se respete dicho precepto, por lo que confió en que las consideraciones planteadas en el foro abonarán a una discusión nacional y serán dignas de ser atendidas por quienes toman las decisiones en la formulación e implementación de la política pública.

 

La emergencia sanitaria que lamentablemente persiste “nos obliga a las personas y a las universidades a repensarnos como colectividad para reenfocar la nueva realidad y, en el caso de la Casa abierta al tiempo, esto ha implicado generar y favorecer espacios de discusión serios, incluyentes y propositivos que abonen a la formación de una conciencia crítica”, por lo que hizo un llamado a los académicos de las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades de las cinco unidades de la UAM a sumarse a esta propuesta que cuenta con todo el respaldo institucional.

 

Al participar en el Foro Educación Superior  con el tema El proyecto de educación superior del actual gobierno: desarrollo, repercusiones y posibilidades, el doctor Luciano Concheiro Bórquez expuso que en este momento más que de una reforma “somos protagonistas de una transformación pedagógica sustentada en una profunda modificación constitucional detonadora de cambios cualitativos al marco jurídico institucional, con el propósito de fortalecer tanto la rectoría del Estado, como la reorganización de los fundamentos del sistema de enseñanza para dar genuina prioridad al cumplimiento del derecho humano a la educación”.

 

Pero quizá lo más importante es que se construyó una legislación instituyente, esto es, que integra políticas de acción y a los sujetos de las mismas; así “la transformación de la enseñanza en México se inserta no sólo en un cambio de gobierno, sino que forma parte de un conjunto de procesos en marcha asociados a un cambio de régimen, a una coyuntura fundante”, apuntó el subsecretario de Educación Superior.

 

Luego de tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es necesario y pertinente hacer un balance de la política de la enseñanza superior: en el primer trienio se elaboró y ejecutó el Programa sectorial de educación 2019 y 2020, entre cuyos principales resultados destaca que la matrícula total a nivel superior (licenciatura y posgrado) aumentó en 277 mil 806 estudiantes; en las escuelas normales, 27.6 por ciento; en las integrantes del sistema de la Universidad Pedagógica Nacional, 29.7 por ciento y la universidad a distancia y abierta del país se incrementó en 40.6 por ciento.

 

La tasa de cobertura pasó de 39.7 por ciento en el ciclo 2018-2019 a 42 por ciento en el de 2020-2021 a pesar de la pandemia. Además las becas para que los estudiantes sigan en las instituciones públicas aumentaron de 265 mil 980 en el ciclo 2018- 2019, a 805 mil 179 con los programas de becas Elisa Acuña.

 

Pese al entorno económico nacional y mundial, en el periodo se logró mantener el valor monetario real del presupuesto total para las escuelas públicas de educación superior, que para 2021 asciende a 176 mil 988 millones de pesos.

 

Con lo anterior, en los tres primeros años de la administración y en el contexto de la crisis sanitaria, la mayor prioridad en el ámbito de la enseñanza superior ha sido no sólo mantener la operación de las instituciones, sino incrementar las oportunidades de acceso para las y los jóvenes que solicitan ingresar a éstas, como también preservar los apoyos económicos para que continúen y culminen exitosamente sus estudios.

 

Concheiro Bórquez reconoció que los avances mencionados se dan en un marco donde “no hemos logrado romper la geografía de las desigualdades, es decir, avanzar en la oferta educativa, pues aun cuando existen condiciones para el aumento en la matrícula y “hoy contamos con un fuerte empujón para la gratuidad en el presupuesto”, se sigue dejando fuera a los deciles de estudiantes menos favorecidos y esto acentúa las grandes diferencias entre el sur sureste y el resto del país.

 

Además encomió la respuesta de las instituciones de educación superior para enfrentar la pandemia de COVID-19, la cual fue ejemplar al desplegarse mediante múltiples acciones.  

 

En relación con la instrumentación de la Ley General de Educación –publicada el 20 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación–, dijo que a partir de ese momento el reto para autoridades, instituciones y comunidades académicas ha consistido en sumar voluntades para instrumentar obligaciones y compromisos que hagan realidad las enormes oportunidades de transformación.

 

Para avanzar en una convergencia de esfuerzos es preciso, entre otras acciones, contar con un plan de armonización de la legislación federal con las normas estatales de manera que guarden correspondencia y convocar a los actores a participar en las acciones legales que ya permiten operar el Consejo para la Coordinación de la Educación, donde la UAM es un integrante permanente en la figura de su rector general. Esto permitirá además avanzar en la construcción en un sistema nacional de enseñanza superior.

 

Durante la primera mesa de análisis el doctor Adrián de Garay Sánchez, profesor del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco, sostuvo que de acuerdo con los datos oficiales la cobertura ha llegado a 42 por ciento y se pretende llegar a 50 por ciento en 2024, pero “sabemos que hay entidades que están debajo de esa proporción, por lo que el esfuerzo tendría que ser mayor en casos de entidades cuya cobertura no llega ni a 30 por ciento”.

 

El investigador advirtió que según el plan sectorial el cumplimiento de la meta al 2024 estaría sujeto a la disponibilidad presupuestal y se señala que por cada punto porcentual que aumente la cobertura se requieren más recursos en infraestructura y pago de servicios personales.

 

Aunque se sugiere que habrá apoyos para la ampliación de esta cobertura a la fecha no se ha anunciado ningún fondo ex profeso y “de hecho en el presupuesto 2021 no se destinó un centavo al programa de expansión de la matrícula que en 2020 tuvo 35 millones de pesos”.

 

En la mesa participó también el doctor José Antonio Ramírez Díaz, académico del Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara, y en la inauguración estuvieron también los doctores Manuel Canto Chac, Gabriel Pérez Pérez y Javier Rodríguez Lagunas, investigadores de los departamentos de Política y Cultura, de Ciencias Sociales y de Sociología de las unidades Xochimilco, Cuajimalpa e Iztapalapa, respectivamente.