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Número 420
14 de agosto de 2020

EL GOBIERNO ENTREGA RECURSOS DE PROGRAMAS SOCIALES

DIRECTAMENTE A BENEFICIARIOS

*En administraciones pasadas eran otorgados a intermediarios y difícilmente llegaban a destinatarios

 

*Actualmente opera un cambio significativo en la gestión del Programa de Coinversión Social


 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado un nuevo marco institucional para las políticas sociales en México que marca una sustancial diferencia en la gestión de los recursos respecto de las gestiones de Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, afirmó la doctora Abigail Martínez Mendoza, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

Ahora, los recursos llegan de manera directa y sin mediadores a los beneficiarios, mientras que en administraciones pasadas eran entregados a organizaciones sociales y políticas y en la mayoría de los casos no alcanzaban su objetivo.

 

En la octava sesión del coloquio Las políticas y los programas públicos en el marco del gobierno de la 4T en México. ¿Continuidad o transformación?, organizado por la Unidad Lerma, la investigadora sostuvo que para 2020 el Programa de Coinversión Social (PCS) no tiene un presupuesto asignado, por lo que no se prevé destinar fondos para organizaciones sociales.

 

“Esta decisión puede marcar el fin del PCS como había sido concebido por administraciones neoliberales pues ahora se trata de evitar intermediarios e ir directamente a los ciudadanos”, dijo en su ponencia Adecuaciones de políticas sociales transexenales para armonizar con la 4T: el caso del Programa de Coinversión Social, trabajo de investigación conjunto con el maestro Marco Antonio Morales Gutiérrez.

 

Ahora, el programa 2019-2020 plantea como objetivo general el bienestar de personas que habitan en municipios indígenas y en situación de pobreza a través de proyectos sociales y establece el impulso a la cohesión social, lo que marca una redefinición de actores sociales y del enfoque de ese tipo de proyectos.

 

La académica del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma de la UAM explicó que el PCS del año pasado se adaptó al discurso oficial de dar transferencias directas sin ningún intermediario, llámese organizaciones sociales, instituciones de educación superior o centros de investigación.

 

La actual administración federal desconfía y desacredita a las organizaciones sociales, a la par de que plantea al sujeto como actor social y beneficiario de los programas públicos. 

 

El doctor Alejandro Salmerón Nájera, investigador del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo que a través del PCS en sexenios anteriores asociaciones sociales recibían apoyos por periodos de hasta cinco años.

 

Muchas de ellas se profesionalizaron en la gestión de este tipo de proyectos, pero muchas otras, que no tenían experiencia en la elaboración de proyectos, difícilmente resultaban ganadores para obtener financiamiento y en muchos casos la asignación de recursos se daba al margen de la ley y de las regulaciones establecidas.

 

Los proyectos sometidos a concurso en lo sustancial eran los mismos, “sólo tenían cambios en comas o puntos” y muchos grupos se volvieron generadores de talleres que no representaban un impacto efectivo en la población objetivo.

 

Debido a este esquema anquilosado y caduco, únicamente 18 por ciento de las entidades –algunas tenían gestores o directores que cobraban hasta 50 mil pesos mensuales– recibían recursos para gestionar sus proyectos, por lo cual resulta adecuado el cambio en la forma de asignar y entregar los beneficios al sector más vulnerable de la población.

 

“La presente administración gubernamental pretende desenmascarar las corruptelas de las administraciones anteriores. El programa de coinversión se agotó y ahora se está revaluando para cumplir con la meta de atender a la población más vulnerable”, concluyó.

 

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